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La ley que establece el Fondo Compensador del Transporte está firme desde ayer, al salir publicada en el Boletín Oficial de la provincia, tras la promulgación del gobernador Antonio Bonfatti. "Quizás no solucione todos los problemas del servicio, pero seguramente en buena parte, puesto que Rosario, por cantidad de unidades, será uno de los municipios que más participación tenga en el Fondo", calculó el titular de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, autor de la iniciativa.

Esta masa de recursos se compondrá del 5 por ciento de lo recaudado por el impuesto a los Sellos, lo que para 2014 habría significado unos 140 millones de pesos. El Estado provincial, a partir de la ley promulgada, deberá repartir ese monto de acuerdo con el método que defina la Secretaría de Transporte local en la reglamentación de la norma. La propuesta inicial apunta a que el total se distribuya según la cantidad de colectivos urbanos e interurbanos que brinden servicio en cada municipio, y la cantidad de kilómetros recorridos. "Es el modo en que el Estado nacional asigna el subsidio al gasoil, es inobjetable, transparente, por eso le propusimos al gobierno provincial esa modalidad, pero es su facultad definir la aplicación", explicó Rubeo.

En toda la provincia circulan alrededor de 7.400 ómnibus, tanto en la modalidad de transporte urbano como interurbano de pasajeros, de los cuales la mayor parte están concentrados en Rosario.

El servicio interurbano registró un aumento del 17 por ciento en la primera semana del año, por un decreto del Ejecutivo provincial en vísperas de la promulgación de la ley del Fondo Compensador. Un aumento similar al 16 por ciento aplicado en mayo de 2014, y el 17 por ciento en diciembre del 2013.

El decreto firmado al abrir el 2015 por Bonfatti se justificó por "los mayores costos que se han producido" en el sistema para "mantener en buenas condiciones la prestación de los servicios". Se refiere a insumos y repuestos vinculados a chasis, carrocerías, lubricantes, neumáticos, y salarios. A la semana siguiente, la promulgación del norma destrabó un financiamiento de 140 millones anuales.