El loteo Tierra de Sueños Puerto General San Martín fue presentado como "un desarrollo urbanístico sin precedentes". El arribo de la firma Aldic al cordón industrial fue recibido con los brazos abiertos por el intendente Carlos De Grandis, al punto de prestar las instalaciones de un centro cultural municipal para lanzar oficialmente el barrio residencial, allá por 2011. Sin embargo, el proyecto previo a la urbanización distaba bastante de lo que finalmente resultó. Apoyado en una ley provincial de expropiación, el jefe comunal de Puerto había impulsado "la ejecución de planes colectivos de viviendas". Pero en un acuerdo con el titular del campo y la desarrolladora, modificó el proyecto y le dio vía libre al negocio.

La urbanización tiene 2.300 lotes en 122 hectáreas en autopista Rosario - Santa Fe y ruta provincial nº 18. Al momento de su lanzamiento, los privados asumieron el compromiso de prestar servicios de agua potable con planta potabilizadora propia, redes eléctrica y de gas natural, saneamiento cloacal y red de alumbrado público solar.

Sin embargo, la historia del megaemprendimiento tiene un pasado desconocido en su génesis, con una propuesta alterada de su primer trazo. El cambio de destino comenzó a materializarse en octubre de 2011. Cuatro años antes, una fracción del loteo, compuesta de 40 hectáreas, había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación a través de la ley provincial 12.938, "en un todo de acuerdo con la ordenanza 001/07", sancionada el 22 de marzo del año 2007. En ese momento, se prometió el desarrollo de un complejo de viviendas en el predio que pasó a formar parte del Estado puertense. El titular de las tierras era Hipólito Enrique Maceratesi, a quien el Ejecutivo tiempo después le inició juicio, por oponerse al proceso de expropiación tras "considerar exigua la suma depositada por el Municipio".

Pero en 2011, "con el objeto de poner fin a las diferencias", Maceratesi y la desarrolladora Tierra de Sueños S.R.L. elevaron al Ejecutivo "una propuesta de significativa importancia" para la comunidad de Puerto General San Martín. Dicho ofrecimiento fue revelado a través del Mensaje 021/11, ingresado el 19 de octubre de 2011, que autorizó a De Grandis a aprobar la propuesta inmobiliaria. Para resolver el conflicto pasado, el titular del campo propuso una devolución en favor del municipio de 2.406.360 pesos, monto que ya había sido abonado y depositado el 6 de diciembre de 2010 por la administración municipal a raíz del trámite de juicio expropiatorio.

A raíz del acuerdo "beneficioso", Maceratesi expresó, con cargo de declaración jurada, su voluntad de renunciar a la interposición de juicio de expropiación inversa contra la municipalidad y/o la provincia, otorgando, a su vez, "consentimiento" para el desarrollo de "cualquier tipo" de emprendimiento urbanístico. Como contraprestación, el Ejecutivo se comprometió a desistir de la acción, con la salvedad de que los gastos, honorarios y costas judiciales debían correr por cuenta de los demandados. No obstante, el edil opositor del Frente Puertense Jorge Ru afirmó, en diálogo con Rosario/12, que Maceratesi "no quería vender el campo, nunca estuvo en sus planes", y mencionó a su vez la palabra "apriete", como explicación para la comercialización definitiva de las tierras.

Mientras el titular del campo y Tierra de Sueños S.R.L. informaban un acuerdo para la compraventa de las restantes fracciones que conforman el inmueble de Maceratesi, por un total de 82 hectáreas, el Ejecutivo aseguraba que el loteo incidiría "provechosamente" en la comunidad, "por la afluencia de mano de obra, de inversión de capitales y de desarrollo urbanístico y edilicio".

En mayo pasado, el Concejo sancionó un reglamento de edificación "de cumplimiento previo e inexcusable" para Tierra de Sueños, que contiene requerimientos exclusivos para el loteo, referidos a la construcción de viviendas.

Ru afirmó que "numerosos vecinos" de Puerto concurrieron al bloque legislativo que integra "solicitando información sobre el estado del loteo", dado que aún no se les permitió tomar posesión pese a que eso se había establecido para el 30 de diciembre pasado. A la vez, asegura que los loteadores tendrían dificultades para prestar los servicios que habían prometido. "No se contaría con el servicio de gas y la electricidad se daría gracias a una futura inversión del gobierno nacional para llegar con más energía a nuestra ciudad", aseguró Ru.

"Se está legislando sobre algo que no está autorizado ni siquiera por la Provincia", agregó el concejal, quien señaló que el loteo no recibe el visto bueno de Medio Ambiente "porque se inundaba, tal como quedó demostrado con la última lluvia", dijo. Asimismo, reveló que en una zona cercana, pero en la ciudad de San Lorenzo, hay asentadas dos empresas: IDM y Bravo Energy, que depositan "residuos peligrosos", cuyas chimeneas "descargan 200 días en el año en esa zona". Por ese motivo, el loteo "no resiste un estudio de impacto ambiental".