Desde Santa Fe

El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la indagatoria del ex secretario general de la Uocra y hoy preso en la cárcel Las Flores, Emanuel Araya y de uno de sus laderos, Mario Ojeda, en una causa que instruye el juez federal N 2 Francisco Miño por los piquetes y barricadas en la avenida 27 de Febrero, frente al obrador del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), la obra más emblemáticas del gobierno de Antonio Bonfatti. El fiscal les imputó el supuesto delito del artículo 194 del Código Penal que castiga los cortes de tránsito con penas de tres meses a dos años de prisión. Araya está detenido desde principios de octubre por la toma del obrador y de la Central Eléctrica de Sauce Viejo y procesado por el juez Sergio Carraro (Instrucción 65) por "coacciones agravadas" y "usurpación". Ojeda era uno de los delegados del gremio en la central eléctrica.

La causa investiga una seguidilla de cortes en la avenida 27 de febrero y la calle lateral Mendoza, a cien metros del microcentro, con el incendio de neumáticos y bombas de estruendos, por el supuesto "despido de trabajadores" en la obra del Cemafe. Las protestas comenzaron el 18 de julio y siguieron el 19, el 22 y 29 de julio, con la participación de los seguidores de Araya.

El 22 de julio, la Unidad Regional I notificó al juez Miño que "unos cien manifestantes de la Uocra encabezados por Araya, habían provocado el corte total del tránsito" en la avenida 27 de Febrero y Mendoza, "con la quema de cubiertas y la detonación de bombas de estruendos". Y después se agregó una denuncia del fiscal municipal Esteban Gaggiamo, por directivas del intendente de Santa Fe, José Corral. Gaggiamo dijo que las barricadas ardientes habían provocado daños "en el pavimento y en las bocas de tormentas" y un "caos en el tránsito y en el transporte interubano de pasajeros".

Un informe de la Policía santafesina confirmó que las manifestaciones de ese sector de la Uocra eran "encabezadas" por Araya. Mientras que el comisario Ariel Guzmán -que declaró como testigo en la causa- logró identificar al otro imputado: Mario Ojeda, quien "fue la voz y el nexo entre las personas que estaban realizando el corte, Emanuel Araya, los medios de comunicación y el nexo con la fuerza de seguridad", explicó.

"Los hechos ûdictaminó el fiscal Rodríguez﷓ resultarían configurativos del tipo previsto y penado por el artículo 194 del Código Penal" que castiga con "tres meses a dos años" de prisión al que "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes" o "servicios públicos de comunicación".

El fiscal dijo que Araya y Ojeda son "referentes de un espacio sindical, con capacidad de determinar e influir en la voluntad de terceras personas que acompañaron el desarrollo de los sucesos" y por lo tanto, consideró que "se ha verificado la existencia de un estado de sospecha suficiente" para que ambos sean citados a prestar declaración indagatoria en la causa por "el delito previsto y penado por el artículo 194 del Código Penal".

Araya, su hermano Mauricio y otro de sus operadores, Juan Manuel "Toto" Navarro están presos en la cárcel de Las Flores por la toma de la Central Eléctrica de Sauce Viejo. El 5 de noviembre, el juez Sergio Carraro (Instrucción 6) los procesó a los tres por supuestas "coacciones agravadas" y "usurpación", aunque les dictó la falta de mérito por la presunta "asociación ilícita" que les había imputado su colega Nicolás Falkenberg (Instrucción 2).