Hoy se cumplen 30 años del día en que siete jóvenes fueran sacados por personal policial del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Rosario donde se hallaban secuestrados, y llevados a la localidad cordobesa de Los Surgentes, donde fueron acribillados en un camino rural. Las víctimas del caso conocido con el nombre del lugar de la matanza fueron Cristina Costanzo, María Cristina Márquez, Analía Murguiondo, Daniel Oscar Barjacoba, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus y José Antonio Oyarzábal quienes serán recordados por familiares y amigos en dos actos públicos. La Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe se sumó también a la convocatoria de los actos: El primero tendrá lugar hoy a las 18.30, en el que se colocará una placa, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo, donde funcionó el Servicio de Informaciones y un centro clandestino de detención durante la dictadura militar. El segundo acto será el próximo sábado a las 11 en el Bosque de la Memoria, en el Parque Scalabrini Ortiz.

A continuación se publica la historia escrita por familiares de las victimas, en especial por Francisco Oyarzábal y Marcelo Márquez que reflejan la forma en como el "Vasco" y el "Cumpa" pelearon desde el primer día con la burocracia judicial, la falta de interés en dilucidar la verdad además de complicidades varias. Hace dos años, Rosario/12 los había juntado en torno de una misma mesa, al calor de la reapertura de la Causa Feced. Entonces afloraron los recuerdos del juez cordobés que decidió usar una pala mecánica y picos y palas para desenterrar los restos de los jóvenes en una fosa común del cementerio de San Vicente. Y la imagen de los restos rescatados en bolsas plásticas en los primeros tiempos de la democracia. Los mismos que, curiosamente, fueron devueltos al cementerio antes de ser identificados, e incinerados de inmediato lo que imposibilitó establecer sus identidades vía análisis de ADN. Esta es la historia del espanto judicial, pero también de treinta años de lucha y de esperanza por llegar a la verdad.

Las detenciones

Daniel Oscar Barjacoba y María Cristina Márquez. Fueron detenidos el 2 de octubre de 1976 en las adyacencias del Arroyo Ramallo, Barrio Somisa, de San Nicolás, por grupos de personas armadas pertenecientes a Fuerzas Conjuntas. Barjacoba recibió 4 ó 5 heridas de bala al intentar escapar mientras lo detuvieron.

José Antonio Oyarzábal y Eduardo Felipe Laus fueron detenidos el día 12 de octubre de 1976 en la vía pública con folletos de propaganda política, el día en que el General Leopoldo Fortunato Galtieri se hizo cargo del II Cuerpo de Ejército. Se desconocen las fuerzas intervinientes, no se conocen testigos del secuestro.

Cristina Costanzo fue detenida el 13 de octubre de 1976 junto con Carlos Pérez Rizzo en la vía pública.

Ana Lía Murguiondo fue detenida en la madrugada del 14 de octubre de 1976 en su domicilio de Rosario junto con su hija de dos años, luego de producirse un enfrentamiento en el que fueron heridos dos integrantes del Servicio de Informaciones. Uno de ellos, apodado "La Bruja" fue herido en una mano, y el otro, herido en un ojo. Ambos fueron asistidos en el Sanatorio Británico de Rosario.

Sergio Abdo Jalil. El 15 de octubre de 1976 alrededor de las 15 horas mientras caminaba por la vía pública acompañado por Stella Miguel, fue detenido frente al domicilio de la calle República 3635 de Rosario, vendado e introducido en un automóvil de color blanco, según relatos de vecinos de la zona. Momentos después su acompañante fue asesinada a sangre fría en lo que posteriormente se fingió como un enfrentamiento.

En "El Pozo"

Las siete personas nombradas fueron conducidas al Servicio de Informaciones (S.I.) de la Unidad Regional II de la Policía Provincial donde fueron torturadas según los testigos. "Fueron varios los testigos del caso ya que a esa fecha eran varias las personas detenidas en el S. I. conviviendo con los nombrados".

Ante la resistencia que oponía Ana Lía Murguiondo al ser interrogada, el propio ex Jefe de Policía Comandante de Gendarmería Agustín Feced la torturó con golpes de puño, disponiendo posteriormente que se aplicara picana eléctrica a su pequeña hija.

El día 17 de octubre de 1976 a la madrugada los juntaron a todos en una oficina, obligándolos a acostarse boca abajo, uno al lado del otro, esposados con las manos en la espalda y las vendas reforzadas, y se los llevaron. Al regresar, los que los asesinaron comentaban que la operación de Los Surgentes no había tenido inconveniente alguno. De estos crímenes fueron responsabilizados el Comandante de Gendarmería Agustín Feced, Comisario Saichoux (fallecido), Comisario Guzmán Alfaro (a) "El Mudo", Oficial Lofiego (a) "El Ciego" o "Luzbel", Oficial Marcote (a) "El Cura", Oficial Nast (a) "El Ronco", Scortecchini (a) "Archie" y los apodados "Beto" y "Fino" (Carta de Gustavo Píccolo y Carlos Pérez Rizzo desde Devoto)

Con motivo de la desaparición de estas siete personas se realizaron denuncias y presentaciones ante Juzgados Federales y Provinciales, Ministerio del Interior, Policía, Ejército, Vicaría Castrense, Organismos Nacionales e Internacionales. De igual modo testimoniaron en el Juicio a las Juntas Militares: Elena Corbin de Capisano, Gustavo Píccolo, Omar M. Costanzo y Angela M. de Costanzo.

