El fisco provincial intimó a 500 dueños de grandes campos a pagar sus deudas e irregularidades respecto del Impuesto Inmobiliario Rural, por un monto global de 50 millones de pesos, informó ayer el gobierno. Los intimados son productores particulares y sociedades anónimas que poseen superficies agropecuarias cuyo valor fiscal -ínfimo en relación al precio real de mercado de esas tierras- supera los 830.000 pesos. La reforma tributaria de 2012 gravó esas explotaciones con un adicional tributario del 80 por ciento en adelante, y es eso lo que estos grandes contribuyentes decidieron no pagar. Ahora el Ejecutivo amenaza con realizar embargos preventivos, continuar por vía judicial si los incumplidores no se allanan a tributar lo que corresponde. Sólo uno de esos grandes deudores es una compañía con base en Buenos Aires, que explota 67 mil hectáreas distribuidas en 6 estancias, en 5 provincias. Su deuda aquí corresponde a 2.400 hectáreas que explota entre Roldán y Luis Palacios, donde el valor fiscal de la tierra -para calcular la alícuota del impuesto- apenas supera los 6.000 pesos, pero en el mercado cuesta alrededor de 18.000 dólares.

"Se trata de inmuebles rurales en la provincia pertenecientes a sociedades anónimas, explotaciones unipersonales, sociedades en comandita y sociedades de responsabilidad limitada que no pagaron el impuesto determinado al fisco provincial", señaló el secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Sergio Beccari, quien precisó que "los grandes propietarios de inmuebles rurales representan el 10 por ciento de las partidas emitidas y el 30 por ciento del valor total de emisión del tributo rural, que este año representarían recursos por 600 millones de pesos. Lo que dejaron de pagar es el adicional aplicado a grandes extensiones rurales, tal como resultó de la reforma tributaria consensuada entre el oficialismo y la oposición en 2012: un adicional del 80 por ciento de la alícuota para aquellas propiedas cuyo valor fiscal supera los 830 mil pesos, y un adicional del 120 por ciento para aquellas otras que nominalmente superan el valor de $1.870.000.

El recaudador fiscal detalló que en muchos casos, los intimados residen en Buenos Aires, y agregó que "muchos llamaron para preguntar cuánto debían, se les contestó, y priorizaron el no pago, antes que regularizar una deuda legítima", reveló.

"Son contribuyentes que quieren servicios del Estado, que igual se les otorgan y que no cumplen sus obligaciones", enfatizó Beccari. Por caso, el funcionario comparó que a igual potencial productivo, "un productor cordobés paga dos veces más lo que paga un santafesino, y un entrerriano, cuya tierra tiene menor productividad, paga una vez más lo que se paga en Santa Fe por inmobiliario rural". Córdoba emite partidas por este gravamen por unos 1.300 millones de pesos anuales; mientras que Entre Ríos lo hace por $750 millones, y Santa Fe, por $600 millones, según Beccari.

La Administración Provincial de Impuestos (API) promoverá la aplicación de la ley penal tributaria contra los deudores más gravosos. "El plazo a la intimación vencerá en la primera quincena de diciembre. Veremos cómo seguir entonces con los que no quieran cumplir. Hoy el cumplimiento del Inmobiliario Urbano está entre 75 y 78%, y el Rural se paga en el 82% del padrón. Son buenos índices, pero estos casos son inaceptables: hablamos de explotaciones que valen 40 millones de dólares y generan 2 millones de pesos de impuesto, menos del 1,5% del valor", comparó.

Casos

Hubo ejemplos en las revelaciones del secretario de Ingresos Públicos. "El caso más impactante es el de una sociedad anónima con domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en propiedad de 2.000 hectáreas en la zona de Luis Palacios, departamento San Lorenzo, que adeuda cerca de 2 millones de pesos al fisco santafesino. Esta misma sociedad, acumula 67.000 hectáreas en las mejores zonas agrícolas y ganaderas del país, ya que posee inmuebles en Corrientes, Formosa, San Luís y Chaco", detalló el funcionario. Rosario/12 pudo averiguar por otra vía que ese caso refiere a Unicampos SA, empresa creada en 1969, con oficinas en Esmeralda 672, de Buenos Aires, y abocada a la explotación agrícolo ganadera y a la exportación. Controla 6 estancias que suman 67.200 hectáreas en cinco provincias distintas.

"Otra de las sociedades anónimas ﷓continuó el funcionario﷓, también con domicilio fiscal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee 8.100 hectáreas en la zona de Lazzarino, en el departamento General López. Esta sociedad adeuda más de 1.500.000 pesos al fisco santafesino y priva a esa localidad de la coparticipación de dicho impuesto", precisó.

Dentro del grupo de propietarios intimados, "existe otro caso similar, con la forma jurídica de SA y con domicilio fiscal en Buenos Aires, con 1.700 hectáreas ubicadas en Hughes, al sur del departamento General López, que adeuda al fisco santafesino mas de 600.000 pesos", agregó el titular de la Secretaría de Ingresos Públicos.

Las intimaciones también alcanzan a casos de propietarios con domicilio fiscal en la propia provincia de Santa Fe: de 1.200 hectáreas en la zona de Villa Mugueta, departamento San Lorenzo; 2.200 hectáreas en la zona rural de Cañada del Ucle, en el departamento General López; y 1900 has, en la zona rural de Casalegno en el departamento San Jerónimo. Entre los tres propietarios suman 5 millones de pesos de deuda.

En el mismo sentido, Beccari mencionó otro caso llamativo de un contribuyente unipersonal que tiene como domicilio fiscal una casilla de correo y extensiones rurales en las ciudades de Rufino, Correa y Carcarañá: "en total, adeuda cerca de 500.000 pesos con casi 4000 hectáreas a su nombre. Y en la zona rural de Zavalla, otro contribuyente adeuda la misma cifra con 2.100 de campo", añadió.

Con respecto a los pasos a seguir en los casos en que los contribuyentes intimados no paguen sus deudas al fisco, Beccari explicó que se les realizará un embargo preventivo y luego se iniciará un juicio de apremio", concluyó el funcionario.