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Desde Santa Fe

Otro represor murió impune. Uno de los comandantes de Gendarmería que dirigieron la cárcel de Coronda en los años de la dictadura, Octavio Zirone, falleció en Buenos Aires, según informaron ayer fuentes judiciales. El deceso se produjo la semana pasada en la sala de unidad coronaria del Hospital Militar Central. Zirone estaba detenido para ser juzgado este año por el Tribunal Oral de Santa Fe, junto con sus sucesores en el cargo y también comandantes de Gendarmería, Adolfo Kushidonchi y Juan Angel Domínguez, por "tormentos agravados" a 39 presos políticos -﷓y los últimos dos-﷓ por los "homicidios" de Luis Alberto Hormaeche y Raúl San Martín. Zirone fue quien entregó al desaparecido Daniel Gorosito a un grupo de tareas que mandó a buscarlo hasta la cárcel el ex jefe de la Policía de Rosario y comandante de Gendarmería, Agustín Feced. Fue el 20 de octubre de 1976. Ocho días después, Gorosito desapareció en "El Pozo" del Servicio de Informaciones de Rosario, donde lo vieron por última vez.

En la investigación del terrorismo de estado, la justicia logró probar que la cárcel de Coronda era un eslabón de "la maquinaria represiva", donde los detenidos políticos padecían los mismos suplicios que en los centros clandestinos y se "cometieron las más aberrantes violaciones a los derechos humanos". Todo, bajo "el ropaje de un centro de detención legal para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo o de jueces federales".

Zirone dirigió la cárcel de Coronda desde el 24 de agosto de 1976 hasta el 7 de diciembre de 1977. Formaba una dupla con Kushidonchi. Y un par de meses lo reemplazó Domínguez. "Durante 1977, los internos eran trasladados a las comisarías 1 y 4 de Santa Fe, en algunos casos sin dejar asiento de su salida del penal, donde fueron sometidos a torturas y permanecieron encapuchados y esposados por días y semanas. Y bajos esas condiciones, se les recibía declaración indagatoria", dice la acusación que pesaba sobre el imputado. "Esta circunstancia también fue utilizada como un instrumento de presión psicológica y de hostigamiento, ya que los internos debían soportar la amenaza de ser sacados del penal, sufrir torturas o bien, no regresar, como sucedió con Daniel Gorosito, quien luego de ser trasladado a Rosario en octubre de 1976, fue sometido a torturas y asesinado".

Para la justicia que ahora no podrá juzgar a Zirone, pero sí a Kushidonchi y Domínguez, los tres formaban parte de "una organización criminal" que aplicó un "plan sistemático" para la "eliminación física o neutralización ideológica de los opositores políticos" a la dictadura. "Ocuparon importantes cargos dentro de la estructura represiva estatal y desde la dirección del penal de Coronda comandaron, organizaron y ejecutaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos" que les imputó el Ministerio Público: "tormentos agravados" a 39 presos políticos y en el caso de Kushidonchi y Domínguez los "homicidios" de Hormaeche y San Martín.

El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó a los tres gendarmes el 29 de junio de 2012. La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento el 6 de mayo de 2013. Zirone y Kushidonchi apelaron ante la Cámara de Casación Penal, que rechazó el recurso un mes después, el 28 de junio de 2013. En octubre, el fiscal federal Walter Rodríguez hizo el requerimiento de elevación a juicio, por lo que ahora el Tribunal Oral de Santa Fe debería definir la fecha del debate.

Entre marzo y setiembre de 1976, antes de dirigir la cárcel de Coronda, la dupla Zirone﷓Kushidonchi estuvo al mando de la unidad penal N3 de Rosario (UP3), un período por el que el fiscal Gonzalo Stara los acusó por la "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos agravados" a 40 ex detenidos políticos. La causa se inició en abril de 2013 ante el juez federal N 4 de Rosario, Marcelo Bailaque.

Según la imputación en Santa Fe, Zirone y compañía "tenían absoluto poder de decisión sobre las acciones represivas" en la cárcel de Coronda. "Tenían plena conocimiento de las vejaciones y torturas efectuadas por el personal a su cargo, los traslados a diferentes centros clandestinos de detención y dependencias policiales, las sanciones arbitrarias que se imponían a los detenidos por razones políticas y las condiciones infrahumanas en que se encontraban".