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Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez pedirá al gobierno de Antonio Bonfatti el archivo de la comisión investigadora del Banco Provincial de Santa Fe para incorporarlo a la causa por el vaciamiento de la entidad que la Cámara Federal de Rosario (Sala A) ordenó reabrir hace diez días. Es un fondo documental de más de 5.000 fojas y 30 horas de grabaciones y testimonios que el propio Bonfatti había desclasificado en 2008 cuando era ministro de Gobierno de Hermes Binner, aunque los papeles más sensibles y audios quedaron protegidos durante 30 años y recién serían liberados al acceso público el 30 de junio de 2028. El juez Rodríguez levantó el secreto bancario. Así que ahora la Casa Gris deberá entregar copia del acervo documental, el público y el secreto, para sumarlo a la investigación del vaciamiento del Banco entre 1979 y 1991, estimado en 500 millones de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que el fiscal federal Walter Rodríguez incluyó en el expediente.

El informe de la comisión investigadora del Banco que presidió el abogado Alfredo "Pichón" Nogueras, entre febrero y agosto de 1997, ya había sido entregado a la justicia santafesina por el ex gobernador Jorge Obeid, pero la mayoría de las causas estaban prescriptas y cerradas. Un muestrario que Nogueras definió con dos palabras "corrupción" e "impunidad".

La única causa que quedó abierta fue la que impulsó la comisión gremial interna del Banco, en agosto de 1990, que el juez Rodríguez intentó cerrar 23 años después, en junio de 2013, al declarar extinguida la acción penal y dictar el sobreseimiento de los 44 imputados, todos ex presidentes y directores del Banco.

El fiscal Rodríguez rechazó la prescripción con el argumento de la "cosa juzgada fraudulenta" y el respaldo de la Procelac que definió la causa como "un plan de acción" de operadores judiciales "dirigido a simular un proceso penal para averiguar la verdad, cuando en realidad el genuino ánimo era entorpecerlo de modo tal que nunca se llegase a establecer quienes perpetraron los hechos y echar así un manto de impunidad sobre los mismos".

El dictamen de la Procelac distingue tres capítulos de la trama judicial:

*Desde agosto de 1990 -en la que se suceden jueces y subrogantes- hasta que el 11 de junio de 1993, cuando el ex juez Víctor Brusa dicta el sobreseimiento provisorio de la causa, en la que no había procesados y a pedido de uno de los defensores.

*Desde el 10 de mayo de 1994, cuando el expediente es remitido al Juzgado Civil y Comercial de la 6ª nominación de Santa Fe, un "tribunal de extraña jurisdicción", donde "permaneció durante 14 años y sin impulso procesal alguno".

*Y desde el 28 de mayo de 2008, cuando la causa vuelve al Juzgado Federal, pero quedó en alguna estantería. "En otras palabras, el secretario del Juzgado, (Miguel) Abásolo, retuvo por casi cinco años el expediente sin que el juez Rodríguez haya tomado decisión alguna", revela el dictamen de Procelac. En mayo de 2013, Abásolo juró como juez del Tribunal Oral de Santa Fe (hasta que en diciembre lo reemplazó su colega Luciano Lauría) y hoy es juez federal de Rafaela.

El 24 de junio de 2013, el juez Rodríguez declaró "extinguida la acción" a los 44 imputados. El fiscal rechazó la prescripción y el 22 de octubre propuso doce pruebas -entre ellas incorporar el archivo de la comisión Nogueras a la causa-, pero el juez contestó que ya no era competente, que había "perdido jurisdicción". El fiscal apeló ante la Cámara. "El juez Rodríguez intentó cerrar una causa tramitada en forma fraudulenta. Y la decisión no hace otra cosa que refrendar la posición que ha tenido el magistrado desde el 28 de mayo de 2008, momento a partir del cual el expediente quedó sumido en un letargo inexplicable de cinco años, directamente proporcional con la historia que se repite en estos días", advirtió.

El 13 de diciembre, la Cámara Federal (Sala B) le dio la razón al fiscal Rodríguez y ordenó reabrir la causa, en un fallo unánime de los camaristas Fernando Barbará, Carlos Carrillo y Liliana Arribillaga.

Cinco días después, el 17 de diciembre, el juez Rodríguez ordenó las doce pruebas que había solicitado el Ministerio Público. Y la primera será pedirle al gobierno de Bonfatti "los documentos" de la comisión Nogueras que se guardan en el Archivo Histórico de la provincia para sumarlos a la causa. Y a tal fin, levantó "el secreto bancario" que protege parte del fondo documental hasta el 30 de junio de 2028.

El juez solicitará también -a pedido del fiscal- una copia de la resolución 393 del Ministerio de Gobierno firmada por Bonfatti el 27 de agosto de 2008, cuando era ministro de Binner, y desclasficó el archivo de la comisión Nogueras. El Anexo A describe los "documentos de libre acceso" y el Anexo B los de "acceso restringido" que recién se liberarían a la consulta pública en 2028. Y en ese archivo secreto se destacan:

*Un informe de la Universidad Tecnológica Nacional sobre la evolución de la deuda y el análisis individual por cliente.

*Otro informe de la Universidad Nacional del Litoral de 1.500 páginas con la situación individual de los deudores;

*Un tercer informe de la Universidad Nacional de Rosario.

*Antecedentes remitidos por el Banco Central y la Fiscalía de Estado de la provincia.

*30 casetes con los testimonios de las personas citadas o que comparecieron en forma voluntaria ante la comisión Nogueras y su desgrabación.

*Copia de una de las causas que se tramitó en los Tribunales de la provincia: el expediente 378 bis/93 "Ghezzi, Luís s/denuncia" del Juzgado de Instrucción de la 3ª nominación de Santa Fe a cargo del juez Julio César Costa (cuerpos 1 y 2).

*Informes de auditorias internas y externas;

*Antecedentes de la licitación 1043 IBM e informe técnico del CERIDE sobre la causa 1307/94.

*Antecedentes de las causas del ex fiscal de Estado, Edgar López

*Y una caja con material informático de los juicios del Banco de Santa Fe y de los deudores divididos por regiones.