Desde Santa Fe.

La Cámara Federal de Casación Penal (Sala I) declaró la "competencia" del juez federal Reinaldo Rodríguez, para investigar el alzamiento policial de diciembre de 2013, al revocar una resolución de la Cámara Federal de Rosario (Sala A) de junio de 2014 que había consentido un intento del magistrado santafesino de desligarse de la causa y pasarla al fuero ordinario. Desde agosto de 2015, están procesados el jefe de Apropol, Alberto Martínez, como supuesto "instigador" a "cometer delitos" y tres de sus seguidores y oficiales en actividad: Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani, como presuntos "coautores" de "sedición", aunque los cuatro siguen en "libertad condicional".

El fallo cierra el intríngulis que planteó el propio Rodríguez entre febrero y marzo de 2014 al declararse incompetente para investigar, primero, la denuncia por "sedición" policial que impulsó el fiscal de Estado, Pablo Saccone y luego, las amenazas al ex gobernador Antonio Bonfatti. Casación le reprochó al juez de Santa Fe su "evaluación fragmentada" de "los sucesos que constituyeron objetos de denuncia" y a la Cámara Federal de Rosario la sentencia que convalidó la tesis Rodríguez por "infundada" y "defectos de logicidad" que la resienten como "sentencia válida". Con lo cual, le dio la razón al fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez y a sus colegas de Rosario, Adolfo Villate y Claudio Palacín, quienes sostuvieron la "competencia federal" en ambos casos.

En el primer voto, el camarista Mariano Borinsky repasó el conflicto de competencia:

• 5 de diciembre de 2013: Bonfatti denuncia las amenazas en la justicia ordinaria. La causa quedó radicada ante la jueza de Instrucción de Santa Fe, Susana Luna.
• 10 de diciembre: Saccone presenta la denuncia por sedición ante el fiscal federal Walter Rodríguez.
• 16 de diciembre: dos abogados de Capital Federal formalizan otra denuncia contra las cúpulas policiales de las provincias, entre ellas la de Santa Fe.
• 3 de febrero de 2014: el fiscal Rodríguez impulsa la acción penal y sostiene que la denuncia de Saccone y las amenazas a Bonfatti debían investigarse en una sola causa.
• 13 de febrero: el juez Rodríguez se declara incompetente para tramitar la denuncia por sedición. Y a fines de marzo, hace lo mismo con las amenazas a Bonfatti y le devuelve el expediente a la jueza Luna, quien lo despacha al superior común: la Corte Suprema de la Nación.
• 5 de junio: la Cámara Federal de Rosario (sala A) confirma el fallo del juez Rodríguez que se declaró incompetente para investigar la causa por sedición.

• 17 de marzo de 2015. La Corte Suprema de la Nación resuelve que las amenazas a Bonfatti las debe investigar el juez Rodríguez.
• 20 de agosto: Cinco meses después del fallo de la Corte, Rodríguez procesa a cuatro imputados en la causa: al jefe de Apropol, Alberto Martínez por supuesta "instigación a cometer delitos" y a los oficiales Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani como presuntos "coautores" de sedición. Pero a Martínez, le dictó un "sobreseimiento" por las amenazas a Bonfatti, que el fiscal apeló.

Borinsky criticó el fallo de la Cámara de Rosario que ratificó la incompetencia federal y la del juez Rodríguez para investigar el alzamiento policial de diciembre de 2013. "No está fundado", dijo. Y planteó que la "sola condición de funcionarios provinciales" de los policías "intervinientes en los presuntos delitos, no puede por si sola, excluir la competencia federal". "Advierto ûagregó- en los razonamientos efectuados" por la Cámara de Rosario "defectos de logicidad que la resienten como sentencia válida".

Según Borinsky, la "investigación" del juez Rodríguez se sustentó "en una evaluación fragmentada de cada uno de los sucesos que constituyeron objeto de denuncia. Eventos que de haber sido analizados de una manera conjunta con las distintas protestas por parte de efectivos policiales reclamando mejoras salariales que trajo como inmediata consecuencia saqueos simultáneos en forma organizada, resultarían inescindibles en ese contexto de análisis".

"Refuerza mi análisis, que fue la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que en oportunidad de resolver" la competencia por las amenazas a Bonfatti resolvió que debía investigarlas el juez Rodríguez.

"Ante este cuadro de situación, debe considerarse que el objeto de la pesquisa está constituido por hechos complejos que trascienden el interés individual de las partes y que necesaria e inevitablemente deben ser analizados dentro de un único contexto sin que se pueda, a esta altura, descartase las figuras penales que ameriten la intervención federal, sino que por el contrario resulta pertinente profundizar la investigación para determinar la verdadera intención de aquellos sucesos acaecidos" en diciembre de 2013.

El voto de Borinsky reivindica al fiscal Rodríguez, quien planteó que el alzamiento policial no era "una simple huelga", sino que debía ser entendido como "un problema nacional protagonizado por las policías provinciales que tuvieron lugar de manera prácticamente simultánea" a lo largo del país. Y esa "expansión del fenómeno" dio como resultado "una situación de extrema gravedad que trascendió el ámbito local y afectó los intereses de la Nación", dijo el camarista. Y coincidió que los "hechos" guardan "una inevitable relación de conexidad" con los investigados en la denuncia del fiscal de Estado y en las amenazas a Bonfatti.

En el segundo voto, la jueza Ana María Figueroa, ponderó con el "relevamiento" de las causas que hiciera Borinksy y señaló que los "elementos analizados" por su colega demostraban el "desacierto" de la Cámara Federal de Rosario de haber declarado la incompetencia federal y la del juez Rodríguez. En ningún momento, la Cámara rosarina "efectuó una explicación basada en constancias del expediente que sustentara fundamente la denegatoria del fuero federal", ni señaló "cuáles eran las circunstancias por las cuales el fuero local debía ser competente en función de la materia. Tan solo se efectuaron referencias genéricas y sin respaldo argumental al rechazo de la pretensión" del Ministerio Público.

Figueroa dijo que el fallo de la Corte que encargó al juez Rodríguez investigar las amenazas a Bonfatti generó "un nuevo escenario procesal", que también debe tenerse en cuenta" pues la "presunta relación entre esos sucesos y las amenazas al ex gobernador fue señalada por nuestro máximo tribunal".