Desde Santa Fe

El defensor general de la provincia Gabriel Ganón advirtió esta semana a la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados sobre el "trato cruel, inhumano y degradante" que padecen casi 1.400 detenidos en cárceles y comisarías de Santa Fe y responsabilizó al gobierno de Antonio Bonfatti por sus consecuencias. Explicó que la realidad más dramática se vive en el sur, donde 1.379 están alojadas en comisarías, "lo que significa que casi el 50 por ciento de las personas privadas de su libertad" en Rosario y en ciudades cercanas "están en lugares inadecuados". En la zona centro norte el porcentaje es menor. "La situación es gravísima", afirmó.

Ganón entregó ayer en la Legislatura el informe sobre el Plan de Monitoreo de cárceles y comisarías que los defensores públicos realizaron entre el 2 y el 9 de enero. A mediados de febrero, ya había presentado en los Tribunales de Rosario un habeas corpus en amparo de los 1.379 detenidos en las unidades regionales de Rosario, Belgrano, Caseros, Villa Constitución, Cañada de Gómez y San Lorenzo que "no satisfacen las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de Naciones Unidas".

"La situación más grave la encontramos en Rosario", dijo Ganón "Hay casi 1.400 personas detenidas en comisarías en la zona sur, para ser más exactos 1.379. Eso significa prácticamente el 50 por ciento de las personas privadas de libertad por órdenes judiciales de la zona sur que están en lugares inadecuados".

"En muchos casos, hemos detectado graves problemas en la provisión de agua potable. Hay muchas comisarías donde los presos no tienen acceso al agua potable o es restringida. La situación más grave es en la Alcaidía de Rosario, donde ya hubo dos incendios en el último año, uno que le costó la vida a tres personas y otro a una y todavía no funciona la red de incendio. En su momento, presentamos un habeas corpus, tuvimos una audiencia con juez (Javier) Beltramone, el Ministerio de Seguridad se comprometió a habilitar la red de incendios en una cárcel donde hay 470 detenidos, pero sigue sin funcionar. Además no tiene un plan de emergencia para casos de incendios. El incendio en el que murieron tres personas no fue una catástrofe mayor porque las puertas del patio estaban abiertas, si hubieran estado cerradas, hubiéramos tenido en Santa Fe otro caso Magdalena, habría muerto casi toda la población del penal. Y otro problema que detectamos es que en las comisarías los colchones son de poliuretano, que si se prenden fuego despiden cianuro y la persona que aspira ese gas se muere".

Ganón dijo que el "trato inhumano" se detectó también "en la provisión de alimentos, que es inadecuada y cuando llegan están en malas condiciones o en mal estado. El gobierno debe dar cuenta de cómo se compran y cómo se reparten esos alimentos, porque los detenidos nos dicen que son sus familias las que les proveen la alimentación. Sin embargo, hay fondos públicos que se derivan a ese destino", explicó.

En el plenario de Derechos y Garantías participaron también el presidente de la Cámara, Luis Rubeo y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Leandro Busatto, quien arrancó con las preguntas. "¿Usted dice que el 50 por ciento de los detenidos están en comisarías? -le planteó el legislador.

-En la zona sur; en la zona centro norte es un porcentaje menor -contestó Ganón. Y ofreció otros ejemplos de sobrepoblación en penales transitorios: las comisarías de la ciudad de Santa Fe, donde "también hay problemas graves". "En la seccional 3, el cupo oficial es para 14 detenidos y hay 41 alojados. Y en la seccional 6, el cupo es cuatro y hay 22. En la seccional 9, el cupo es cinco y hay 18. En la 25, el cupo es tres y hay 14".

-¿La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia intervino en estas cuestiones? -volvió a preguntar Busatto.

-No, la única intervención que ha tenido es en las demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo Ganón.