En 2015, el Servicio Público de la Defensa Penal registró 21 muertes "vinculadas a la acción o inacción del Estado", en la circunscripción de Rosario. Se trata de "15 ejecuciones extrajudiciales cometidas por agencias policiales", que publicó este diario a principio de año; otras cuatro acaecidas al interior del Servicio Penitenciario; y dos de la Colonia Oliveros. "Es un pico alarmante", expresa el informe de la Defensoría que relevó 274 víctimas de violencia institucional, durante 2015, solo en Rosario. El informe establece que esas personas fueron atacadas por personal de las fuerzas provinciales, en un 95 por ciento de los casos, con 561 violaciones a los derechos humanos (más de una en cada víctima). Los funcionarios del organismo indicaron que el 40 por ciento de los casos registrados no fue denunciado, porque la víctima (que suele estar presa) teme represalias. Las agresiones físicas se dan, en el 85 por ciento de los casos, mediante el uso de golpes de puño (57 por ciento), picana, quemaduras, submarino seco, abusos sexuales, puntazos o cortes, y otros métodos. Otro dato relevante es que en el 60 por ciento de los casos, la paliza ocurre en el momento de la detención y tienen continuidad dentro de las comisarías (37 por ciento).

"Las cifras de homicidios en la región son preocupantes desde hace un década", expresa el informe que desarrolla, sobre todo, cifras relacionadas con la violencia institucional.

"Siento un disparo cerca mío. Me detengo y se me acercan dos oficiales que comienzan a golpearme en la cara, cabeza y parte superior del torso. Me preguntaron por qué no hacía caso a la voz de alto, pero respondí que no sabía que se dirigían a mí". El relato pertenece a una de las

víctimas asistidas por la Defensoría Pública que elaboró una planilla con preguntas básicas para reconocer casos de tortura por parte del personal policial, y a partir de ahí diseñar políticas públicas para intervenir rápidamente.

En un 98 por ciento (de las 274 víctimas), los agredidos son varones. De ese total, casi la mitad tiene 19 años y en su mayoría pertenecen a sectores con nivel socioeconómico bajo. El 90 por ciento de esos pibes no terminó la secundaria. "Hay selectividad en la violencia institucional: responde a criterios etarios, educativos, económicos y territoriales", establece el informe presentado por el secretario de Prevención de la Violencia Institucional, Enrique Font; y la secretaria del Registro, Lorena Negro.

"Los registros reflejan testimonios de víctimas que son objeto permanente de hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad. La casuística ha demostrado que muchos de los hostigamientos terminan por efectivizarse sobre las familias o los testigos. Este tipo de práctica conlleva un efecto perverso e instaura el síndrome del terror, que lleva a inhibir la denuncia", expresa el relevamiento, que será presentado mañana, a las 18, en el Museo de la Memoria. Por ello, los funcionarios indicaron que hay "una cifra negra que es imposible de estimar".

En tanto, el informe indica que las golpizas "no tienen horarios", sino que se dan durante cualquier momento del día, aunque la madrugada es elegida por los policías, en el 28 por ciento de los casos.

La violencia psicológica también es reconocida como una violación a los derechos humanos: el 30 por ciento tiene que ver con amenazas constantes.

Font señaló que de los casos denunciados se observó un "nulo movimiento" en la mayoría de las causas. "El MPA (Fiscalía) no le da la atención que corresponde", acusó.