El Estado provincial deberá indemnizar a un menor de edad que recibió un balazo policial e una pierna al resistirse a ser detenido en el marco de una causa penal en la que ya había sido sobreseído. El exceso policial se registró el 29 de agosto de 1996 en pasaje Quintana y Biedma.

Allí el entonces menor de edad Juan Rubén Zapata fue interceptado por tres agentes que descendieron de un móvil de la seccional 18ª. Así se produjo un forcejeo que terminó con el menor herido de bala en una de sus piernas.

Los padres iniciaron una demanda por daños y prejuicios, donde denunciaron que su hijo fue tomado de los pelos, empujado contra la pared y agredido a puntapiés en el suelo. Además acusaron a los efectivos por haber apuntado con el arma a la cabeza del menor. La justicia consideró que la policía se extralimitó en el proceder, condenando a la provincia y al agente Ernesto Fabián Aguirre (autor del disparo), a pagar 4800 pesos a la familia Zapata. El fallo consideró la "responsabilidad del Estado por actividad lícita", a la vez que dictaminó la "responsabilidad concurrente" debido a la resistencia de la víctima.