Desde Santa Fe

Los bloques del Frente Progresista y del Pro frenaron en la Cámara de Diputados un intento de sus colegas del PJ de votar sobre tablas una "declaración de repudio" a las "actitudes antidemocráticas" e "intimidantes" del ministro de Gobierno, Rubén Galassi, porque le mandó una carta documento al presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Daniel Ricotti, para que aclare expresiones que éste había dicho en el fragor de un debate parlamentario sobre la inseguridad en la provincia. Uno de los autores del proyecto, Roberto Mirabella, lamentó que la Cámara no se pronunciara ante la pretensión de Galassi de "censurar, amedrentar y presionar" a Ricotti, pero confió que si la minuta pasa la comisión de Asuntos Constitucionales -donde el justicialismo tiene mayoría- podría tratarse en las próximas sesiones. Ricotti ya tuvo un incidente esta semana cuando el concejal y ex diputado de la UCR, Luis Telesco, lo agredió, insultó y hasta intentó trompearlo, pero no pudo porque otros concejales le cerraron el paso.

Mirabella y su compañera de bloque Rosario Cristiani, presentaron el proyecto en el recinto para que la Cámara declare su "más enérgico repudio a las actitudes antidemocráticas" de Galassi, quien "a través de una carta documento" pretende "cercenar, amedrentar y presionar" a Ricotti por las "opiniones" que éste expresó en el Concejo de Rafaela.

Galassi intimó a Ricotti a que "rectifique o ratifique" expresiones que la prensa le atribuyó en un debate sobre la inseguridad en la provincia, en el que consideró al ministro Raúl Lamberto como "el verdadero responsable" de la crisis, dijo que el Frente Progresista "intenta tapar que tiene un ex jefe de Policía" preso -en obvia referencia a Hugo Tognoli- y agregó que "hasta Galassi está investigado". Esta última expresión es la que el ministro consideró "un agravio que ofende" su "honor" y "dignidad", "menoscaba" su "reputación" y le "causa un grave perjuicio moral y familiar". Y lo emplazó para que en 48 horas "rectifique o ratifique sus dichos", bajo "apercibimiento" de iniciarle "acciones civiles y penales".

Ricotti le contestó con otra carta documento en la que rechazó los cargos de Galassi y le aclaró que se había referido a la "investigación" parlamentaria por el manejo de la computadora Mac del empresario Luis Medina, asesinado el 29 de diciembre en Rosario. La Cámara interpeló al ministro de Gobierno y a su colega de Justicia, Juan Lewis, el 6 de febrero, y tres meses después, el 29 de mayo, creó una comisión investigadora que está en plena tarea.

Mirabella propuso que la "declaración de repudio" a Galassi se votara sobre tablas, pero no logró la mayoría especial. "Lamento que la Cámara no se pueda expedir" sobre las "actitudes antidemocráticas" e "intimidantes" de Galassi, dijo Mirabella. Y defendió el "derecho" de Ricotti "a no ser molestado por sus opiniones" en un debate legislativo. "Lo preocupante es que el ministro pierda tiempo, plata y papel para intimidar al presidente del Concejo de Rafaela", ironizó.

En otro pasaje, Mirabella citó un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), conocido el 30 de agosto, que advirtió sobre las causas de la inseguridad en la provincia: "En Santa Fe, cuatro años de ausencia de gobierno político de la policía muestran sus consecuencias en los gravísimos casos de corrupción y de violencia policial en distintas ciudades. El aumento de la cantidad de personas que mueren como consecuencia del accionar estatal en materia de seguridad es consecuencia del endurecimiento de las políticas".

"En Santa Fe, el gobierno no ejerce una conducción política de unas fuerzas de seguridad que cumplen un rol fundamental en la circulación de la violencia. Luego de la detención del jefe de la policía santafesina Hugo Tognoli en octubre de 2012, se acreditó la connivencia de los más altos mandos policiales con redes de narcotráfico", leyó Mirabella. Y se preguntó: "¿Qué va a hacer Galassi? ¿Le va a mandar una carta documento al CELS porque no le gusta lo que denuncia?".