La Justicia confirmó la prisión domiciliaria y salidas laborales de los dos hombres imputados en la causa por "sustracción" de los mellizos de Zavalla, por considerar que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. De esa manera, la camarista rosarina Carina Lurati rechazó el pedido de las fiscales Lorena Aronne y Marianela Luna, para que se revocara el decisorio de la jueza casildense Mariel Minetti. Así, los acusados continúan con el beneficio que se les concedió en las audiencias del 11 y 12 de agosto pasados, aunque la magistrada de la Cámara Penal ordenó librar oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para comunicar que "los cuatro imputados (los dos que ayer llegaron a audiencia de apelación y sus esposas Andrea y Mariana N.) se encuentran impedidos de salir del país", por lo que deberán hacer entrega de sus pasaportes.

La decisión tuvo que ver con los cuestionamientos que plantearon las fiscales sobre los "escasos" controles policiales en el domicilio y trabajo de los acusados. Al mismo tiempo, la fiscal Luna dijo que hoy se realizará la reconstrucción de los hechos relatados por Liliana Montenegro, la madre de los bebés que aún no fueron hallados. Además, Lucila Puyol, abogada de HIJOS, confirmó que se presentó una denuncia en la Justicia Federal, por el caso.

La causa que investiga el Ministerio Público de la Acusación de Casilda continuará con las medidas planeadas, ya que no hubo modificaciones con respecto al beneficio que la jueza Minetti les dio a los cuatro imputados en agosto pasado. Es que si bien las fiscales apelaron las prisiones domiciliarias y salidas laborales de Germán S. y Luis J., los argumentos no resultaron suficientes a la jueza Lurati, quien confirmó la resolución de primera instancia, tras analizar la situación. "No corresponde a este Tribunal de Alzada modificar las pautas de morigeración (de prisión preventiva). Nada indica que se esté ante un entorpecimiento probatorio, ni que haya existido sospecha de pretensión de fuga", expresó. Las fiscales habían apuntado a que sólo recibieron "dos o tres informes de controles" sobre los detenidos; pero la defensa pidió que no se acuse por eso a los imputados.

En su fallo, la camarista sostuvo que lo que se investiga es "un delito gravísimo; que nos coloca cada día frente a la recuperación de la identidad como un logro ante lo que fuera la más oscura etapa de nuestro país. Los niños que se denuncian apropiados son como cualquiera de aquellos que fueran víctimas en aquel período. Esa seriedad se advierte en la investigación del Ministerio Público de la Acusación (que) no ha acreditado verse impedido de llevar adelante su tarea".

Durante el cuarto intermedio de una hora que separó los agravios -﷓de las fiscales y de los defensores Germán Mahieu y Fausto Yrure-﷓ de la resolución judicial, la fiscal Luna expresó que hoy se realizará una reconstrucción "fundamental", que comenzará en Zavalla, donde la madre hizo contacto con tres de los imputados. Luego se habría dirigido en auto hacia Casilda por la ruta 33, allí cambian de vehículo y suben a uno conducido por la cuarta imputada y se trasladan a la clínica de la UOM, en Casilda, donde fue el parto (que se presume clandestino). Luego vamos a ir al Eva Perón de Granadero Baigorria, donde Montenegro fue atendida más tarde, por una complicación tras el parto".

Luna recordó que tras la denuncia, en las primeras entrevistas con la mujer se menciona la casaquinta, que días atrás Montenegro dijo que era "de Dante Binner", donde al parecer se hizo controles durante el embarazo. "Su nombre surgió cuando la mujer comenzó a dar más detalles. Aunque hay una línea de investigación, no tenemos elementos indicativos que nos hagan tomar medidas al respecto", dijo Luna.

"Nosotros entendemos que el delito de sustracción de menores es continuado, de máxima gravedad, que roza con un delito de lesa humanidad. Estamos hablando de un delito de sustracción y retención de menores de edad, es decir con una pena altísima (de 5 a 15 años) que se puede prever, de ejecución efectiva", planteó.

En tanto, ayer la Agrupación HIJOS presentó una denuncia en la Fiscalía Federal Nº 2, según confirmó Puyol, para que se investiguen los posibles delitos de "sustitución de identidad, falsificación de documento, desaparición forzada de personas o apropiación". La fiscal Luna fue cauta al hablar de la competencia, ya que hay delitos que no constan en el legajo del Ministerio Público de la Acusación.