En la última semana de mayo de este año, el ministro de Seguridad Raúl Lamberto estuvo en Río de Janeiro para observar el funcionamiento de un modelo aplicado por la fuerzas de seguridad brasileñas para retomar el control de las favelas que estaban manos de grupos narcos. La experiencia quedó licuada por los hechos de violencia locales, que se dispararon con el asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero, uno de los líderes de una de la banda más importante ligada al narcotráfico, y sus coletazos posteriores. Los funcionarios provinciales --el secretario de Seguridad Comunitaria Angel Ruani también viajó-- rescataron de aquella experiencia que la Policía Civil y la Militar hayan retomado el control del territorio, aunque lo hicieron con altos niveles de violencia. Las Unidades de la Policía Pacificadora no portan armas letales pero sí pistolas de shock eléctrico. "No hay paradigmas trasladables automáticamente a nuestra provincia, sino experiencias y realidades para acoplar", dijo Lamberto, que ratificó la Policía Comunitaria, anunció la concreción de tres tipos de Policías: la Vial, otra de tipo Comando y una tercera de Investigación. Y lanzó los Centros de Denuncia, que serán oficinas que reciban los datos de delitos cometidos, y que contarán con psicólogos y trabajadores sociales para atender a los denunciantes.

De la experiencia en Río, Lamberto rescató "la conformación de un área importante que es la de Planificación y Resultados, estas áreas trabajan sobre seguridad, en base a regiones en tres áreas centrales: hechos de violencia como homicidios, lesionados y latrocinio; robo de vehículos, y el tercero es hurtos. Esto hace que tengan parámetros de resultados sobre estos temas".

-¿Qué experiencia trajo de Río?

-Río tiene dos policías: la Policía Militar y la Policía Civil, que es una fuerza con más de 12 mil hombres que maneja la parte científica, la de investigaciones y la atención en las comisarías, lo que no es menor, porque esta es la experiencia que vamos a copiar: los Centros de Denuncia, ubicados en cada comisaría, atendidos por un psicólogo o un asistente social, más seis o siete personas que atienden la denuncia de forma individual. Y a su vez tienen automáticamente un estadístico que on line va cargando los datos a medida que los hechos se van denunciando. Y esas mismas comisarías, cuando se traten de investigaciones, tienen su parte investigativa con un laboratorio científico, fotográfico, pericial. Esto lo vamos a llevar adelante como Centro de Denuncias. Estamos viendo si el tema estadística lo vamos a implementar porque ya tenemos el programa para hacerlo y estamos viendo como le incorporamos la parte científica en los mismos Centros para que ya la denuncia salga hacia la fiscalía o el juzgado con una parte de la investigación preliminar ya encausada. Esto es una diferencia, porque nosotros tenemos una sola policía y tratamos de ir diferenciando a partir de crear la Policía de Investigación.

-¿Esta será la Policía Judicial?

-Será la Policía de Investigación, que va a ser una dependencia administrativa del Ministerio de Gobierno, y funcional de los fiscales. En estos momentos estamos haciendo el decreto, debatiendo el alcance y las funciones, y discutiendo posiciones: hay quienes quieren una policía más chica para delitos complejos, mientras otros sostienen que debe ser un cuerpo especializado en delitos de la vida cotidiana, el hurto, el robo, y estos cambia la cantidad y calidad del cuerpo.

-¿Cuál es su postura frente a estas dos opciones?

-Creo que tenemos que ir hacia una cosa paulatina, con no más de 300 investigadores e ir incorporando en forma progresiva. No creo que tengamos que tener de entrada un cuerpo de 1500 policías.

-¿Acotados a que tipo de delitos?

-A los delitos de mayor complejidad y dejar que los de la vida cotidiana se sigan manejando con los sumariantes de comisarías. Pero el alcance lo determina el fiscal. Lo que tenemos que hacer es ir capacitando a un grupo reducido de investigadores que serán la base de una gran policía de investigaciones. En estos momentos estamos construyendo un laboratorio importante en Santa Fe y otro en Rosario, que va a ayudar mucho a la investigación.

