Desde Santa Fe

La expropiación de La Calamita, el centro de exterminio del terrorismo de estado en Granadero Baigorria, es la ley más votada en democracia, en la provincia. La Cámara de Diputados la aprobó el jueves por quinta vez en once años, todas por unanimidad. En 2003, se convirtió en la ley 12.192 y en 2005, en la 12.462. En 2008 y 2010, se repitió la media sanción de Diputados, pero caducó en el Senado. Y ahora, la Cámara baja volvió a sancionarla por quinta vez (31 a 0), una semana antes de que termine el año parlamentario, lo que abre interrogantes sobre su destino en la otra ala de la Legislatura. La autora del proyecto y diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, reclamó "voluntad" y "decisión política" para concretar la iniciativa. "No podemos quedarnos en intentos fallidos. Es necesario preservar para la memoria colectiva uno de los sitios donde se cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos durante la dictadura", planteó.

Gutiérrez presentó el quinto proyecto de expropiación de La Calamita en noviembre de 2013 porque los dos anteriores ﷓en 2008 y en 2010﷓ ya habían perdido estado parlamentario. El último trámite en la Cámara demandó otro año más.

La serie de sanciones no tiene antecedentes, así que vale repasar las cinco veces que Diputados aprobó el proyecto: el 16 de octubre de 2003, el 8 de setiembre de 2005, el 12 de junio de 2008, el 21 de octubre de 2010 y el jueves, 20 de noviembre de 2014.

El primer intento se transformó en la ley 12.192, pero después se dieron cuenta que expropiaba sólo una décima parte del predio. Era una pifia en un dígito porque declaraba de "interés público" 10.699 metros cuadrados del campo, cuando en realidad eran 106.990 metros cuadrados. Una diferencia de nueve hectáreas. En 2005, se corrigió el "error técnico" ﷓como lo llamaron﷓ con la segunda ley: 12.462, ya durante el gobierno de Jorge Obeid, quien intentó acelerar la expropiación, que se diluyó en el tiempo. Los proyectos de 2003 y 2005 fueron impulsados por los socialistas Eduardo Di Pollina y Alfredo Cecchi.

La posta la tomó la diputada Gutiérrez, quien presentó el proyecto de ley tres veces: en 2008 y en 2010 caducó en el Senado, que no lo trató, así que ahora habrá que ver qué sucede con la media sanción del jueves. La propuesta de la legisladora es expropiar una superficie de diez hectáreas: dos lotes identificados como 9A y 9B, el primero de dos hectáreas y el segundo de ocho.

La Calamita integraba el circuito del terrorismo de estado en el sur. "Era uno de los sitios donde se cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos durante la dictadura", recordó Gutiérrez. "Uno de los más importantes centros clandestinos de detención de militantes sociales, políticos y sindicales que funcionó bajo la órbita del Segundo Cuerpo del Ejército. Se presumen que por este lugar pasaron más de 100 hombres y mujeres que fueron secuestrados, torturados y hoy se encuentran desaparecidos, como así también embarazadas cuyos bebés fueron apropiados. La mayoría de la casos de desparecidos en La Calamita están incluidos en la causa Guerrieri III, que se tramita actualmente en la justicia federal de Rosario", agregó.

En el debate en el recinto, Gutiérrez se quejó por el incumplimiento de una cautelar que ordena preservar la quinta. "Hay una medida de no innovar, pero los jueces no se encargaron de constatar que no se produjera la invasión del predio. Hay una serie de emprendimientos en ese lugar", dijo. "No vemos que la justicia federal esté tomando los recaudos para conservar el lugar y mantenerlo para las excavaciones que se deben realizar ya que por allí pasaron más de 100 detenidos desaparecidos". "El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó un intento excavaciones, que no se pudo llevar adelante y darle continuidad"

La semana pasada, hubo una reunión en la Municipalidad de Granadero Baigorria, en la que participaron Gutiérrez, su colega del Frente para la Victoria, Erika Gonnet -firmante del proyecto de expropiación-, la coordinadora nacional de Sitios de Memoria, Judith Said y otros funcionarios. "Fue un intento de reunirnos con el propietario de la quinta, que había mostrado buena predisposición, pero no se hizo presente", dijo la legisladora.