Desde Santa Fe

El fiscal federal Walter Rodríguez pidió ayer la indagatoria por supuesta "incitación a la violencia colectiva" de uno de los agitadores de la última asamblea de la Mesa de Enlace, Daniel Stechina, quien arengó a unos 500 ruralistas de la provincia para voltear al gobierno nacional y propuso "métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer" a sus funcionarios. Stechina ya había sido citado el 9 de junio para notificarse del inicio de la acción penal y designar abogado defensor, pero como no se presentó en la audiencia, el fiscal redobló la apuesta y ahora directamente solicitó al juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, que lo llame a declarar como imputado por un delito que se castiga con tres a seis años de prisión.

"Considero que se ha verificado la existencia de un estado de sospecha suficiente respecto de Stechina para que sea llamado a prestar declaración indagatoria respecto de los hechos descriptos y calificados como incitación a la violencia colectiva", dijo el fiscal Rodríguez en el dictamen conocido ayer. Y explicó por qué. "El 9 de abril, en el encuentro de la Mesa de Enlace que se realizó en la Sociedad Rural Santa Fe, Stechina propuso de manera dura, concisa y concreta la deposición de las autoridades públicas nacionales, que según sus expresiones, deberían irse del país 'a las patadas'", para lo cual destacó la existencia de 'métodos psicológicos y de acción directa que se pueden implementar para destituir y hacer desaparecer toda esta gente', en referencia a los funcionarios del gobierno nacional".

"El hecho descripto resulta configurativo del delito tipificado en el artículo 212 del Código Penal, que dispone: 'Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación', que implica estimular que un grupo indeterminado de personas ejerza fuerza física contra otras".

La convocatoria reunió a "unas 500 personas", entre ellas los líderes de la Mesa de Enlace, Luis Etchevere (Sociedad Rural), Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Rubén Ferrero (CRA) y Carlos Alberto Garetto (Coninagro), que presidieron la asamblea. El dictamen del fiscal menciona también a otros trece ruralistas: "Raúl Zorzón (referente de los productores Autoconvocados de Malabrigo, a quien el ministro de Defensa, Agustín Rossi, identificó como uno de los jefes de la patota que lo agredió en Reconquista, en mayo de 2009), Ernesto Cardieti, Mariano Mazar, Roberto Petrini, Alberto Alves, Roberto Travesani, Juan Echeverría, Martín Fabre, Norberto Nabajiata, Enrique Oscar Dietrich (que en la asamblea se identificó como teniente coronel retirado, del arma de Caballería), Gladys Pagle, Evangelina Todoni y Graciela Biode, entre muchos otros".

"La incitación a la violencia colectiva que le adjudico a Stechina, desplegada en forma genérica al mencionar la alternativa de destitución de autoridades y desaparición de personas, dan cuenta de ciertos elementos que componen graves figuras delictivas, tipificadas en el capítulos de 'Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional' que sancionan a quienes atenten contra la seguridad interna de la Nación, afectando su organización política o atacando los poderes que la representan". A lo que se agrega el delito establecido en el artículo 142, es decir la desaparición forzada de personas.