Una mujer denunció en los tribunales provinciales de Rosario que el Ministerio de Educación otorgó cargos de porteros de personas que no estaban inscriptas en el escalafón de ingreso. Según la presentación judicial de Soledad de la Fuente, las designaciones se habrían efectuado en las supuestas "escuelas virtuales" con domicilio en Gaboto 450, donde se encuentra la delegación Rosario de la cartera educativa santafesina. Se trata de los establecimientos números 1806, 6252 y 6452. Aún no se sabe qué camino tomará la justicia, pero el caso hizo recordar en tribunales a otro escándalo en Educación como fueron, en los '90, las célebres "comisiones cruzadas".

La denuncia a la que tuvo acceso el portal especializado Tiempo de Justicia, fue formulada ante la fiscal Graciela Argüelles, titular de la fiscalía número 11. La denunciante menciona a algunas personas que pueden ser citadas para prestar declaración testimonial, como un dirigente de uno de los gremios de trabajadores estatales. En el caso tomó intervención también la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

A raíz del fin de semana largo no ha sido posible establecer qué acciones dispondrá la justicia en las próximas horas a los fines de esclarecer la situación.

En ámbitos tribunalicios, más allá del asombro, la denuncia trajo a la memoria lo ocurrido años atrás con las llamadas "comisiones cruzadas", irregularidades que derivaron en el procesamiento de varios docentes, directivos y también supervisores, pero que finalmente algunas de las causas concluyeron con la absolución de los imputados por prescripción de las mismas.

Precisamente, el 23 de noviembre del año pasado, la Justicia dictó la prescripción para la principal implicada en el caso conocido como "comisiones cruzadas", en el que a principios de la década del '90 se investigó una maniobra en perjuicio del Ministerio de Educación santafesino. El juez penal de sentencias José María Casas dictó la prescripción de la acción penal para una supervisora, figura en la que se centraban las sospechas de defraudación del Estado santafesino.

El caso, que fue muy difundido a principios de la década del '90, investigaba las denuncias referidas a docentes y supervisores que hacían figurar en planillas el pago de actividades que no se realizaban.