El juez federal de Santa Fe Francisco Miño dictó el procesamiento de los oficiales de empresa del Banco de Galicia Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah, y de los oficiales de cuenta de Valfinsa Bursátil S.A., Flafio Meijome y Antonio Iturrioz, como autores del delito de lavado de activos unos 40 millones de pesos en 2012 provenientes de la sustracción de ahorros de cientos de personas a través de la sociedad de Bolsafe Valores, e igual medida adoptó con quienes consideró partícipes primarios de ese delito: el ex gerente de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia, Silvio Ariel Gómez, el oficial de cumplimiento del Banco de Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Guillermo Juan Pando, y el oficial de cumplimiento de Valfinsa ante la UIF, Leonardo Perrotta.

En la misma resolución de 136 carillas que responde al pedido del fiscal Walter Rodríguez y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el magistrado además amplió el procesamiento del titular de Bolsafe y único detenido con prisión preventiva, el contador Mario José Enrique Rossini, como autor del delito de lavado de activos y le fijó un embargo de 30 millones de pesos.

Para el resto de los autores, el embargo ascendió a 10 millones de pesos, mientras que para los considerados partícipes primarios de la maniobra fue fijado en un millón de pesos.

El titular del Juzgado Federal N2 dictó asimismo las faltas de mérito para el oficial de cumplimiento del Banco Galicia y Galicia Valores ante la UIF, Enrique Mariano Garda Olaciregui, y el ex gerente del Banco Galicia de Santa Fe, Esteban Marin, por considerar que no estaba probado el lavado de dinero en las fechas en las que ambos prestaron aquellas funciones.

El 10 de marzo pasado, el fiscal Rodríguez, el fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, y el coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios de esa Procuduría, Néstor García Paradiso, habían insistido con el pedido de indagatoria para los implicados en el delito de lavado de activos solicitado en mayo de 2014 y habían ampliado por nuevos imputados. Ambos pedidos fueron parcialmente aceptados por el juez, que el 23 de abril pasado fijó las declaraciones indagatorias.

En aquellas oportunidades, los fiscales quienes individualizaron a más de 400 víctimas de la estafa pusieron de relieve que la normativa antilavado se basa en dos pilares: las entidades financieras, como en este caso el Banco de Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursátil, tienen la obligación de recabar información de sus clientes como Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, ambas manejadas por Rossini para conocerlos y trazar su perfil, y también deben informar cualquier hecho u operación sospechosa a la UIF, autoridad en la materia.