Luego de que a principio de año denunciaran "falta de control" frente a "incumplimientos" en los centros de diálisis santafesinos, la Asociación de Deportistas Trasplantados de Santa Fe (Detsa) insistió con el reclamo e intimó al Ministerio de Salud para exigir respuestas. Su presidente, Martín Palamedi ingresó la semana pasada la nota a las autoridades y aseguró que unas 2500 personas con enfermedades renales se dializan periódicamente en la provincia, en centros donde "no se cumple" la normativa, y acusa al área de Salud de no intervenir. "Podría llegar a significar nada más y nada menos que un encubrimiento en este gran negocio para algunos; contracara de los pacientes para quienes es la única opción de mantenerse con vida", criticó. Desde la cartera sanitaria señalaron que prefirieren no polemizar y anunciaron que hoy emitirán un comunicado en respuesta al planteo.

En una nota firmada por pacientes que se dializan en diferentes centro privados, la organización reiteró la existencia de "incumplimientos de la Ley Nacional N 22.853 y el decreto provincial que se adhiere". Frente a ello, Palamedi enfatizó: "Hoy debemos reiterar que todos los centros de diálisis están violando muchos de los artículos. Ante el silencio de quienes han jurado constitucionalmente por las funciones que deben desempeñar en ejercicio de las jurisdicciones por las que responden no cabe más que exigir y saber si se trata de desidia o encubrimiento", lanzó y mencionó como responsables al director de Auditorías Médicas, Jorge Prieto; al actual ministro de Salud, Mario Drisun, al saliente, Miguel Cappiello, y al presidente del Colegio de Médicos, José María Albrecht.

Entre los incumplimientos, Palamedi recordó el tema del espacio físico como una gran preocupación: "La ley establece un espacio de seis metros cuadrados para cada máquina paciente, pero después de la habilitación, los centros de diálisis comienzan a agregar máquinas y se disminuye el espacio, pero aumentan los pacientes por sesión, por ende aumentan los ingresos".

También habló de los traslados para dializar pacientes. "Deben hacerse con equipos y unidades de traslado especiales, pero se mete a tres pacientes en un remís y llevarlos apretados y sin cuidados al centro de diálisis, cuando muchas veces, los traslados son de una localidad a otra". En su momento, Prieto aclaró que el modo de traslado es recomendado por los médicos, según el estado del paciente.

Por otro lado, Palamedi remarcó que muchos de los pacientes de centros de diálisis "están siendo amenazados por los centros y clínicas para que se retiren si siguen reclamando por sus derechos, que son adquiridos, como vivir dignamente. Amenazan para que nadie reclame ya que saben que la vida de los pacientes depende del tratamiento que ellos comercializan; es por ello que ante el silencio de estas personas temerosas por sus vidas, se malentiende que los problemas que denunciamos no existen".

En el comunicado que emitió Detsa para dar cuenta de la presentación, Palamedi recordó que "en su momento el doctor Prieto nos reconoció personalmente que nuestro planteo era real y cierto, pero que llevaba tiempo. Pues si más de 10 años de ejercicio en su cargo no le resultaron suficientes y eficientes, desde un año a la fecha tampoco han operado novedades ante los hechos denunciados y por él conocidos". Y agregó: "El Ministro de Salud de la provincia, sin ningún tipo de interpelación previa a alguno de los pacientes, víctimas del sistema, ni corroboración de los dichos que fueron públicamente conocidos por la prensa, afirmó que nuestro planteo era 'pura fantasía'". Además, señaló que "el presidente del Colegio de Médicos expresó en diferentes medios de comunicación que los hechos denunciados no eran ciertos y que él nunca recibió ningún tipo de denuncia. Quisiéramos que fuese cierto que se tratase sólo de una mentira, inventada ¿para qué? ¿Qué tiene para ganar con una mentira un paciente en diálisis que quiere que se respeten las normas de seguridad y salubridad para evitar complicaciones y riesgos?", planteó.

Sobre el final, el comunicado señala: "Esperamos que este reclamo administrativo con intimación firmada por la institución que defiende los derechos de aquellos que se encuentran en diálisis y en lista de espera, le sea suficiente a las autoridades para que obliguen a estos privados a ajustarse a las normas que la ley exige, y les alcance para de una vez por todas actúen, reaccionen y tomen cartas en el asunto, de lo contrario saben que recaerán sobre ellos las sanciones administrativas y judiciales". Y remarca: "Necesitamos que comprendan que esta lucha es por nuestra vida, y no para mientras sigamos existiendo".