[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde Santa Fe

Al final, la audiencia pública fue secreta. La Sala I de la Cámara Penal había convocado ayer a las partes antes de resolver si se inicia una investigación al presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof o se archiva el expediente. Pero no hubo debate oral. El abogado de Vorobiof y la fiscal Liliana Lauxmann se limitaron a entregar sus alegatos por escrito, el tribunal dejó constancia en un acta y ahí terminó todo. La prensa quedó afuera. Ahora, la Cámara integrada por los jueces Roberto Prieu Mántaras, Sebastián Creus (Sala II) y Jaquelina Balangione (Sala IV) tendrá diez días hábiles para resolver si se investiga a Vorobiof o se cierra la causa. El fiscal N 7, Jorge Andrés imputó y pidió la indagatoria de Vorobiof en setiembre de 2013. Ayer, al finalizar el trámite, evitó opinar sobre la estrategia de la defensa, pero advirtió sobre sus resultados: "La causa hace seis meses que está parada y no se pueden llevar adelante los actos de investigación".

El juez Prieu Mántaras explicó que el viejo Código Procesal de la provincia -que se aplica al caso﷓ "establece dos posibilidades, que se valore el mérito de la prueba in voce, en forma oral, o en caso contrario, se presenten memoriales escritos y eso es lo que ocurrió. Por lo tanto, los autos pasaron a fallo del tribunal, que ahora tiene diez días hábiles para resolver".

El nudo del debate es si Vorobiof puede ser investigado o no. El requerimiento de instrucción de la causa fue presentado por el fiscal Andrés, en setiembre de 2013. Y poco después, el juez Jorge Pegassano (Instrucción 1) decretó la apertura del proceso. El abogado de Vorobiof, Roberto Busser, planteó la "nulidad" de la denuncia fiscal y del decreto del juez. Pegassano lo rechazó. Y Busser apeló ante la Cámara que reabrió la causa a prueba, que es una vía infrecuente. El argumento de la defensa es que Vorobiof no es "funcionario público", a pesar de que fue designado en el cargo por el ex gobernador Hermes Binner en 2010 y confirmado por su sucesor, Antonio Bonfatti, en diciembre de 2011.

"Estamos resolviendo una cuestión que hace a la iniciación del proceso, que está en la etapa instructoria porque se rige por el viejo Código Procesal, que establece expresamente la reserva de las actuaciones en esta etapa, es decir que no son de conocimiento público", dijo Prieu Mántaras. "Esto va a ser público si llega a la etapa de juicio. Hoy sólo las partes son las que tienen la posibilidad de conocer las actuaciones, sin perjuicio de la publicidad de las decisiones judiciales, porque eso sí forma parte de los actos de gobierno, por lo tanto las decisiones sí son públicas", agregó.

El fiscal Andrés evitó opinar sobre la estrategia de la defensa cuando le preguntaron si el incidente era una medida dilatoria. "No puedo hacer comentarios sobre la estrategia de la contraparte, esa es una valoración que tiene que hacer el imputado y su defensa sobre los pasos procesales a llevar adelante. Creo que a mí no me corresponde hacer una apreciación de ese tipo. Lo que sí, estos son los resultados. La causa hace seis meses que está parada y no se pueden llevar adelante los actos de investigación", apuntó.