La jueza de Casilda Mariel Minetti dejó ayer en libertad a los cuatro imputados por el robo de mellizos recién nacidos ocurrido en Zavalla, caso en el cual la hermana Martha Pelloni involucró a un hermano obstetra del diputado Hermes Binner. La magistrada resolvió durante una audiencia no prorrogar la prisión preventiva de los dos matrimonios de Casilda detenidos por el caso: Andrea Novello y su marido Germán Sarvucci; y de Mariana Novello y su esposo Luis James.

Al iniciarse la audiencia, las fiscales del caso, Lorena Aronne y Marianella Luna, solicitaron la prórroga de la prisión preventiva dictada por 40 días contra ambas parejas. Las acusadoras argumentaron que existe riesgo de fuga o posible entorpecimiento de la investigación, atento a que aún no fueron hallados los mellizos presuntamente sustraídos. Los matrimonios están imputados por la presunta sustracción, retención y ocultamiento de los mellizos de Liliana Montenegro, nacidos el 13 de julio pasado.

Las fiscales plantearon tres puntos: en primer lugar "los elementos de convicción suficiente respecto de la probabilidad de la autoría y/o participación punible en el hecho de los imputados". En segundo término que "la pena aplicable atento a la magnitud de la misma en caso de condena sería de ejecución efectiva" y en tercer lugar que "las circunstancias del caso autorizan a presumir el peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio de la investigación".

En este sentido explicaron a través de un comunicado que "la señora jueza resolvió no hacer lugar a la prórroga de la prisión preventiva solicitada en razón de entender que no se daba el requisito mencionado en último término". Es decir que Minetti no valoró que fueran a fugarse o entorpecer la investigación, lo que no deja de ser valorado por ambas fiscales que debieron sostener firmemente el caso tras un duro ataque de distintos actores para desmerecer el testimonio de Montenegro.

La jueza resolvió otorgar la libertad del matrimonio Novello﷓Sarvucci previo pago de una caución de 50 mil pesos cada uno, y bajo la prohibición de salir del territorio nacional. En tanto, estableció una caución de 40 mil pesos a cada uno y la misma prohibición para Mariana Novello, hermana de Andrea, y su marido el médico James.

Los cuatro tiene la obligación de presentarse ante cada catorce días, manteniendo además la restricción impuesta en la resolución de fecha 09/09/2014 por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Segunda Circunscripción en cuanto que se informe a la Dirección de Migraciones y Ministerio del Exterior de la Nación a fin de comunicar que los cuatro imputados se encuentran impedidos de salir del país.

La investigación se inició el 18 de julio pasado luego de que Montenegro, una mujer de 39 años que vive en la localidad de Zavalla, cercana a Rosario, denunciara la sustracción de sus dos hijos recién nacidos, un varón y una nena.

Las fiscales determinaron la presunta participación de los dos matrimonios en el caso, quienes acompañaron durante el embarazo a la víctima presentándose como asistentes de Cáritas.

La coordinadora de la Red Infancia Robada, Martha Pelloni, involucró en el hecho a Dante Binner, un médico de Casilda que es hermano del ex gobernador santafesino.

Según la religiosa, Dante Binner prestó en varias ocasiones una casaquinta que posee en las afueras de Casilda para que Montenegro fuera atendida durante el embarazo por el médico Roberto Calcaterra, que trabaja en una de las clínicas del Grupo Primordial, propiedad de Binner. Pelloni dijo que detrás del presunto robo de bebés existe "una mafia de poder político, social y adquisitivo".

Con la decisión adoptada por la Justicia de Casilda, no queda ningún detenido en el caso. En este sentido la propia Liliana Montenegro se había quejado que las dos parejas acusadas de sustracción de bebés se quisieron "aprovechar" de ella porque es "pobre". Y agregó: "Si hubiera sido al revés, si yo le robaba sus hijos estaría presa con 20 cadenas pero ellos tienen plata y están en sus casas con arresto domiciliario".

"Seré pobre pero voy a hacer que la Justicia tome medidas", afirmó la mujer y dijo sufrir además "daño psicológico y moral".

Lucila Puyol, abogada de HIJOS de Santa Fe, que presentó una denuncia ante la Justicia federal porque entienden que el caso puede tomar ribetes interjurisdiccionales señaló que "acá hay una cuestión muy clara que entrecruza género y clase. La estigmatizan a Liliana Montenegro por ser mujer y pobre. Por lo tanto, su palabra es menos valorada que la de los imputados, que en este caso son dos matrimonios con poder económico, muy relacionados al poder político, económico y social de Casilda. Liliana está muy sola, no tiene apoyo ni del gobierno provincial ni tiene un abogado particular. Incluso, el Centro de Acceso a la Justicia provincial se negó a constituirse como querellante", subrayó.