La difusión de un ránking de Naciones Unidas que ubica a Argentina, junto con Brasil y Colombia, entre los principales exportadores de cocaína puso de relieve el deficiente control fiscal sobre los puertos del cordón rosarino, bajo jurisdicción de la División de Aduanas de San Lorenzo. La Auditoría General de la Nación elevó a la Afip un documento con duras conclusiones luego de inspeccionar esos muelles y la forma de vigilarlos. Su titular, Leandro Despouy, los definió como "una zona liberada".

La auditoría se realizó entre julio de 2010 y junio de 2012, y abarcó también a las aduanas de Buenos Aires y Campana. Pero la oficina de San Lorenzo, a cargo de Néstor Guará, tiene especial trascendencia por tener a su cargo el complejo de puertos por donde sale la mayor cuota de las exportaciones del país: entre 2008 y 2010 salió de esos amarres el 34% de las cargas despachadas al exterior, por un valor de $53.331 millones de dólares.

Los veedores de la AGN observaron que los llamados "controles de fondeo" sobre los buques amarrados en los puertos privados del cordón norte están a cargo de la sección Resguardo, pero que los perros para realizar esa tarea están a cargo de otra área, Medición, que no tiene tareas que requieran de esos animales entrenados. También descubrieron que los agentes aduaneros en San Lorenzo eligen qué buque inspeccionar de manera azarosa, sin una norma que los guíe, y a criterio de la orden del administrador de la Aduana. "No se nos aportó ninguna norma que especifique la manera de llevar a cabo la selección de los buques", cuestionó la auditoría. Un funcionario confirmó que la nave a inspeccionar se define en función de "analizar el destino del buque, la naturaleza de la mercadería y el seguimiento de control a determinadas terminales por magnitud de operaciones".

La AGN detectó otra anomalía en el modo de analizar muestras de las mercaderías que se exportan. En el caso de las cargas peligrosas, como gases y combustibles, dichas muestras "son proporcionadas directamente por las empresas exportadoras, y retiradas por un agente aduanero de la Terminal, aproximadamente una vez por semana". En cambio, el reglamento de la Afip manda que esa extracción de muestras "debe ser supervisada por los agentes aduaneros para constatar que la muestra entregada corresponda a la mercadería a ser exportada", para evitar adulteraciones. Eso no ocurre en los puertos locales. Tampoco llevan un registro ni consta quién traslada esas muestras de carga hasta la Aduana.

En ese punto, el informe del organismo dirigido por Despouy señaló exportaciones de Minera Alumbrera SA, con permisos de embarque de cinco años de antigüedad y sin terminar de cargar al Sistema Informático María, fuente central de información para la Afip.

El informe describió una situación caótica en el depósito, "cuya puerta no se encontraba precintada", y con "las muestras sin ordenar según sus características, algunas de varios años anteriores".

La inspección denunció que las balanzas fiscales en cada puerto no están sujetas a control de vencimientos por parte del INTI, y señaló como criticable que la Aduana sanlorencina cuente con un solo bote para realizar tareas de control en las embarcaciones que arriban por la hidrovía. También encontró que el personal aduanero es insuficiente a juzgar por la proliferación de nuevos puertos que hubo en los últimos años entre los kilómetros 464 y 441 del río, el incremento de operadores con planta propia y el creciente movimiento de mercadería transportada por barcazas desde la hidrovía Paraguay﷓Paraná. "La falta de personal trae aparejado un deterioro en la calidad del servicio prestado", indicó el informe de la AGN.

La auditoría sobre el control aduanero en las terminales portuarias se encuentra desde mayo pasado en poder del titular de la Afip, Ricardo Etchegaray. Ayer Despouy confirmó, en declaraciones a la prensa, ese relajamiento de controles. Dijo que los escaners que radiografían la carga que arriba a los puertos "no distinguen entre sustancias orgánicas e inorgánicas", y eso lo llevó a afirmar que los muelles inspeccionados "son una zona liberada". "Hace doce años otro informe sobre San Lorenzo había detectado que hacía diez que el Inti no controlaba la fidelidad de las balanzas para la exportación". Por tanto, concluyó en que "el abandono total por parte del Estado facilitó esta pésima reputación", en alusión al informe de la oficina antidrogas de Naciones Unidas.

Hace diez días, Policía Federal detuvo a tres personas, entre ellas el dueño del restaurante Mumus, de Mitre e Ituzaingó, y el dueño de la concesionaria Spadoni Motos, de Mendoza al 1400, involucrados en el envío de 1.200 kilos de cocaína detectados en Portugal, ocultos en una exportación de pulpa de peras que había sido despachada desde el puerto de Zárate.