El defensor general Gabriel Ganon denunció ante el Comite contra al Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas a la provincia de Santa Fe por el caso de un preso trasladado desde Córdoba a la cárcel de Coronda, que terminó muerto. "Fuimos a esta Comisión porque Roberto Agustín Yrusta estuvo desaparecido durante dos semanas para su familia y durante ese período terminó en una cárcel de Santa Fe y cuando pudieron localizarlo, antes que pudieran verlo, se enteraron que había tenido una serie de inconvenientes en el penal de Coronda, y les informaron que había muerto. Se contactaron entonces con la Defensoría, y quisimos representarlos para poder saber que era lo que había pasado, porque el cuerpo de Roberto tenían una serie de golpes con ampollas de grandes dimensiones que no tenían una relación clara con lo que el Servicio Penitenciario había dicho sobre lo ocurrido: mientras los carceleros dijeron que se había ahorcado, la familia sigue sin creer que se haya suicidado. Hay familiares que creen que fue asesinado por el personal penitenciario de Coronda.

-¿Hay elementos porque alimenten esa sospecha?

-Hay muchos elementos y después de meses de pedir fotocopias pudimos tomar contacto con la autopsia, y comprobar que el médico mismo manifestó ciertas dudas sobre lo ocurrido. Incluso encuentra un cuerpo extraño en el ano de Roberto lo que le llama poderosamente la atención

Según pudimos saber el día anterior pidió ir al médico y discutió con los guardias que le tiraron gas pimienta. Mirando las fotos de la autopsia muestran a primera vista que lo que ellos dicen que usó para ahorcarse no parece que sea el elemento con el que se le causó la muerte, parece que se hubiese usado un alambre porque tiene todo el cuello cortado con sangre. También se ven los pies inflamados con sangre, como un rastro de algún apremio, tampoco se periciaron los elementos que encontraron en su estómago ni lo que le dejaron metido en el ano. Hay muchas zonas oscuras. Es horrendo. Sin embargo el sistema judicial santafesino nunca quiso profundizar la investigación sobre esto. De lo que si se preocupó la fiscal del caso Elena Perticará es de pedir mi destitución alegando que no tenían facultades para intervenir. Sin embargo la fiscal nunca se ocupó de que este caso sea investigado como corresponde tanto como el juez de instrucción Sergio Carraro.

-¿Porqué llegaron hasta la Comisión de Desaparición Forzada de Personas?

-Porque insistimos en reiteradas oportunidades poder investigar, que se supiera la verdad sobre lo ocurrido, pero hubo una reticencia constante de las autoridades judiciales a no permitir que actuáramos, y a no querer investigar el hecho. Como los meses siguieron pasando y no nos quedaba ningún otro recurso judicial, tuvimos que recurrir el Comité, para lograr que a través de su intervención internacional se obligara al estado santafesino, con la intervención del estado federal, a que se realice la investigación que se debe hacer, y se le de una respuesta satisfactoria a la familia del muerto.

-¿Cómo se explica el traslado de presos desde Córdoba a Santa Fe ? ¿Quiénes son los responsables del traslado?

-Por lo que pudimos averiguar los responsables son los Servicios Penitenciarios, a los que los presos que les molestan se los pasan entre sí, sin conocimiento de la familia pero con consentimiento y hasta complicidad de los servicios judiciales, que permiten que los penitenciarios se manejen como lo hacían en plena dictadura militar. Como si la disposición sobre la vida y la muerte de esas personas, no dependiera de las autoridades judiciales sino de las autoridades penitenciarias. Es gravísimo que en un estado democrático no se responsabilicen del lugar de destino de los presos. Sin embargo, ni las autoridades judiciales de Córdoba ni de Santa Fe, intervinieron en este tipo de traslados.