La situación de la Subsecretaría de Niñez de la provincia, órgano de aplicación de la ley 12.967, genera preocupación en los más diversos actores. Los colegios profesionales de Psicólogos, Trabajadores Sociales y Abogados pidieron una reunión con la flamante directora, Fabiola Piemonte, para plantearle sus inquietudes. Tras la entrevista a la ministra de Desarrollo Social Mónica Bifarello, que ayer publicó Rosario/12, las presidentas de los Colegios de Psicólogos, Andrea Bordignon, y de Trabajadores Sociales, Fernanda Díaz, manifestaron "la expectativa de los Colegios de que la jerarquización del trabajo se realice, considerando que no tiene que ver solamente con la diferencia salarial, aunque esto es fundamental". Bifarello anunció el pase a planta de 290 trabajadores en toda la provincia, y un inminente suplemento salarial para equipararlos con otras áreas, como Salud. Las presidentas de los Colegios respaldaron los reclamos de los trabajadores del área y subrayaron que la demora en la concreción de estos anuncios -que llamaron "mientras tanto"- "generan desgastes serios en los trabajadores, y situaciones graves en relación a la asistencia". Por ejemplo, los equipos interdisciplinarios tienen más de 200 situaciones de niños con vulneración de derechos a cargo, lo que impide el seguimiento necesario y -afirmó Díaz- "compromete la ética profesional", ya que el estado no brinda las herramientas para desarrollar la tarea.

Los Colegios sostienen una "mirada de colaboración" con Niñez. De hecho, Silvina Fernández, la representante del Colegio de Trabajadores Sociales en el Consejo Provincial de la Niñez -que por ley debe reunirse al menos tres veces al año pero en 2014 sólo lo hizo en mayo-, recordó que el año pasado presentaron una iniciativa para mejorar la financiación de la Subsecretaría a través de una modificación de la Ley de Juegos.

Hoy, en Niñez, el 40 por ciento del personal trabaja con contratos o directamente en negro. "La jerarquización se plantea porque este área requiere profesionales con experiencia, formación, trayectoria en el tema, con cargos concursados, y para eso se necesita una estructura burocrático-institucional pensada en el tiempo que apueste a la formación en servicio, a recuperar los problemas complejos que se presentan, que acordamos con la ministra que son más complejos y diferentes a los de hace algunos años", indicó Díaz, en diálogo con Rosario/12.

Como integrante del Consejo, Fernández afirmó: "Nos llegan las preocupaciones de los propios trabajadores por las condiciones en las que se están trabajando". En ese punto, señaló que la ley prevé dos tipos de medidas: de protección y excepcionales, cuando el niño o la niña debe ser separado de su familia. "Las medidas de protección están restringidas o privilegiadamente asignadas a los servicios locales que no sólo deben tener equipos profesionales sino que debe haber recursos y diseño de recursos para que esas medidas de protección tengan cierta efectividad", subrayó la profesional. En Rosario, ese servicio aún no está creado. De hecho, es uno de los puntos del proyecto de Declaración de Emergencia que presentó la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Concejo Municipal, en junio pasado.

Díaz fue contundente al trasladar la preocupación de los profesionales de Trabajo Social en cuanto a las políticas de Niñez. "Lo que se les solicita en relación a la intervención, sin recursos adecuados, compromete la ética profesional", dijo la presidenta de ese colegio. Para Díaz, "no se está garantizando la aplicación de la ley 12.967, no hay una política que genere una institucionalidad que permita lo que está planteando la ley, que es la protección de derechos y la restitución de derechos". La profesional consideró que "no se delimitan responsabilidades" ya que "se socializa con trabajadores del primer nivel. Es un sistema montado sobre principalmente atención primaria de salud". En ese punto, cuestionan la organización de la Dirección de Niñez, que depende de la Subsecretaría, a cargo de Cristian Allende.

