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Ex jefes policiales del departamento 9 de Julio fueron condenados por graves delitos en el manejo de fondos públicos. El juez de Sentencia de San Cristóbal, Fernando Gentile Bersano, condenó a cuatro ex jefes policiales de la Unidad Regional XII, departamento 9 de Julio, por graves delitos cometidos contra la administración pública. La sentencia dictada el miércoles, y que no se encuentra firme, alcanza a los ex jefes de unidad, Carlos Homero Hernández (54) y Marcos Darío Ayala (52); al subcomisario Néstor Hugo Cejas (44), que ocupaba el cargo de "habilitado" o administrador, y al jefe de Logística, Pablo Marcelo Rodríguez (54), según publicó el diario El Litoral.

Las penas más altas, seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, fueron para los comisarios Hernández y Cejas, sobre los cuales recayó la mayor cantidad de delitos. Ayala y Rodríguez, en cambio, recibieron 5 años de prisión y la misma sanción de inhabilitación.

Las figuras penales en las que se encuadra el caso comprenden el "peculado de servicio", "falsificación ideológica de instrumento público", "defraudación a la administración pública" y "supresión o destrucción de documento público", todas ellos en calidad de autores y coautores y cometidas en forma reiterada, a lo largo de un período de tiempo prolongado.

El expediente judicial en el que se investigó la conducta de los cuatro jefes tuvo a más de un centenar de personas que durante más de dos años prestaron declaración en los Tribunales de Tostado. Efectivos policiales del departamento 9 de Julio, presos que durante el período analizado estuvieron en la Alcaidía de Tostado, comerciantes de la cabecera departamental, mecánicos y chapistas de la zona pusieron en jaque a los cuatro miembros de la fuerza que habían orquestado la maniobra ilícita.

Los policías que estaban de guardia acusaron a sus superiores de no cumplir con las raciones adecuadas de desayuno, almuerzo, merienda y cena; y los presos sólo recibían el almuerzo, ya que en realidad los fondos se giraban hacia los propios bolsillos de los acusados.

Lo mismo ocurría con los vales de combustible y con los arreglos de los móviles, al punto que se detectó que uno de los imputados pagaba los arreglos de su auto particular con fondos del Estado provincial.

Según la sentencia, algunas de las acciones cuestionadas consistían en "solicitar a diversos comerciantes sobrefacturaciones de mercaderías y bienes destinados a atender el racionamiento del personal policial y de las personas privadas de su libertad alojadas en la Alcaidía de la UR XII; confeccionar y presentar a la administración central planillas de referencia de cantidad de funcionarios y detenidos que eran racionados diariamente en la UR XII falseando la cantidad de comensales que efectivamente eran alimentados y, consecuentemente, hacer figurar en los asientos contables y administrativos una mayor cantidad de raciones a las realmente utilizadas".

Ni la familia del subcomisario Néstor Cejas lo defendió al momento de comparecer en tribunales, al punto que una de sus cuñadas negó que "el cambio de auto lo haya hecho con la herencia que cobró su hermana", como se había dicho. "Nos llamaba la atención cómo en tan sólo un año, mi cuñado Cejas agrandó su casa y compró un auto 0 Km, además de viajar con mi hermana y los chicos casi todos los fines de semana e irse de vacaciones".