Primeros indicios

Recién en diciembre de 1979, Elena Corbin recibió contestación a un Habeas Corpus presentado a favor de su hijo Daniel Oscar Barjacoba en julio de 1979. Esta contestación fue dada por el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien informó que en ese Juzgado existía una causa abierta y que por nota del Convenio Policial de la Provincia de Córdoba extinguía la acción penal de la misma, ya que el día 18 de octubre de 1976 se habían encontrado siete cadáveres en la localidad de Los Surgentes, uno de los cuales había sido identificado por Interpol como Daniel Oscar Barjacoba.

A partir de este reconocimiento los familiares del identificado iniciaron investigaciones en la morgue del Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, a donde fueron llevados los cadáveres luego de ser encontrados en Los Surgentes y en el cementerio San Vicente de la misma ciudad

En Los Surgentes

Las personas que hallaron los siete cadáveres en Los Surgentes, un domingo alrededor de las 8 de la mañana, los encontraron apilados a un costado del camino, con los ojos vendados, señales de tortura y acribillados a balazos. En el lugar había cartuchos de balas y luego todo fue limpiado.

La encargada del Registro Civil, María Trinidad González de Molina, les tomó las huellas digitales ayudada por un empleado del Cementerio de Los Surgentes de apellido Narvaja y las elevó al Registro Nacional de las Personas. Las huellas fueron retiradas por el Ejército y por medio de las cuales en noviembre de 1976, se realizaron las identificaciones que se mantuvieron en secreto, hasta que por una filtración de información del Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba aparecieron publicados en el diario "La Voz del Interior" los nombres de cuatro de estas siete personas.

El 7 de marzo de 1980 el Subcomisario Germán Walter Kutzechbach, Jefe de División Convenio Policial Argentino, Córdoba le informó al Juez Federal Nº 2 de Rosario que: personal de Criminalística confeccionó fichas dactilares de los cadáveres encontrados en Los Surgentes, las cuales fueron remitidas con fecha 20 de octubre de 1976 por la División de Convenio Policial Argentino a los organismos de seguridad de todas las provincias, Interpol y Registro Nacional de las personas para su identificación. También que se identificaron dos cadáveres, uno perteneciente a Daniel Oscar Barjacoba, y que fue comisionado personal de esa División a la morgue judicial del Hospital San Roque que constató que los siete cadáveres fueron inhumados en el Cementerio San Vicente, en Pilote 5, fosa común.

Identificación y cremación

El 6 de diciembre de 1984, con la firma del Dr. Linares y del Dr. Héctor Cámara (Sub﷓Director del Depto. de Servicios Médicos Forenses), se le solicita al Juez Federal Nº 1, Secretaría del Dr. Otero Alvarez, que: "no habiendo encontrado otros elementos suficientemente valorables en la pericia ordenada, se ha dado por concluida la misma". Sugieren, además, "se contemple la posibilidad de ordenar la remisión de los restos óseos ya estudiados, al Cementerio San Vicente en razón de la falta de lugar apropiado".

Con fecha 11 de febrero de 1985, el Juez Federal Dr. Gustavo Becerra Ferrer solicitó se oficie al Jefe del Departamento de Servicios Médicos Forenses de los Tribunales de la Provincia de Córdoba para que acondicione los restos óseos en las mismas bolsas en que fueron recibidos, de forma tal que sean perfectamente identificables y los remita al Cementerio San Vicente. Así mismo, solicita se oficie al Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba para que haga recibir dichos restos óseos y los haga depositar en el Cementerio San Vicente tomando los recaudos tendientes a su perfecta conservación e identificación inmediata.

Con fecha 28 de febrero de 1985, el Dr. Héctor Cámara remitió desde el Departamento de Servicios Médicos Forenses al Administrador del Cementerio San Vicente, Sr. Manuel Mediavilla los restos óseos.

En el mismo mes de febrero de 1985 los restos óseos fueron incinerados en el Cementerio San Vicente por orden de Arévalo, segundo de Manuel Mediavilla (Director del Cementerio en ese momento). Las cenizas fueron arrojadas en una fosa debajo de la cruz mayor del cementerio

Esta información motivó viajes a Córdoba de los familiares que incluyeron averiguaciones en el Tribunal y el cementerio que permitieron corroborar estos datos.

Con fecha del 24 de marzo de 2003, se elevó una nota a la Dra. Graciela López de Filoñuk, Fiscalía Federal Nº 3 de Córdoba, solicitando se investigue la veracidad de la cremación de los restos exhumados en el Cementerio San Vicente en 1984, y de confirmarse, se identifique y condene a los responsables. El escrito firmado por Marcelo Márquez, Marcelo Jalil, Francisco Javier y María Inés Oyarzábal permaneció sin respuesta al 20 de setiembre de 2006, cuando este grupo de familiares culminó con este informe.