Desde Santa Fe.

Dos decretos de Miguel Lifschitz quedaron esta semana en foco en la Cámara de Diputados en el debate que aprobó la ley para vender bonos de la provincia por 1.000 millones de dólares, con jurisdicción en Nueva York. El 331/16 asignó una partida de 3 millones 500 mil pesos para contratar a dos "calificadoras de riesgo" que intervienen en el operativo: Fisch Raitings y Moody's Service -que cobrarán 65.000 dólares cada una-. Y el 332/16 que reserva otros 9 millones de pesos para dos estudios jurídicos: Nicholson y Cano, que percibirá 108 mil 900 pesos por sus servicios y Cleary Gottlieb Stenn y Hamilton, que cotizó 375 mil dólares. Ambos fueron firmados por el gobernador el 8 de marzo y según reveló el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Cavallero, aún no están disponibles, "ni en la página del gobierno en la Web, ni en el Boletín Oficial". "Le pido a Lifschiz que los publique", dijo Cavallero. Mientras que su colega del PRO, Sergio Más Varela, descubrió una "inconsistencia" en el decreto 332 porque el contrato que ofreció Cleary, el estudio se hace cargo del "impuesto a las ganancias e ingresos brutos" por sus honorarios, pero el articulo 3 de lo que firmó Lifschiz lo libera de "gastos e impuestos de cualquier naturaleza". "Lamentablemente, estas cuestiones tienen que ser evaluadas en tan corto tiempo y bien podrían haber sido sometidas a un estudio un poco más detallado", criticó el legislador.

Veinticuatro horas antes del debate, el secretario de Finanzas, Pablo Olivares había dicho que las dos calificadoras de créditos" y los dos estudios jurídicos fueron propuestos por el Banco de Santa Fe. "Contratamos lo mínimo indispensable". "A las dos calificadoras que ofrecían las condiciones más convenientes" y a dos "estudio reconocidos", con "antecedentes" en la emisión de títulos en el exterior. "El trabajo de selección se hizo por medio del agente financiero, así que hablamos de entidades expertas, que nos asisten en la elaboración de los documentos para emitir los bonos".

Cavallero y Más Varela coincidieron que "el endeudamiento" que autorizó la Cámara era "el más importante en la historia de la provincia", sin "antecedentes en el siglo pasado". El primero votó en contra, mientras que el segundo a favor, aunque en su discurso lo llamó "voto crítico" (sic).

El jefe del bloque kirchnerista le pidió a Lifschitz que "de a conocer los decretos 331 y 332" porque "no fueron publicados en el Boletín Oficial ni en la página Web del gobierno hasta hoy. "El decreto 331 selecciona a las dos calificadoras de riesgo que seleccionó el Banco de Santa Fe, que no se a quién habrá consultado porque se ha dicho y es cierto, que no tiene experiencia en esto (ni el Banco ni el gobierno). Entonces, no sé dónde de sacó el conocimiento el agente financiero para que aconsejar que se contraten a Fitch y Moody's", planteó Cavallero. "El decreto 332 es el que contrata los dos estudios, uno para que actúe en el orden nacional, que es Nicholson y Cano, y el otro en el exterior: Cleary Gottlieb, que es conocido". Y agregó "al estudio que actúa en el exterior (Cleary) lo han contratado todos los gobiernos, desde (Carlos) Menen en adelante. Porque hay un decreto secreto que todavía, desgraciadamente, existe en la Argentina. Investigamos de dónde viene este estudio jurídico, tenemos toda su historia, y nos encontramos con ese decreto. Lo han contratado todos los gobiernos nacionales, uno detrás del otro", reveló.

Cavallero contó una entrevista con el ministro de Gobierno, Pablo Farías, a quien también le pidió que "actualizara la Web oficial y se publicaran todos los decretos. No se publicaron". Y volvió a reclamarle a Lifschitz que lo haga porque el 331 y el 332 "están vinculados" a los bonos por 1.000 millones de dólares, "nada más ni nada menos".

Más Varela dijo que el Banco de Santa Fe "no está en condiciones de actuar en este tipo de trámites dada su inexperiencia". Sin embargo, "lejos de saltear" a la entidad, los dos decretos de Lifschiz "mencionan la consulta y la necesaria intervención del Banco que, tal vez porque no le queda otra, recurre al estudio Nicholson y Cano, de Buenos Aires y al estudio Cleary, de Estados Unidos.