Las últimas instancias del juicio por la privación ilegal de la libertad de Manuel Casado, el 25 de marzo de 1976, en San Lorenzo, parecen interminables. El viernes comenzaron los alegatos de las defensas, pero no terminaron: el Tribunal Oral Federal número 1 determinó un cuarto intermedio hasta el jueves próximo, a las 10. La defensa oficial de Pedro "Pili" Rodríguez, que fue director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo antes y durante la última dictadura militar, pidió la nulidad del proceso por prescripción de los hechos juzgados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que los delitos enmarcados en el terrorismo de Estado son de lesa humanidad y por lo tanto, imprescriptibles. Además, la defensora oficial Roxana Gambacorta dedicó buena parte de su exposición a descalificar los relatos de los testigos del juicio, en los que el fiscal Gonzalo Stara basó su acusación. "Nunca vi una defensa técnica tan mimetizada con su defendido", expresó Gustavo Feldman, que era el abogado de Casado. Si bien la querella quedó sin efecto por la muerte de su representado, sigue yendo como público a las audiencias.

El viernes, Stara informó al Tribunal que uno de los testigos, Carlos Avalos, fue amenazado a través de su hijo, el sábado 13 de julio, en San Lorenzo, por personas que estaban al tanto de los movimientos que realiza. La denuncia fue presentada el lunes mismo, y el viernes 19 llegó al despacho del juez federal Carlos Vera Barros, que deberá instruir la investigación. En su alegato del 5 de julio, Stara pidió 20 años de prisión, de cumplimiento efectivo en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, para los otros dos acusados en el juicio, Rubén Cervera y Horacio Maderna, que eran jefe y subjefe del Batallón de Arsenales de San Lorenzo, y fueron designados intendente y secretario de Gobierno de facto el 24 de marzo de 1976. Justamente, al día siguiente, por la tarde, en la llamada "esquina de los bancos" de San Lorenzo, Casado fue privado ilegalmente de la libertad por una patota del Ejército, desde un vehículo militar. Rodríguez estaba arriba, y fue el encargado de señalarlo.

Si bien Gambacorta aseguró que no pondría en tela de juicio el terrorismo de Estado, su alegato se basó en descalificar a los testigos, y considerar que las diferencias entre los relatos no eran "nimias" como explicó el fiscal en su alegato. La defensora oficial quiso desmentir que los crímenes sufridos por Casado hayan constituido delitos de lesa humanidad, y tomó en cuenta los legajos de Casado y uno de los testigos clave, Edilio Quiroga, para desmentir la persecución política. Subrayó que las cesantías se produjeron por abandono de tareas. Un eufemismo que durante la dictadura se usaba para esconder, justamente, las privaciones ilegales de la libertad y los despidos.

Gambacorta también reflotó el argumento de "situación política", planteada por su defendido, que llegó a ser diputado provincial y quiso presentarse como candidato a intendente de San Lorenzo, en 2007. Desde 2003, cuando Casado lo denunció por su secuestro, Rodríguez asegura que se trató de una conspiración que tuvo al actual senador Armando Traferri --entonces intendente-- como impulsor, para dejarlo afuera de la disputa política.

Para Gambacorta, "no se ha acreditado con el grado de certeza requerido para esta etapa lo narrado por el señor Casado". La defensora cuestionó los testimonios de Carlos Del Frade y del periodista de Rosario/12 José Maggi, que declararon en el juicio y también la emprendió contra una foto aportada por la Fiscalía que muestra a Rodríguez junto a autoridades militares durante un acto oficial en San Lorenzo en la última dictadura. Consideró que la presencia de su defendido en el mismo palco que el entonces presidente Jorge Rafael Videla no demuestra su participación en el gobierno dictatorial.