La Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que prohíbe identificar con el nombre de represores de la última dictadura a calles y edificios públicos, pero la norma es tan simbólica que excluye a otros personeros dictatoriales como Pedro Eugenio Aramburu o el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, general Juan Carlos Sánchez, que ya tienen su homenaje en algunas escuelas de la provincia -tanto en Rosario como en el norte santafesino- y hasta en una autopista. "Se trata de consolidar en estentóreo el juramento del Nunca más al terrorismo de estado", dijo el autor del proyecto, el diputado socialista Alfredo Cecchi, a quien acompañaron otros legisladores del oficialismo y de la oposición. La media sanción fue votada por unanimidad, por lo que ahora deberá ser tratada por el Senado.

Cecchi presentó su proyecto el 23 de marzo último, acaso con la idea de que la Legislatura sancione la ley al día siguiente como un gesto político ante la sociedad, a treinta años del golpe del 24 de marzo de 1976. Pero la Cámara de Diputados se tomó su tiempo y recién lo trató en su sesión del jueves pasado.

La ley prohíbe identificar "edificios, lugares públicos, establecimientos escolares y personas jurídicas" con el nombre de personas que "hayan estado o estuvieren sometidas a proceso penal por haber tenido participación en acciones de terrorismo de estado a partir del 24 de marzo de 1976, y que a la fecha no hayan sido sobreseídas o absueltas y que tal pronunciamiento se encuentre firme". Por lo tanto, el segundo artículo obliga a los tres poderes del estado a cambiar el nombre de edificios, lugares o entidades que "no se adecuen a la prohibición".

Cecchi dijo que el proyecto "apunta a consolidar en estentóreo el juramento `Nunca más' al terrorismo de estado. Porque si a una escuela pública le ponemos el nombre de un represor, estamos transmitiendo que su vida ha sido un modelo, un ejemplo para la sociedad, lo cual es, con una mirada benevolente, absolutamente inexacto", explicó. El proyecto fue sancionado por unanimidad, incluso con modificaciones de último momento en el propio recinto de la Cámara, a pesar de tener el despacho favorable de las comisiones.

Ahora el trámite legislativo seguirá en el Senado, pero el debate ya está abierto: ¿La ley permitirá cambiar los nombres de Aramburu o Sánchez en las escuelas que se identifican con esos personeros? El gremio docente Amsafé propuso el año pasado rebautizar a una escuela de Rosario que lleva el nombre del ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército y en abril último, un periodista de Vera, Marcelo Manzatto, remitió cartas a la ministra de Educación, Adriana Cantero; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino y al senador Hugo Pucheta (PJ﷓Vera) para que también se le cambie el nombre a una escuela del norte santafesino que se llama Aramburu, "uno de los tantos militares argentinos partícipe de golpes de Estado y asesinatos de argentinos en la década del `50", dijo el colega. La escuela está ubicada sobre la ruta nacional Nº 11, entre Espín y el acceso a la localidad de La Gallareta, en el departamento Vera.

"Aramburu desempolvó una vieja ley marcial para ordenar el fusilamiento de 27 argentinos que resistieron la dictadura de entonces, 18 eran militares, entre ellos el general Juan José Valle y nueve civiles. Y desató una fuerte represión en todo el país, deteniendo a cientos de militantes gremiales con el objetivo de desalentar cualquier movimiento obrero", recordó la nota dirigida a Cantero, Pochettino y el senador Pucheta. "También declaró ilegal al Partido Peronista sus pertenencias habían sido incautadas pocos días después que el general Aramburu se hiciera cargo del gobierno. Incluso se llegó al extremo de prohibir toda publicación con el nombre de Perón, o cualquier símbolo, palabra o imagen que tuviera relación con su movimiento. Los individuos que habían ocupado cargos electivos o por nombramiento en el gobierno peronista después de 1946, o que habían sido dirigentes del partido Peronista, fueron declarados ineptos para aspirar a cargos electivos, ocupar puestos en el gobierno o actuar en cargos partidarios hasta una fecha que fijaría el próximo gobierno constitucional. La purga incluyó al ámbito sindical, donde la CGT sería intervenida con al capitán de navío Alberto Patrón al frente de ella. A partir de mayo de 1956 se ordenó la suspensión del estatuto sindical vigente. Este oscuro personaje de la historia Argentina no merece homenajes. A nadie se le ocurriría ponerle el nombre de Videla, Massera o Camps a una escuela pública, pero no solo hay que recordar los hechos recientes que enlutan nuestra memoria, sino también aquellos que iniciaron una recorrida de divisiones, rencores y odios. Por lo tanto, es que debería procederse a cambiarle el nombre a dicha escuela y subsanar un grave error histórico", concluyó Manzatto.