El Insgenar (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de la ciudad de Rosario) y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) manifestaron su beneplácito ante la decisión del juez Musse Chemes, a cargo del Juzgado en lo Penal de Sentencia de Vera, de condenar a cinco hombres y una mujer por abuso sexual de una nena de tan sólo 10 años de edad, que fue representada por Ricardo Lamas, subdirector del Centro de Atención Jurídica del Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe. Las condenas son de 8 a 10 años y, aunque en estos momentos los criminales se encuentran en libertad, se espera que, confirmada la sentencia, cumplan en la cárcel la pena por el terrible delito cometido.

Insgenar y Cladem presentaron el pasado 29 de abril un amicus curiae, preocupados porque desde hace varios años, pero especialmente durante 2011 y 2012, el norte de la Provincia de Santa Fe se vio sacudido por noticias de casos de abuso sexual, corrupción y facilitación de la prostitución a niñas de la zona, en general de origen humilde, protagonizados por adultos y adultas provenientes de diversos sectores, incluyendo empleados y empleadas de la justicia local.

En la oportunidad, se entrevistaron con el juez a cargo de la causa y concretaron conferencias de prensa en las ciudades de Vera y Reconquista, con amplia convocatoria de medios, que confirmaron la realidad de la zona en cuanto a que localidades como Vera, Fortín Olmos, Gallareta, San Javier, Reconquista y otras, fueron escenario de hechos dolorosos que en pocas oportunidades resultaron con sanciones ejemplares y, en general, permanecen impunes. En algunas ocasiones, imputados que fueron dejados en libertad en un caso, aparecieron cometiendo delitos similares en otros.

Como expresan en su escrito, para Insgenar y Cladem "esta situación de mpunidad envía un mensaje a la sociedad, que principalmente contiene tres elementos: a) no vale la pena denunciar, porque luego no hay resultados positivos; b) el sistema de justicia no es creíble ni transparente; c) esos delitos no son graves".

En su presentación, las organizaciones fundamentan su posición en la abundante legislación existente en nuestro país, tanto en la normativa local como en la emanada de los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran nuestro plexo constitucional.