Desde Santa Fe.

La comisión bicameral de Acuerdos deberá dictaminar esta semana sobre las impugnaciones a los pliegos de siete de los diez candidatos del gobernador Miguel Lifschitz para integrar las Cámaras de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe y Rosario. El plazo para presentar las observaciones vence hoy lunes, a las 12. El miércoles a la tarde se realizarán las entrevistas personales y la Asamblea Legislativa está convocada para el jueves. La concejala de Reconquista Soledad Zalazar impugnó al juez de Vera Nicolás Muse Chemes -propuesto por Lisfchiz para integrar el tribunal de Santa Fe- por una "sentencia discriminatoria por razones de género" que le costó a la provincia allanarse a una demanda internacional, asumir una reparación millonaria y abrir una investigación a los operadores que intervinieron en el "caso CER", como se lo conoce. La jueza Elida Luna impugnó directamente a los seis candidatos para la Cámara de Santa Fe porque en el concurso en el Consejo de la Magistratura ella había quedado sexta en el orden de mérito y Lifschitz propuso a otros postulantes que estaban por debajo, entre ellos Muse Chemes que era el décimo y en el mensaje 4485 es el primero a quien se le pidió acuerdo. Y la abogada Paula Ríos impugnó al juez Javier Beltramone, postulado para la Cámara de Rosario, por supuesto "abuso de poder" en una presentación que tiene 86 fojas de pruebas.

El diputado peronista Luis Rubeo ya le pidió en público a Lifschitz que retire el pliego de Muse Chemes con los mismos argumentos que Zalazar planteó por escrito ante la Legislatura. La concejala integra el equipo que demandó a Santa Fe ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) por la sentencia de Muse Chemes. El comité aceptó el caso CER y en febrero, la provincia firmó un "compromiso de solución amistosa" del pleito, que Lifschitz aprobó el 2 de setiembre con el decreto 2234.

El acuerdo obligó a la provincia a "cumplir una agenda de reparaciones, tanto individual para CER, como de garantía de no repetición de casos similares", recordó Zalazar. "La primera parte de esa agenda de reparaciones incluye una vivienda, indemnización y provisión de empleo para la víctima. La segunda, capacitación para el Poder Judicial de la provincia en materia de igualdad de género y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas".

En el acta que se firmó en febrero, la provincia dejó "constancia" que ya le había entregado a CER una vivienda en el barrio Nuevo Alberdi, de Rosario, estaba "en trámite la solución laboral definitiva" y aceptaba indemnizar "el daño material y moral de la víctima" por un monto aún no definido. Al mismo tiempo, se obligó a abrir una investigación a todos los operadores judiciales que intervinieron en el caso. Lo llamativo es que uno de los firmantes de ese "compromiso" es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, quien siete meses después refrendó el pliego de Muse Chemes que Lifschitz envió a la Legislatura.

"Todas estas reparaciones significan un costo importante para la provincia de Santa Fe. Sería irresponsable que un juez que ha sido capaz y responsable de generar semejantes costos, además de una exposición vergonzosa a nivel internacional por una sentencia donde da cuenta de una discriminación de género, se lo nombre con un cargo tan importante como juez de Cámara en lo Penal", planteó Zalazar.

"La actuación del juez Muse Chemes, ya sea en el caso CER, como en otros de corrupción de menores y facilitación de la prostitución que involucraron a niñas de 10 y 11 años, cuyos autores siguen libres, muestran a las claras que en sus sentencias no se aplica el marco normativo sobre violencia contra las mujeres (ley 26.485), ni tampoco el internacional. Sus sentencias muestran claramente que, tanto las normas de los tratados como la Convención de la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém de Pará no han sido tenidas en cuenta en modo alguno al momento de investigar y juzgar los diferentes casos".

El "accionar" de Muse Chemes, "no sólo evidencia un desconocimiento del derecho vigente, sino también una clara muestra de su indiferencia respecto de los derechos humanos de las mujeres", dijo Zalazar y pidió que la Asamblea Legislativa rechace el pliego, si es que el gobernador no lo retira antes, como sugirió Rubeo.

En tanto, la jueza Luna impugnó los pliegos de los seis camaristas propuestos por Lifschitz para Santa Fe con el argumento de que ella había quedado sexta en el concurso y el mandatario postuló a tres candidatos que estaban por debajo: Enrique Alvarez (séptimo), Fernando Gentile Bersano (noveno) y Muse Chemes (décimo). Y adjuntó una nota al gobernador, en la que pide explicaciones por la exclusión porque -a su criterio- Lifschitz tiene facultades para hacerlo, pero debe fundamentarlo.