Desde Santa Fe

La ciudad quedó envuelta en una crisis por homicidios dolosos y violencia extrema. Una situación "desesperante", "dramática", la calificó el intendente José Corral, a poco de conocerse el peor récord histórico: 117 crímenes en lo que va del año, que superó al de 2007, que era de 116 asesinatos en doce meses. Corral volvió a reclamar la llegada de la Gendarmería para contener una tasa de homicidios muy por encima de la media nacional y anunció una medida a su estilo: suspendió la venta legal de armas de fuego y de municiones por 90 días en los comercios del ramo. "Hay una situación extrema de la ciudad que requiere medidas excepcionales y la colaboración de todos. No queremos que un arma o un proyectil vendido en el mercado legal termine en el mundo de la ilegalidad provocando muerte y dolor", se justificó.

El récord de los 117 homicidios llegó con la muerte de dos chicos en el hospital Cullen. Facundo Martínez, 17 años, luchaba por su vida desde el lunes cuando recibió una perdigonada en el tórax, en el barrio Cabal. Y Aiza Ayelén Cardoso, de 16, agonizó una semana con un balazo en la cabeza, que le pegaron en la puerta de su casa, en la zona norte. El fin de semana largo ya se habían producido otros siete crímenes, seis de ellos en 30 horas.

Ante la crisis, Corral convocó el lunes al Consejo de Seguridad y llamó por teléfono al ministro del ramo, Raúl Lamberto y a su colega de Gobierno, Rubén Galassi, para reclamarles que "venga la Gendarmería a la ciudad de Santa Fe", lo que significa que la situación está desbordada o descree de la Policía de la provincia. "Estamos en una situación excepcional que requiere el apoyo de las fuerzas federales, y esperamos que el gobierno provincial eleve este pedido y que haya una respuesta positiva de la Nación", planteó.

La semana pasada, Corral fue uno de los que cruzó a Lamberto cuando éste aseguró que la tasa de homicidios había bajado en la provincia. "En la ciudad de Santa Fe no han disminuido los delitos, todo lo contrario. La situación en algunos barrios es desesperante y la falta de seguridad, grave", lo desmintió.

La tensión política llegó hasta el gabinete cuando el vicegobernador Jorge Henn convocó a los ministros de Antonio Bonfatti para tratar "la situación de Santa Fe" como "tema excluyente". El gobernador estuvo esta semana en México.

Ya el jueves pasado, el Senado había resuelto citar para hoy, a las 9, al fiscal general de la provincia Julio De Olazábal para repasar la agenda legislativa. Pero ayer, Henn aprovechó la coyuntura para presentarla como una "reunión urgente por la inseguridad" convocada por él, aunque los temas serán los mismos que se anunciaron hace una semana: la creación de la Policía Judicial y la ley de Protección a Testigos, que tienen media sanción de Diputados.

De paso, Corral ya le pidió otra "reunión urgente" a Bonfatti, apenas llegue de su viaje a México. "Estamos seguros de que nos va a conceder la audiencia, como ocurrió otras veces", dijo el intendente.

Corral justificó la decisión de suspender la venta legal de armas y municiones. "Nos preocupa el tema de las armas y las municiones que hay en la ciudad, porque tenemos 117 homicidios, lo que representa el número más alto en los últimos años, de los cuales 90 son con armas de fuego. Además hay cientos de heridos, y el Hospital Alassia refleja una dramática cantidad de niños afectados por esta situación. Por eso decidimos suspender por 90 días la habilitación de los comercios, específicamente para estos dos rubros: armas y municiones", explicó.

El anuncio generó reacciones. El diputado del PJ Héctor Acuña lo consideró "una medida más efectista que efectiva". El "problema no son las armas registrables sino las del mercado negro, que la misma Policía facilita frente a un gobierno sin voluntad política para controlar. El desborde que vivimos es producto de haber escondido la realidad durante mucho tiempo y hoy esa realidad supera la ficción", agregó.

La Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca (AICACYP) criticó la actitud de Corral. "Prohibir es mucho más fácil que efectivo", dijo. "Una medida de estas características, daña profundamente a comerciantes honestos que, lícitamente, venden productos habilitados, pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo; y deja a merced de la ilegalidad a aquellos que, por el motivo que fuese requieran en ese período alguno de esos productos".

"La incidencia en la disminución de hechos de violencia y de accidentes con armas de fuego será nula, por cuanto las armas sin registrar seguirían existiendo. Una medida que lleve a ciudadanos honestos a la imposibilidad de cumplir, como proponen algunos a contracorriente del resto de las tendencias mundiales, solo incrementaría la ilegalidad y sería un fenomenal retroceso en el control de las armas existentes en nuestro país".

"Algunos ganarían, seguro; pero la gran perdedora, como puede verse en cada una de las posibles consecuencias sería toda la sociedad, integrada en un 99,9% por gente honesta y de bien. Las armas en manos de la delincuencia quedan fuera de esta discusión. A la delincuencia, nada le importan las leyes y los registros", concluyó.