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(Desde Santa Fe)

El juez de sentencia N 3, Cristian Fiz, resolvió ayer que la investigación penal por la catástrofe del río Salado en 2003 no está prescripta, a pesar de que el 29 de abril se cumplirán once años de la tragedia -﷓que dejó 23 muertos directos y un tercio de la ciudad bajo agua-﷓ y el delito que se reprocha tiene una pena máxima de cinco años. En la causa están procesados tres ex funcionarios de Carlos Reutemann: el ex intendente Marcelo Alvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti, por supuesto "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas".

El juez rechazó un pedido de la defensa de Alvarez, a cargo de los penalistas Alejandro Paz y Pablo Guastavino, para que declare "prescripta la acción penal" y disponga el "sobreseimiento" de los imputados, que ahora podrán apelar ante la Cámara Penal de Santa Fe. El recurso fue presentado hace siete meses, el 20 de agosto de 2013 y desde entonces, la causa está frenada, por lo que seguirá en ese estado hasta se expida la Cámara y luego, la Corte Suprema de la provincia, si es que después no recurren a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez Fiz dará a conocer hoy una copia del fallo, aunque ayer a la tarde la emisora LT10 anticipó que ya había rechazado la prescripción de la causa --y por consiguiente el pedido de los defensores de Alvarez-﷓, tal como plantearon las otras dos partes en el proceso: los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Andrés y los abogados de los actores civiles, los esposos Jorge Castro y Milagros Demiryi.

Fiz es el juez número 22 que interviene en el juicio y el único de sentencia que podía resolver el incidente. Sus colegas ya se habían excusado: Norberto Nisnevich (Sentencia N 1) porque era fiscal cuando firmó el requerimiento de elevación a juicio; María Amalia Mascheroni (Sentencia N 2) fue damnificada por la catástrofe y Enrique Alvarez (Sentencia N 5) intervino en una instancia anterior. Los demás juzgados están vacantes. El magistrado quedó a cargo de la causa el 10 de febrero de este año, cuando el juez subrogante Gustavo Urdiales (Sentencia N 6) dejó el cargo y asumió como fiscal en el nuevo sistema penal. El fallo evita el archivo de la causa, pero no asegura un avance en el juicio que está frenado desde agosto de 2013.

Los abogados de Alvarez pidieron la "prescripción" con un fundamento "constitucional". El "derecho" de los imputados a "obtener la definición de su persecución penal en un plazo razonable", según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a la Constitución nacional. "Los plazos de la prescripción se han cumplido holgadamente". Y atribuyeron las demoras a los "actores civiles que insistentemente, en todas las instancias, aunque sin éxito, intentaron incorporar a la causa a los ex gobernadores Reutemann y Obeid y de ningún modo puede imputarse a la actividad procesal o extraprocesal del ex intendente Alvarez, que en todo momento prestó su colaboración y estuvo a disposición de la justicia".

En abril de 2013, el procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, había designado a los fiscales Mariela Jimenez y Jorge Andrés y los instruyó para que evitaran más dilaciones en el proceso. "El objetivo es que haya una sentencia antes de fin de año", dijo Barraguirre a Rosario/12. Ya pasó un año y el juicio está muy lejos en terminar en una sentencia si la defensa recurre con el planteo de "prescripción" ante la Cámara y luego ante la Corte Suprema de la provincia y eventualmente la Corte nacional.

En el incidente, los fiscales ratificaron que "la acción penal está vigente". "Se han verificado desde este órgano acusador diversos actos procesales" que impulsaron "el proceso" y manifestaron "la real voluntad del Estado provincial de procurar una sentencia definitiva" en el juicio. Por lo tanto, "no ha operado la prescripción de la acción penal", concluyeron. El juez Fiz les dio la razón. Ahora, habrá que ver que dicen la Cámara y la Corte.