Desde Santa Fe

Se complica la situación del líder de Apropol, en Tribunales. La jueza Susana Luna (Instrucción 4ª) suspendió ayer la declaración indagatoria de Alberto Martínez por supuestas "coacciones agravadas" al gobernador Antonio Bonfatti y declinó su competencia ante el juez federal Nº1 Reinaldo Rodríguez, a quien remitirá el expediente en los próximos días, al ratificar que las "amenazas" telefónicas al mandatario deben ser investigadas en la causa por "sedición", como dictaminó esta semana el fiscal federal Walter Rodríguez. "Entiendo que tal amenaza resulta parte integrante del contexto en el cual se desarrollaron los hechos de diciembre de 2013 en la provincia. Los mensajes recibidos por el gobernador se dieron en el marco de un movimiento sedicioso tendiente a presionar" al gobierno, señaló la doctora Luna en una resolución que firmó al mediodía y a la que tuvo acceso Rosario/12. El lunes, el fiscal Rodríguez había imputado a Martínez y a otros cinco policías en actividad, el primero como instigador y los otros como presuntos autores de "sedición", un delito no excarcelable, por lo que ahora las indagatorias seguirán en el fuero federal.

La doctora Luna declinó su competencia ante un pedido del fiscal N 4 Juan Pablo López Rosas, quien coincidió con su colega, el fiscal Rodríguez, al considerar que "el delito de sedición es de indiscutida competencia federal" y por lo tanto "los hechos que se investigan" por las amenazas a Bonfatti "son atrapados por la figura penal referida", dijo. Y solicitó a la doctora Luna que se aparte de la investigación y despache el expediente al juez federal Nº1.

El fiscal López Rosas pidió la declinatoria de Luna el jueves, veinticuatro horas antes de la indagatoria de Martinez, prevista para ayer, a las 9.30. Ante el requerimiento fiscal, la jueza suspendió la audiencia con el líder de Apropol y al mediodía resolvió apartarse de la investigación para que ésta se unifique en la justicia federal.

El dictamen de López Rosas generó cierto pataleo en el despacho del procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre. "Yo no estoy de acuerdo", le dijo Barraguirre a un interlocutor que tenía a mano, pero ya era tarde para una contraorden. Barraguirre recordó que una parte sustancial de la prueba -las escuchas telefónicas a Martínez ordenadas por el juez Javier Beltramone (Instrucción 9ª)- se logró en la primera etapa de la causa, en los Tribunales de Rosario. Después, otro juez subrogante, Juan Andrés Donnola (Instrucción 7ª) declinó la competencia ante la jueza Luna, de Santa Fe. Y ahora la magistrada decidió girar el expediente al juez federal Rodríguez.

En el requerimiento de instrucción que imputó a Martínez y a los cinco policías en actividad -los sargentos: Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani, el suboficial principal Oscar Alberto Aguirres y el agente Alejandro Miguel Zamaro- el fiscal Rodríguez valoró las escuchas. "El contenido de las conversaciones evidencian la voluntad de Martínez de provocar e incentivar el comportamiento sedicioso de los policías en actividad", sostuvo.

Martínez admitió en la causa que mandó "mensajes de texto" al celular de Bonfatti, a quien llamó "negrero y explotador por pagar al personal policial 5.000 pesos de bolsillo". La jueza Luna citó el contenido exacto de uno de ellos. Decía: "Explotador y negrero de los policías, te hago responsable de todo lo que suceda, no puedes decir que no te lo adelanté. Facineroso".

"El mensaje que recibió el gobernador en su teléfono no resulta una cuestión que deba ser investigada de manera aislada", dijo la doctora Luna. "Todo lo contrario, entiendo que tal amenaza resulta parte integrante del contexto en el cual se desarrollaron los hechos de diciembre de 2013 en la provincia. Y así lo entendió el fiscal de Estado (Pablo Saccone), al denunciar que se promovía una huelga con descontrol civil para presionar al Poder Ejecutivo para que acceda a los reclamos" policiales. El doctor Saccone "también entendió que los hechos demuestran que la actividad desplegada en diciembre de 2013 fue dirigida contra el Estado provincial y sus habitantes" para imponer "una situación de caos social" y poner "en peligro la seguridad de todos los ciudadanos", agregó.

"Los mensajes recibidos por el gobernador se dieron en el marco de un movimiento sedicioso tendiente a presionar" al gobierno para mejorar las "condiciones laborales" de los policías" y "valiéndose para ello del abandono acentuado de las actividades propias de la seguridad que perturbaron la tranquilidad" pública, señaló la jueza Luna.

"En definitiva, corresponde hacer lugar al planteo fiscal" y "cesar mi intervención en esta causa. Primero, para favorecer la armoniosa aplicación de la ley, la economía jurisdiccional, evitar la multiplicidad de procesos y agilizar la actividad probatoria. Y segundo" porque "la figura de sedición" y "las amenazas (agravadas) cuando tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos" son de competencia federal, concluyó Luna.