Desde Santa Fe.

El fiscal Walter Rodríguez pidió que se incorpore una prueba clave en la causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe. Se trata de los documentos secretos de la comisión investigadora que presidió el abogado Alfredo Nogueras antes de la privatización, en 1998, que se guardan en el Archivo Histórico de la provincia y recién serán desclasificados en 2028. Ya en 2013, el Ministerio Público había solicitado que esa "parte reservada" del informe sea valorada por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien levantó el "secreto bancario" y ordenó la diligencia. Pero a pesar de que ya pasaron tres años y el fondo documental se guarda a cien metros del Juzgado, la medida aún no se concretó. "Si el juez no produce esa prueba y no encara este trabajo se termina la expectativa y la chance de poder descubrir lo que sucedió y determinar quiénes son los responsables" de las maniobras, dijo el fiscal en un diálogo con Rosario/12. El costo del vaciamiento es otra incógnita. Los denunciantes lo habían calculado en 500 millones de dólares. Pero un estudio del ex ministro de Economía Angel Sciara -publicado en 2014- estimó que la privatización "significó para la provincia una pérdida neta final de más de 1.000 millones de dólares". La misma cifra por la que ahora el gobernador Miguel Lifschitz quiere emitir bonos de la deuda externa con jurisdicción en Nueva York.

La causa por el vaciamiento del Banco se inició en 1990, pero durante 23 años "fue una ficción, no una investigación", dijo el fiscal. El descubrió ese "simulacro" en 2013, cuando el sumario llegó por primera vez a sus manos, con destino de archivo. No lo convalidó. Impugnó una resolución del ex juez Víctor Brusa que había dispuesto "sobreseer la causa", en junio de 1993. Y otra, del juez Rodríguez que "extinguía la acción penal" contra los 44 imputados y ex directores del Banco, en junio de 2013.

Desde entonces y para avanzar en la pesquisa, el fiscal tuvo que recurrir a la Cámara Federal de Rosario, que el 22 de abril último reabrió el proceso y le pidió al juez que "actúe con la celeridad y el empeño que la lucha contra la impunidad reclama".

Un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) reveló que -en 26 años de ping pong judicial-, la causa estuvo cajoneada 14 años "en extraña jurisdicción y sin impulso procesal alguno" (en un Juzgado Civil de la provincia, entre 1994 y 2008) y cinco años en el propio Juzgado Federal (de 2008 a 2013). La Procelac interpretó ese "derrotero" como la "manera" de lograr la "prescripción" y "cómo la impunidad, que es consustancial al delito económico, toma forma en la práctica judicial forense".

Hoy, el fiscal Rodríguez ya no interviene en el caso porque es número dos en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en Buenos Aires. En Santa Fe, lo reemplazó su colega de Rafaela, Claudio Kishimoto. Así que ahora habla desde otro lugar y esta es la síntesis del diálogo con Rosario/12:

-Después del fallo de la Cámara, ¿cómo sigue la causa?

-Es fundamental que el juez y el fiscal puedan tener acceso a la prueba reservada del Informe Nogueras, que estaba pendiente, para incorporarla y valorarla. Tengo entendido que hay audios, declaraciones y documentos que no salieron a la luz pública y pese a que el juez levantó el secreto bancario, nunca los incorporó al expediente y tampoco los valoró. La Cámara revocó la prescripción (que había declarado el juez) para que se haga una investigación seria en reemplazo de la que era camuflada y fingida.

-Usted pidió esa prueba hace tres años. ¿Por qué no se la incorporó y valoró?

-No se la incorporó por una inactividad en el deber de investigar y traer al expediente las cosas que son válidas en función del objeto procesal. Eso está pendiente. Creo que hay un descuido por la prueba ante la expectativa de que esta resolución de la Cámara hubiera sido contraria a lo que fue. Por ahí, algunos podrían haber especulado que si la Cámara dictaba la prescripción, la causa se terminaba, entonces ¿para qué vamos a producir la prueba y valorarla? Ahora, que la Cámara resolvió (que la causa no está prescripta) es necesario ir a buscar esa prueba y valorarla.

-¿Qué puede aportar?

-Como es secreta, no sabemos. Por algo es secreta, debe tener la información más sustancial. Cuando se usa esa herramienta, que preserva el secreto de la información, debe ser por su importancia. Si a esto lo asociamos con la matriz de lo que sucedió históricamente en el país, afectar la banca pública y privatizarla y el Banco de Santa Fe es uno de estos casos. Si uno puede valorar este esquema conocido públicamente y la existencia de esa prueba reservada, por ahí se puede llegar a avanzar en la causa y dar con los responsables de esta maniobra que sin ninguna duda tuvo características delictivas. La postura de la Fiscalía fue dejar en muy en claro que la impunidad de este suceso quedó consagrada gracias a una investigación hecha por el Poder Judicial de una manera fraudulenta.

-Insisto, ¿por qué no fueron a buscar esa prueba secreta?

-Lo debería explicar el juez. Si la causa hubiera sido delegada en la Fiscalía, yo podría dar una explicación, pero como no estaba dentro de mis facultades ir a buscarla, eso no lo puedo responder. Quien dirige la investigación y levantó el secreto bancario, debió haber valorado qué elementos se incorporaban porque él mismo levantó el secreto, a instancias de la Fiscalía que lo pidió -dijo el fiscal. Y agregó: "Si el juez no produce la prueba y no encara este trabajo se termina la expectativa y la chance de poder descubrir lo que sucedió y determinar quiénes son los responsables. En su momento, fue de mucho interés para nosotros determinar si hubo responsables del Poder Judicial que permitieron la impunidad".

-El dictamen de la Procelac reveló que la causa estuvo 14 años en un Juzgado Civil de la provincia y otros cinco años en algún cajón del Juzgado Federal. ¿Cómo se explica esto?

-Si hubiera estado en algún cajón de la Fiscalía lo podría explicar. Son cosas diferentes, en la primera etapa, no sólo transcurrió el tiempo, sino que se practicaban medidas judiciales de manera grosera. Por ejemplo, un año se pedía una medida, al año siguiente se repetía el mismo pedido y en el siguiente, lo mismo. Los supuestos actos eran muy groseros, por eso nosotros hablamos de una actividad judicial fingida. La investigación era una ficción, no una investigación".

-¿Y los otros cinco años?

-Es un tiempo inexplicable, si la causa estuvo en algún cajón no sabemos cuál es, pero una secretaria dejó una constancia que la encontró (en 2013), como muchas otras causas que sucedieron en esa época, pero no hubo otra tan escandalosa como ésta en función de los años que transcurrieron (desde 2008 a 2013).

-¿Se investigará a los funcionarios?

-Claro, pero para eso pretendemos que se declare la nulidad por cosa juzgada fraudulenta, que es cuando hay un proceso trucho y se logra esa decisión. Después, veremos qué hicieron los responsables. La cosa juzgada fraudulenta aún no está resuelta, sí se anuló la prescripción.

-Hay dos estimaciones del perjuicio para la provincia. Los denunciantes calcularon el costo del vaciamiento del Banco en 500 millones de dólares. Y un estudio del ex ministro Sciara dice que la privatización significó una "pérdida neta final de más de 1.000 millones de dólares".

-Las dos cosas las conozco, pero no puedo abrir un juicio. El monto y el volumen del que estamos hablando hacen que la respuesta sea compleja. La primera es una estimación de los denunciantes que integraban la comisión interna del Banco (y la cita el dictamen de Procelac), pero que no surgía de un peritaje contable. Son dos cifras planteadas por dos actores, con conocimiento del tema -concluyó el fiscal.