Desde Santa Fe.

Un panel de la Legislatura que reunió al ex ministro de la Corte Suprema de la Nación Raúl Zaffaroni, al criminólogo Máximo Sozzo y al diputado Leandro Busatto alertó sobre el "dramatismo" de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia que ya tiene media sanción del Senado. "Es un modelo demagógico y punitivo ‑dijo Sozzo‑, una réplica de la "mano dura" que Carlos Ruckaut sintetizó en aquel llamado a "meter bala a los delincuentes", en los '90. "Santa Fe está frente a una nueva cruzada de los hijos de Menem y Ruckauf, que son múltiples y se han desperdigado a lo largo del espectro político y de las provincias", planteó el académico. Una ironía porque entre los operadores del proyecto sobresalen el senador de UCR Lisandro Enrico y su colega del PJ Raúl Gramajo. "Los actores políticos que impulsaron la modernización de la justicia penal en Santa Fe", en 2007, que "creyeron en las banderas de esa reforma, creo que hoy deberían rechazar esta verdadera contra reforma", advirtió Sozzo.

Los tres panelista participaron en una jornada sobre "Los paradigmas del Derecho Penal en la Argentina actual". La organizó la Cámara de Diputados, pero se realizó en el auditorio de Festram, que quedó chico ante la convocatoria. Busatto fue el moderador y el primero en advertir sobre el proyecto Enrico que el Senado aprobó a fines de setiembre y ahora está en debate en Diputados. "Nos preocupa porque estigmatiza a los sectores más vulnerables", jaquea "las garantías del debido proceso" y pone "a la política del Estado en el foco de la escena punitiva", dijo.

Sozzo descorrió el velo. "Santa Fe está frente a una nueva cruzada del orden", dijo. "Para decirlo jocosamente los hijos de Menem y Ruckauf son múltiples y se han desperdigado a lo largo del espectro político y de las provincias. Y hoy, tenemos una nueva cruzada punitiva, que se inscribe en esta historia, que es esta  reforma del Código Procesal Penal de la provincia". Lo que votó el Senado "es un buen ejemplo de este modelo demagógico y punitivo, donde los actores que lo impulsan pretenden capturar consenso político y electoral" con la promesa de  mano dura.   

"Endurecer el proceso penal" es "un mensaje simbólico", pero "difícil de creer que pueda mejorar la seguridad" en Santa Fe.  "La mayoría de estas reformas ya se intentaron en otras provincias, empezando por la contra reforma en Buenos Aires, que hoy se pretende traer a Santa Fe. Y es difícil ver en la provincia de Buenos Aires que se haya producido una abrupta caída en los índices de criminalidad". Sin embargo, "la media sanción del Senado es un típico ejercicio que busca producir este tipo de imagen", agregó Sozzo. 

El proyecto modifica 52 artículos del Código Procesal. "Es importante tener clara conciencia de los cambios", dijo el criminólogo. Y explicó los más escandalosos.

• Detenciones. "Hay una fortísima ampliación del plazo de detención" sin notificar al juez que "pasaría de 48 horas a 96 horas. Todos sabemos que en ese primer contacto con la Policía se produce la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos. Ampliar ese plazo de detención sin control (judicial) es una clara invitación a reproducir esa violencia contra los ciudadanos más desfavorecidos", alertó Sozzo.
  
  
• Prisión preventiva. El Código actual permite un "control moderado", mientras que la "contra reforma" busca "exactamente lo opuesto: ampliar la prisión preventiva con criterios de dudosa constitucionalidad". El texto que se votó dice que todo detenido por un delito 'al que correspondiera pena de prisión será pasible de una privación de la libertad' y esto incluye a "todos los delitos del Código Penal", explicó Sozzo. "Volvemos al uso indiscriminado y masivo de la prisión preventiva, que es inconstitucional". Según Zaffaroni, el cambio llenará las cárceles de "idiotas". "Una minoría de los presos está por delitos graves, pero la mayoría son ladrones estúpidos. ¿Van a aumentar la prisión preventiva de los homicidas? No, ya la tienen. Van aumentar la prisión preventiva de los estúpidos".
  
  
• Registro de detenidos. El artículo 218 dice: "Las libertades fiscales deberán ser asentadas en un sistema de contralor, tanto interno como externo, entendiéndose lo último como la publicidad y acceso a los registros de particulares y organismos públicos sin excepción". "Imaginemos una página Web, en la que podamos ver qué ciudadano fue liberado por un fiscal. ¿Quién puede pensar que eso tiene un lugar en el derecho argentino? Es inconstitucional", precisó Sozzo.
  
  
• Delator. "Incorporar esta figura genera mecanismos espúreos de negociación entre fiscales y personas que están involucradas en delitos para que delaten a otras personas y acercar de ese modo recursos para la investigación criminal".
  
  
• Agente encubierto. "Es una práctica policial muy cuestionada y de dudosa constitucionalidad que un agente del Estado cometa actos ilegales para investigar actos criminales", señaló Sozzo.
  
  
• Allanamientos. "Relajar el control judicial de los allanamientos" significa "ampliar la autonomía policial". 
  
  
• Flagrancia. "Hay una promoción de este procedimiento que se vuelve obligatorio cuando ahora es optativo. Una máquina de violación de derechos y garantías. Una de las grandes cosas malas que tuvo Buenos Aires fue la aplicación masiva del proceso de flagrancia desde el año 2005 en adelante y este proyecto copia esa mala práctica y la trae a Santa Fe".