Desde Santa Fe

El pedido de nulidad del fiscal federal Walter Rodriguez de un hallazgo de drogas del ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli, y del subsecretario de Seguridad Pública, Diego Poretti, por considerarlo un "allanamiento ilegal" impactó ayer en la Legislatura. El operativo del 27 de junio de 2012, en Colastiné Norte, fue una de las preguntas que los diputados justicialistas Héctor Acuña y Pablo Di Bert plantearon al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, en noviembre del año pasado. Era la número 38, que Lamberto no contestó, aunque prometió haberlo por escrito. "Todavía estamos esperando", dijo Acuña. La respuesta se la dio la justicia: el fiscal consideró nulo el "procedimiento" porque se hizo "sin los recaudos legales exigidos por la Constitución". "Es un caso de gravedad institucional que un funcionario del Poder Ejecutivo haya participado de un allanamientoal al margen de la ley. Así que ahora Lamberto tiene que dar explicaciones y a Poretti ni siquiera le tienen que pedir la renuncia, se tendría que ir solo", dijo el legislador.

Acuña reveló que antes de la interpelación a Lamberto -el 21 de noviembre de 2012- tenían información extraoficial de que Poretti había participado en el procedimiento en Colastiné Norte con Tognoli, cuatro meses antes. "Cuando preparmos el pliego de preguntas al ministro, incluimos dos: la número 32 "para que explique cuáles son las funciones de Poretti" y la 38, "si conocía y tiene algo para manifestar sobre la participación del señor Poretti, junto al comisario Tognoli, en un allanamiento efectuado el 27 de junio de 2012, en jurisdicción de la Unidad Regional I".

"Lamberto no respondió esas preguntas, le dejamos el pliego por escrito", recordó Acuña. "Después, me lo crucé en un par de oportunidades y me dijo: 'Ya tengo las preguntas para contestarte'. Nunca respondió. Este es el ministro de un gobierno que no responde los pedidos de informes", pasó la factura Acuña.

"Ya desde entonces sabíamos que Poretti había participado en ese operativo, lo que no nunca sospechamos es que no tenían orden de allanamiento. Dudábamos en aquel momento sobre la viabilidad de un operativo en el que participara un funcionario del Ministerio de Seguridad, que podía contaminar la escena, tocando elementos de prueba que después anulen la investigación".

"La información extraoficial es que (en la casa allanada en Colastiné Norte) habían estado primero Tognoli y Poretti y que después de eso le habían dado noticias de esa situación al juez (Jorge Pegassano)", dijo Acuña. Y planteó que "el dictamen fiscal viene poner blanco sobre negro" en varias cuestiones:

* "La gravedad institucional que un funcionario del gobierno de Antonio Bonfatti haya participado junto con el jefe de Policía de la provinica, hoy detenido por su relación con el narcotráfico, en un allanamiento al margen de la ley".

* "La cantidad de allanamientos de la Policía santafesina, que supuestamente va a buscar electrodomésticos o armas y encuentra drogas. La secretaria de Delitos Complejos, Ana Viglione, cuando estuvo en la Legislatura reconoció que eran entre 44 y 47 hallazgos de estas caracteristicas, lo que revela que la Policía sabe que hay drogas, pero elude el fuero federal y esto tiene otra consecuencia: impedir que la justicia federal pueda investigar hechos de su competencia. Ahora, ¿a quién le creemos que en el procedimiento de Colastiné Norte había 10 gramos de cocaína y 55 gramos de marihuana? -preguntó Acuña- ¿A un ex jefe de Policía que está preso por su relación con el narcotráfico? ¿A un funcionario del gobierno que allana un domicilio sin orden judicial? La verdad es que cualquiera puede pensar que no había eso, que había otras cosas o que había más".

"Por lo tanto, después de este hecho de gravedad institucional, lo que debería ocurrir es la renuncia de Poretti. Ni siquiera tendría que poner en apuros al gobierno porque la verdad es que no necesita que le digan que renuncie. Tendría que irse solo. Y si el ministro Lamberto sabía esto, tendrá que hacerse cargo y si no lo sabía, deberá dejar de victimizarse y asumir que la Policía no tiene control político", concluyó Acuña.