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Desde Santa Fe

Legisladores, organismos de derechos humanos, gremios de prensa, partidos políticos y expresiones sociales coincidieron ayer en repudiar una editorial de El Litoral que descalificó los juicios de lesa humanidad porque se "ha producido" un supuesto "deslizamiento de la justicia hacia la venganza" y atribuyó el hecho a "fiscales y jueces militantes, cuando no oportunistas y timoratos, que permiten" el atropello de las "garantías constitucionales" de los genocidas. "Derecho, no venganza" propuso el vespertino de Santa Fe, en línea con la editorial de La Nación que salió el mismo día que Mauricio Macri ganó las elecciones: "No más venganza". El planteo mediático generó fuertes reacciones. El diputado del Frente para la Victoria, Leandro Busatto, convocó a "los dirigentes de todos los partidos" a no callarse ante "la ofensa al estado de derecho" y su colega Verónica Benas del partido Pares advirtió que el "objetivo" de la operación "es garantizar la "impunidad" del terrorismo de estado. Los sindicatos de prensa coincidieron: "desligitimar" los juicios apunta a "la restauración de la impunidad", mientras que la organización Hijos sostuvo que se trata de expresiones "de un sector reaccionario y pro dictadura que mienten y tergiversan los datos de la realidad" porque los juicios por violaciones a los derechos humanos cumplen "con todas las garantías" de la Constitución.

El Litoral atacó los juicios porque "resulta evidente que se ha producido un deslizamiento de la justicia hacia la venganza. Fiscales y jueces militantes, cuando no oportunistas o timoratos, permiten que se atropellen las garantías fundamentales", acusó. Y planteó que "los condenados ni los imputados deben morir en la cárcel".

Las respuestas llegaron desde el plano político. El diputado Busatto interpretó "la editorial de El Litoral" como un ataque "a los valores democráticos. Ofende la democracia, el estado de derecho y la posibilidad de afianzar la justicia, la memoria y la verdad", dijo. Y llamó a "dirigentes de todos los partidos políticos" a no callarse y les pidió que "abandonen el temor al rebenque mediático y repudien tamaña agresión a la paz". "Yo sé que esto me puede costar, pero elijo el destierro de alguna tapa a traicionar la democracia y sus valores", agregó el legislador. Sus mensajes en las redes sociales fueron retransmitidos por el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Desde el partido Pares, la diputada Benas dijo que "la realidad demuestra que los juicios contra el terrorismo de estado se desarrollan con absoluto respeto por el derecho de defensa, en audiencias públicas y con la presencia de todas las partes". Es el "funcionamiento pleno de la justicia de la democracia, luego de años de valerosa lucha de sobrevivientes y organismos de derechos de humanos, para enfrentar las leyes de la impunidad y lograr que el Estado argentino asuma un compromiso claro con la verdad y el castigo a los culpables".

"Por eso, no es casual que estas manifestaciones que buscan deslegitimar los juicios de lesa humanidad, provengan de sectores empresarios que avalaron y legitimaron desde sus medios de comunicación el accionar del terrorismo de estado. El objetivo de esta estrategia es el mismo que persiguen desde la recuperación de la democracia: asegurar la impunidad de los genocidas. Solo con Memoria, Verdad y Justicia podremos construir una sociedad democrática", concluyó.

La Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Rosario desmintieron que los juicios se desarrollen sin las garantías del debido proceso y se hayan transformado en "actos de venganza". "El propio diario afirma que desde '2005 en adelante hubo 2.200 imputados" que provocaron "700 sentencias y más del 90 por ciento condenatorias". "Es decir que sobre 2.200 imputados fueron condenados menos de 600. Lo que muestra la existencia clara de juicios ajustados a derecho y con todas las garantías de la ley". "Para ser exactos, según el CELS, entre 2006 y septiembre de 2014 fueron condenadas 503 personas y 42 absueltas. Y antes de llegar al debate oral, los jueces resolvieron la falta de mérito de 112 imputados y sobreseyeron a 54. Es decir que el 30 por ciento de los imputados fue sobreseído, absuelto o se le dictó falta de mérito".

"Estos datos son una prueba de la plena vigencia del derecho de defensa. No se trata de venganza sino de justicia. Es evidente que este tipo de manifestaciones busca deslegitimar el valor de los juicios de lesa humanidad como una estrategia cuyo objetivo último es el fin de los mismos y la restauración de la impunidad", plantearon los gremios.

"A pesar de que todos los partidos, la Corte Suprema de la Nación y hasta los referentes políticos más insospechados se han pronunciado a favor de la continuidad de los juicios, estos sectores retrógrados pretenden instalar un debate que nos haga retroceder en un proceso por el cual la Argentina ha sido reconocida en el mundo entero", expresó el periodista y militante de Hijos, Santiago Garat.