Desde Santa Fe

Legisladores del Frente para la Victoria presentarán hoy un proyecto de ley para crear una comisión bicameral investigadora que ventile los manejos del presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, veinticuatro horas después de que el gobernador Antonio Bonfatti lo ratificara en el cargo con el argumento de que su designado gestiona un "Ente público no estatal" que no está sujeto a ley de Administración Financiera de la provincia ni a los controles del Tribunal de Cuentas. Un limbo jurídico. Vorobiof fue denunciado ante la justicia por la gerente de Administración y Finanzas del puerto, Victoria Lascurain y el fiscal Nº 7 Jorge Andrés lo imputó en una causa que investiga media docena de supuestos delitos, entre ellos "administración infiel" y solicitó al juez Jorge Pegassano (Instrucción 1ª) que lo llame a indagatoria.

La propuesta para crear la comisión investigadora forma parte de un paquete parlamentario que se presentará hoy. Se trata de un pedido de informes de 40 preguntas sobre la gestión de Vorobiof. Y una reforma de la ley 11.011 que creó los Entes Administradores de los puertos de Santa Fe y Rosario, en 1993, en el arranque del gobierno de Carlos Reutemann, para ampliar el consejo directivo e incorporar a representantes de la Legislatura y de los Concejos Municipales. "La transparencia en los actos públicos no se declama, se la pone de manifiesto en la ejecución de cada acto de gobierno, más cuando tienen por finalidad el manejo y la disposición del dinero público", dijo el diputado Héctor Acuña, autor de los proyectos.

La comisión bicameral estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores para investigar "todos los hechos relacionados" con la administración Vorobiof en el puerto de Santa Fe y se impondrá un plazo de seis meses para "cumplir el cometido", prorrogable por otros seis meses. Sus facultades serán amplias: podrá solicitar informes, recibir denuncias y pruebas, requerir expedientes judiciales y administrativos, acceder a archivos y citar a declarar a las personas que considere necesario para que "brinden información sobre los hechos investigados".

En su defensa en Tribunales, Vorobiof sostuvo que el Ente Administrador Puerto de Santa Fe no integra la administración pública y por lo tanto, ni él ni sus pares del consejo directivo son funcionarios públicos. "Es inentendible aducir la existencia de un bien jurídico propio de la administración pública allí donde no hay administración pública, o imputar incumplimiento de deberes de funcionario público a quien no inviste esa condición", afirmó en el retruque al fiscal Andrés.

Bonfatti coincidió con Vorobiof al ratificarlo en el cargo. El puerto de Santa Fe es "un ente público no estatal, como si fuera el Colegio de Abogados o el Colegio de Médicos", explicó el gobernador. "El Ente elige a sus autoridades, nosotros designamos a una persona allí (a Vorobiof), pero no le cabe (el control) del Tribunal de Cuentas ni la ley de Contabilidad. Por lo tanto, hay imputaciones (del fiscal Andrés) sobre si hay licitación si o no, eso no corresponde. Sí tiene que hacer concurso de precios. Y si hay una denuncia en la justicia, que sea la justicia la que esclarezca esto", agregó.

"La actitud del gobernador" ante la administración Vorobiof "es lamentable", dijo el diputado Acuña, al fundamentar la necesidad de poner la lupa legislativa en el puerto de Santa Fe. El artículo 4º de la ley 11.011 que ordena el mandato de los miembros del consejo directivo, dice que "la condición de representantes en el Ente no les confiere la condición de funcionarios públicos". Pero eso es para los designados por "las instituciones intermedias ﷓aclaró Acuña﷓, no Vorobiof, que representa al gobierno de Santa Fe, como lo establece el decreto 309/2011 (firmado por Hermes Binner el 19 de noviembre de 2011) que designó a Vorobiof en el "cargo de asistente técnico Nivel 1 del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente para cumplir funciones en el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe representando a la provincia".

Acuña dijo que Bonfatti no puede negar "la responsabilidad" de su gobierno "en la actuación de Vorobiof", no sólo porque lo designó Binner en el cargo, sino porque el propio Bonfatti "ordenó dos auditorias de la Sindicatura General de la provincia". "El doctor Bonfatti sabe perfectamente qué cosas están mal, razón por la cual el gobernador asume la entera responsabilidad de mantener en el cargo a un funcionario designado" por su antecesor, concluyó.