Díaz es clara al enumerar los problemas. "En principio las guardias (para atender problemas urgentes) no estaban funcionando. Hay una directora de Niñez nombrada recientemente pero hubo tres distintos y hay permanentemente cambios en los que no queda claro a quién dirigirse", detalló. Para ella, "la otra dificultad seria es que se trabaja en el caso por caso, no hay un protocolo o un procedimiento de actuación en relación a qué hacer en situaciones de niños con derechos vulnerados". Al mismo tiempo, recordó que "el 40 por ciento de trabajadores está en negro con tareas de acompañamiento personalizado, acompañamiento institucional y con sueldos de 6.400 pesos". No se trata sólo de un reclamo gremial, que claro que lo es. "Son los que están decidiendo la restitución de derechos y realizan el trabajo con el niño. Se necesita una complejidad y una formación. Además, circula la idea de que ese niño o esa niña va a volver al primer nivel (es decir, a quienes detectaron la vulneración de derechos, ya sea del área salud o algún otra área del estado) y lo van revincular. En esta palabra que plantea la ley se abstraen situaciones concretas sobre las que viven estos niños. No se soluciona el problema de derechos y no se garantiza el cuidado que ese niño necesita para su desarrollo".

También la presidenta del Colegio de Psicólogos, Andrea Bordignon, considera que "hablar de revinculación, para los que están en primer nivel de salud es un ideal que se nos pide pero efectivamente no es una herramienta que hayamos construido con lecturas profesionales. Qué es lo que habría que posibilitarle a una mamá, en cuánto tiempo, si es posible, para que cese la vulneración de derechos".

Otro tema que impide intervenciones adecuadas es la sobrecarga, ya que los equipos tienen que tratar simultáneamente los casos de 200 chicos. Esto ocurre tanto con el llamado "equipo de admisión" como con los que desarrollan sus tareas en los distritos oeste, sur y noroeste. "El primer nivel territorial aparece convocado a situaciones muy complejas, con pocos recursos para activar", afirmó Fernández. Es decir, no existen las herramientas que permitan garantizarles a esos niños no sólo la supervivencia, sino también la escolaridad, entre otros tantos derechos que -inspirada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño- garantiza la ley. Para Fernández, debe quedar claro que "las medidas de protección no son sólo decisiones de los equipos, tiene que haber recursos para viabilizarlas".

También las profesionales respaldaron las observaciones de la Comisión de Asesoramiento en Instituciones de Alojamiento a Niños y Niñas sin Cuidados Parentales, que había denunciado la semana pasada el agravamiento de la situación de los niños por falta de políticas eficaces. "La lógica del cambio del paradigma (de la antigua ley de patronato que regía las cuestiones de "minoridad" a la protección de derechos) supone que las instituciones de alojamiento deben ser de último recurso y en situaciones de mucha gravedad. Pero las instituciones tienen que estar acordes. Que no querramos institucionalizar a los niños no quiere decir que las instituciones de alojamiento sean un horror", subrayó Fernández.

Bordignon fue contundente. "Es una preocupación de los colegios, forma parte de la agenda permanente y es una prioridad plantear en qué condiciones se pueden llevar adelante estas estrategias que se piden tanto a los que trabajan en el primer nivel de intervención local, como en la Dirección de Niñez. Es muy importante que las instituciones puedan suplir lo que la familia no está en condiciones de sostener, por un montón de razones. Pero cuando hay una retracción de las instituciones, por ejemplo, Salud termina resolviendo un montón de temas que aparecen por faltas institucionales, retrocesos. Hay una ausencia de diferentes espacios para poder retrabajar las problemáticas con las familias, con los niños, con la comunidad".

Bordignon plantea un tema de falta de políticas. "Al correrse las instituciones, el trabajador de salud mental, el trabajador social, el abogado, queda muy expuesto, muy en el orden de lo labrado caso por caso. Queda expuesto a resolver la urgencia al nivel de la gestión personalizada. Esto resiente la posibilidad de que una intervención tenga una consecuencia lograda". Como Bordignon trabaja en el primer nivel de intervención en Salud, cuenta desde la experiencia propia que "cuando llegamos a la conclusión de que la medida excepcional es necesaria, el problema está en cómo se lleva a cabo". Uno de los temas que preocupa a los trabajadores es la exposición cuando deben ejecutar este tipo de medidas. La falta de mecanismos aceitados para hacerlo deja a los trabajadores expuestos a la furia familiar, por ejemplo. "El hecho de llevar adelante una medida excepcional y una presencia del estado en el trabajo con los niños requiere de determinados recursos que no están. Para llevar una citación tiene que ir alguien del centro de salud o va la policía. No sería lo mismo hacer una visita con un vehículo que diga Subsecretaría de Niñez", apuntó Díaz y subrayó: "Del territorio para arriba las responsabilidades no están del todo claras". Por eso, su principal planteo fue "apoyar a los colegas de Niñez planteando que no hay institucionalidad ni recursos para llevar adelante lo que plantea la ley".