En la semana que terminó, desde el Frente para la Victoria salieron al cruce de las declaraciones del gobernador Miguel Lifschitz y de la intendenta de Rosario, Mónica Fein. Ambos, en distintas oportunidades, se quejaron de la "discriminación" que supuestamente sufrieron la provincia y la ciudad durante la administración kirchnerista. "No los veo quejarse ahora de que Santa Fe recibirá unos 260 millones de pesos menos del fondo sojero", chicaneó el diputado nacional Alejandro Ramos, aludiendo a la baja del 5 por ciento en las retenciones para la exportación de soja que dispuso el gobierno de Mauricio Macri.

Muchos dirigentes del peronismo se quejaron de estas afirmaciones, suponiendo que Fein en Rosario "se olvida de que le dejaron un tren en marcha de 2 mil millones de pesos", apuntaron desde el Concejo y señalaron también -ya a nivel provincial- las obras del gasoducto norte que beneficiarán a miles de santafesinos con el servicio pero también a la industria.

No se mencionó la deuda en materia de viviendas sociales de la Nación a la provincia. Ese sí es un saldo a favor de Santa Fe que prácticamente careció de cupos de viviendas sociales con respecto al resto del país.

Como sea, Lifschitz y Fein están también en la luna de miel con el nuevo gobierno nacional y esperan sacar ventaja de ello. Lifschitz, con el dinero extra que ya recibirá con el fin del recorte del 15 por ciento para financiar al Anses y la promesa de una pronta propuesta de la Nación para pagar la abultada deuda con esta provincia por el mismo rubro. Fein también se entusiasma con una posible llegada de "enviados" nacionales para poder contar con recursos que le permitan oxigenar su gestión en el segundo mandato que comenzó hace pocos días.

El viceministro del Interior Sebastián García de Luca habló la semana pasada con medios de Rosario y aseguró que tiene instrucciones concretas para tomar contacto con los gabinetes de los distintos gobernadores, pero también "con los equipos de las principales ciudades de las provincias. Rosario entre ellas, por supuesto", señaló el segundo en la cartera que conduce Rogelio Frigerio. El joven funcionario aseguró además que Mauricio Macri "será el presidente más federal del que se tenga memoria" y señaló que las instrucciones del mandatario pasan por "que nosotros vayamos a las provincias a relevar los problemas y no tanto que los gobernadores se la pasen gestionando en Buenos Aires, cuando tienen muchas ocupaciones en sus respectivos territorios".

Esta será necesariamente una agenda clave para el nuevo presidente, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de contar con aliados frente a un panorama bastante difícil en el Congreso de la Nación. Pero la relación con las provincias siempre va sobre rieles mientras haya plata para distribuir. Si no es así, los gobernadores se cansarán rápidamente de las fotos y los asados en la Quinta de Olivos.

Como en cada una de las medidas que ha tomado este gobierno, falta poco para que llegue el momento de llenarlas de política porque de por sí solas va a ser difícil que funcionen en lo concreto. Todas necesitan ser revalidadas en la realidad, rodeadas de gestión y acuerdos que la pongan al margen del fracaso inminente.

Cámara de luces y sombras

La Legislatura provincial fue la primera en todo el país en declarar su apoyo institucional a la ley 26.522, más conocida como Ley de Medios. Lo hizo por votación y al rechazar "cualquier ingerencia que afecte la libertad de expresión". Por esas cosas de la política, en el recinto estaban sentados tres de los diputados que en 2009 votaron favorablemente esa ley en el Congreso de la Nación y esta semana volvieron a ratificar su compromiso por la vigencia de esa norma: el ex senador Rubén Giustiniani y la ex diputadas nacionales Silvia Augsburger y Verónica Benas.

El PRO volvió a ratificar también su desprecio por esa norma y la necesidad de resistir que el actual gobierno nacional se la lleve puesta a favor de los intereses suscriptos con los medios concentrados. Norberto Nicotra, ex presidente del partido justicialista de Santa Fe y actual diputado del PRO, lo dijo con todas las letras: "Hablar de grupos concentrados de medios es un latiguillo. Acá el grupo concentrado en la prensa que yo veo es el que ha formado el gobierno que se fue el 10 de diciembre. No estamos de acuerdo con esa ley que trajo un pensamiento único reflejado en el programa 6,7,8 o los chicos llevados a la plaza para que escupan a periodistas. Eso fue un fascismo disfrazado. No podemos avalar esa ley", dijo en nombre de los 10 legisladores provinciales del macrismo. Claro, la respuesta no tardó en llegar. "No hay nada más fascista que cerrar el Congreso, apelar a un DNU para tomar las decisiones que atropellan la Constitución y violan las leyes y desprecian a organismos que tienen autonomía y autarquía por ley", le respondió el diputado kirchnerista Leandro Busatto. O como agregó el legislador radical Fabián Palo Oliver: "Las leyes se sancionan en el Congreso, no en la Casa Rosada".

Rápidos de reflejos

No cabe duda de que el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro es el que tiene la agenda más caliente en el gabinete de Lifschitz. En poco más de una semana de gestión tuvo que reunirse con una familia de Casilda cuyo hijo de 15 años murió luego de drogarse con ácido lisérgico. Se fue a recorrer con el gobernador la zona de la costa rosarina donde los guardavidas se quejan de la falta de controles policiales y tuvo a dos jóvenes fusilados -uno en Empalme Graneros y otro en Fray Luis Beltrán- en el segundo fin de semana como ministro del área.

También la denuncia de Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, el joven que estuvo acusado de disparar sobre la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti que ahora se presenta como víctima de un abuso policial. Mostró fotos y videos de cómo personal del Comando Radioeléctrico ingresó a su domicilio, amenazó con llevárselo de la casa (resistió porque no quería violar la prisión domiciliaria) y terminó baleándolo con postas de goma en un procedimiento por lo menos dudoso.

Por ahora, nada nuevo en el convulsionado panorama de la inseguridad en Rosario y la provincia que tienen algunos rasgos marcados del flagelo que sufre todo el país pero que, sin duda, tiene particularidades que a las administraciones les cuesta reconocer y detectar para erradicarlas.

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