La Justicia rechazó el acuerdo por el que se pretendía condenar en juicio abreviado a tres acusados de integrar una asociación ilícita para cometer secuestros virtuales telefónicos, mediante extorsión. Sucede que los delitos y la pena acordada por las partes, "no se adecua a las leyes", según expresó el juez Gustavo Pérez de Urrechu, y los imputados seguirán presos a la espera de una nueva resolución. Sin embargo, en el caso de una de las integrantes, que está embarazada, el magistrado aceptó que recibiera la condena de 5 años de prisión domiciliaria debido a su condición.

Las penas ofrecidas por la fiscalía, en acuerdo con los abogados de los acusados integrantes de la comunidad gitana, como propuesta de juicio abreviado, eran de 5 años de prisión domiciliaria, para Lucas Ramiro G., Luis C. y Gladys C. (la única que fue aceptada), por los delitos de asociación ilícita y coautores del delito de extorsión; y 3 años de cárcel con salidas laborales, para Sergio Damián Z., también considerado miembro de la organización, en calidad de partícipe secundario. Al mismo tiempo, ofrecieron 360 mil pesos para reparar a ocho víctimas de secuestros virtuales consumados.

En la causa hay una quinta persona acusada, que no aceptó ser juzgada con la alternativa de juicio abreviado, sino que seguirá los procesos comunes de llegada a juicio. Se trata de Gustavo M., apodado Masacote, sindicado organizador de la banda.