-¿Cuál fue su experiencia con la policía brasileña?

-Brasil ha tenido altos índices de violencia, han llegado a puntos críticos, y se han planteado que no haya ningún territorio donde el Estado no pudiera entrar porque no entraban en las favelas. La favela que conocí es la de Ipanema, a tres cuadras de la playa, donde viven 12 mil personas, que lindaba con los edificios más caros de Latinoamérica. Ese morro era territorio narco, y era habitado por gente que vivía de actividades callejeras, vendedores y cuidacoches, y gente que llegaba desde el interior de Brasil a trabajar. Lo primero que hicieron fue analizar el problema, para después entrar con fuerzas de seguridad. Esto provocó mucha resistencia interna de los narcos, que llegaron incluso a derribarle un helicóptero, usando armamento de guerra. A través del tiempo han logrado que los que delinquen se vayan antes de que llegue la policía a la favela, sin resistencia alguna. Hoy sumaron 33 intervenciones y son mucho menos cruentas y conflictivas. Es decir, anuncian que van a ir y van. Empezaron entre el 2006 y el 2009 y después consolidaron la presencia del estado: apertura y limpieza de calles, recuperación de espacios públicos, escuelas, espacios de cultura, con toda las áreas del estado provincial y nacional. Estuve en la UPP (Unidades de la Policía Pacificadora) discutiendo con vecinos para implementar actividades productivas porque es una gran masa de gente que necesita comercios, que antes no existían. Hoy en las UPP tienen supermercados, joyerías, cajeros automáticos, que era impensable antes. En seis años lograron los cambios y bajaron los índices de delitos. Después ingresó la Policía Comunitaria.

-¿Que función cumplen estas UPP?

-Las Unidades Pacificadoras no buscan narcos, porque en esa realidad tan controlada, los narcos ya se fueron. El consumo de drogas persiste, más limitado, pero existe a través de vendedores al menudeo, a los que también se detiene. Pero lo concreto es que se liberaron zonas, y lograron que la gente tuviera agua potable, electricidad, caminos, es decir hay circulación de gente y tránsito muy rudimentario de vehículos. Lo que hacen es ir logrando ciudadanía.

-¿Que piensa tomar de ese modelo?

-Estamos trabajando sobre la idea de esta Policía Comunitaria, junto a las intendencias de Rosario y Santa Fe, que sea un apoyo a las áreas de cada una de estas ciudades que tienen estado crítico, y que evidentemente hay que ir pacificándolas. El Estado no puede resignar ningún territorio, y debe llegar la urbanización con servicios y escuelas. No puede haber una sola calle de la ciudad a la que el Estado no llegue. Hay que buscar primero a los que generan la violencia, se tiene que ir, y hacer políticas comunitarias. Por eso en Santa Fe y Rosario ya tenemos diseñado el mapa de las zonas críticas, para concretar políticas comunitarias, con otro perfil.

-¿Cuáles son las zonas elegidas de Rosario?

-En Rosario hay una docena de zonas, pero son La Tablada, Las Flores y Ludueña las principales. Estas son las primeras a abordar.

-¿La reducción de la oferta de estupefacientes es una política que usted apoya?

-Estoy convencido que toda política que se basa en la persecución de la oferta ha fracasado. Lo que hay que hacer es disminuir el consumo, porque si se ataca la oferta lo único que se logra es que aumente el precio. No debe pasar por ahí. Debemos tener políticas globales, de contención. Lo que vamos a hacer con el proyecto Lazos, con el Ministerio de Educación, es muy importante. Hay que frenar el consumo desde la escuela para evitar nuevos consumidores. Hay que trabajar sobre el joven, porque un chico sin proyecciones futuras, con familias destruidas, sin trabajo, con la droga siendo parte de su economía, es un campo muy grande para los consumidores. Si hay consumo hay venta. Por eso hay que hablar en serio de este meta. La salida no es achicar la oferta.