Desde Santa Fe

Miguel Lifschitz instruyó ayer al fiscal de Estado, Pablo Saccone, para que la provincia sea querellante en una investigación de fraudes millonarios y lavado de activos que ya llevó a la cárcel a once personas acusadas por supuesta asociación ilícita y presente todas las pruebas que "puedan ser útiles para dilucidar lo más rápido posible" la megacausa. El gobernador decidió que el Poder Ejecutivo sea parte en el juicio porque las maniobras afectaron "bienes jurídicos", entre ellos el "derecho de propiedad", el "orden público", la "fe pública" y el "orden económico y financiero" ya que uno de los delitos que se imputó a siete de los presos "es lavado de dinero de origen ilícito". Y ratificó el "rol activo" de su gobierno en la lucha "contra la corrupción en todas sus formas".

Lifschitz anunció la querella en una rueda de prensa en la Casa Gris, en la que volvió a marcar distancia con los ex ministros de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y Juan Lewis, quienes aceptaron defender a tres imputados en la investigación a pesar de que ambos eran asesores del presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti y del jefe del bloque socialista Rubén Galassi. "Los dos ya han dejado de ejercer esas funciones de asesoramiento" en la Legislatura por "decisión" de Bonfatti y Galassi, explicó.

Según el gobernador, la provincia debe sumar su impulso procesal a la pesquisa porque las maniobras afectaron bienes jurídicos tutelados por las leyes y el Estado. "Más allá de la tarea del Ministerio Público de la Acusación en el desarrollo de una causa que recién comienza, nosotros entendemos que también le cabe al gobierno de Santa Fe participar en el proceso en calidad de querellante", dijo el gobernador y adelantó que Saccone presentará el escrito en los próximos días.

"Los delitos son contra la propiedad. Por eso hablamos de que presuntamente personas que tenían determinados bienes podrían haber sido burlados en su buena fe y en sus derechos", dijo Lifschitz. Afectaron "el orden público por la figura de una presunta asociación ilícita, la fe pública al falsificarse escrituras y el orden económico y financiero porque se imputa lavado de dinero de origen ilícito".

"Entendemos que le cabe al gobierno de la provincia aportar elementos que puedan ser útiles para dilucidar lo más rápido posible" esta megacausa, remarcó.

Le preguntaron por qué decidió que la provincia sea querellante en la megacausa y si había influido el patrocinio de Superti y Lewis a tres imputados. Lifschitz negó la hipótesis: "Nosotros estamos empeñados desde el inicio de nuestra gestión en la tarea de luchar contra el delito organizado, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción en todas sus formas y en todos los ámbitos donde se desarrolle. Por ese motivo, hemos tomado un rol activo".

"Los delitos que se imputan (en la megacausa) son graves: afectan el orden público, la fe pública, el orden económico y financiero, el derecho de propiedad que es un derecho fundamental en nuestro Código Civil. La provincia tiene que colaborar, contribuir y está particularmente interesada en el desarrollo de esta causa y de su prosecución hasta la sentencia", insistió.

Ante otra pregunta, Lifschitz retrucó a Superti, quien justificó su defensa porque "primero soy abogado y después funcionario". "Es una valoración personal. Algunos tenemos un compromiso político que sostenemos a lo largo de la vida y otros cumplen tareas y funciones ocasionales y no sostienen ese compromiso en el resto de su desarrollo. Son posiciones personales", planteó.

"Nosotros consideramos que no se correspondía con la ética y la coherencia política" que dos ex ministros de Hermes Binner y Bonfatti aparecieran ahora como defensores de imputados en la megacausa. "Pero esto no genera ni tiene ninguna implicancia con problemas internos en el socialismo. Todo lo contrario", concluyó.