Desde Santa Fe

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofreció una recompensa de 500 mil pesos por "datos fehacientes" que permitan la captura de uno de los dos oficiales del Ejército prófugos en Santa Fe por delitos de lesa humanidad. Se trata del coronel retirado Ramón Abel Recio, sobre quien pesa una orden de detención del juez federal Reinaldo Rodríguez desde octubre de 2015 y una alerta roja de Interpol desde noviembre del año pasado. El segundo buscado es otro coronel que operaba en el Destacamento de Inteligencia 122, Alberto José Jaime, a quien el magistrado ordenó detener en octubre de 2014, pero se desconoce su paradero desde entonces. Recio está imputado por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en una causa que investiga el asesinato de cuatro militantes montoneros, en enero de 1977 y ya tiene diez presos: dos suboficiales del Ejército: Jorge Alberto Balla y Luis Alfredo Gómez y ocho policías del Comando Radioeléctrico. A Jaime se lo busca por una persecución política que ocurrió un mes antes y terminó con el asesinato de otra militante de la misma organización, Yolanda Ponti, en diciembre de 1976.

El juez Rodríguez ordenó la captura de Recio el 5 de octubre de 2015, cuando lo llamó a indagatoria por la masacre de Ituzaingó y Las Heras junto con los otros diez imputados en el proceso. En los días siguientes, indagó a Balla, a Gómez y a los ocho políticas, pero Recio no compareció ni fue localizado.

El 28 de octubre, el juez procesó a Balla y a Gómez como "partícipes necesarios" del "homicidio doblemente calificado" por "alevosía" y "premeditación" de los dirigentes montoneros: Jorge Luis Piotti, la compañera de éste, Ileana Esther Gómez, Osvaldo Pascual Ziccardi (que era el jefe de la columna) y Carlos Mario Frigerio. Y atribuyó los mismos cargos a los ocho policías: a siete de ellos (Rodolfo Antonio Reible, Carlos Héctor Albornoz, José Rufino Martellini, Ricardo Amancio Brunel, Mario Daniel Aquino y Rolando Martínez) los consideró "coautores" y al último, Abel Antonio Romero, "partícipe secundario". Reible operaba en la Brigada de Explosivos que dependía del Comando Radioeléctrico y se lo señala como "subjefe" en los libros de guardia de 1977

El 5 de noviembre, Interpol emitió una alerta roja con los datos de identificación de Recio, a quien llama "prófugo buscado para un proceso penal", pero el extracto no se publicó en la "zona de acceso público del sitio web de Interpol". El expediente es el número: 2015/72560.

El 1º de diciembre, el juez Rodríguez solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que "ofrezca una recompensa a quien aporte datos fehacientes para dar con el paradero y captura" de Recio y amplió el oficio el 17 de diciembre. Y el 30 de marzo, el ministro Germán Garavano firmó la resolución 149/2016 que ofrece una recompensa de 500 mil pesos "destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultaren determinantes para la detención" de Recio (DNI 8.8488.457), ex integrante del Ejército Argentino, nacido el 8 de enero de 1951".

La investigación de la masacre de Ituzaingó y Las Heras dio un vuelco cuando unos 30 soldados conscriptos declararon en la causa y varios de ellos revelaron que en el ataque del Ejército participó una Sección de Empleo Inmediato (SEI), que dependía del Comando de Artillería 121 y en la que operaban Recio, Balla y Gómez. Uno de los testigos dijo que Recio era "un verdugo bárbaro" y otro expresó que era "un fanfarrón" y "los suboficiales le hacían propaganda, que era 'bravísimo', que entraba a las casas pateando las puertas en los operativos, que era un héroe", según la denuncia del fiscal Walter Rodríguez, quien imputó y pidió la indagatoria de los represores, en setiembre de 2015.

Un tercer testigo dijo que "un soldado comentó que por orden de Recio le disparó a un muchacho indefenso en el procedimiento de Ituzaingó y Las Heras que salió con los brazos en alto y que éste la gritó que le dispare". Y otro recordó al prófugo "por la cara, como si hubiera tenido varicela".

En tanto, el otro coronel, Alberto José Jaime, es buscado desde el 29 de octubre de 2014, cuando el juez Rodríguez ordenó su "captura nacional e internacional", comunicó la resolución a Interpol y a la Dirección General de Migraciones para informarle que sobre el imputado pesaba "el impedimento de salida del país". En marzo de 2015, el Ministerio Público lo incluyó en una lista de prófugos que publicó en su página fiscales.gob.ar, pero hasta hoy se desconoce su paradero. Jaime estaba al mando de una columna del Destacamento de Inteligencia Militar 122 en una persecución que terminó con el asesinato de la militante montonera Yolanda Ponti, el 1º de diciembre de 1976.