La Cámara Nacional de Casación Penal separó ayer al juez federal Reinaldo Rodríguez de la causa que investiga el terrorismo de estado en Santa Fe desde hace cinco años, en un fallo que puede tener consecuencias impredecibles: Podría anular todas y cada una de las resoluciones que el magistrado adoptó en los últimos doce meses, desde el 5 de abril de 2006 hasta ahora, como la orden de captura y la indagatoria del ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, el procesamiento por asociación ilícita de seis imputados y la extensión de la prisión preventiva de otros que estarían en condiciones de quedar en libertad. La sentencia impactó de lleno entre las víctimas. "Este es un golpe duro de asimilar", dijo Daniel García. "Un despropósito que no tiene antecedentes en la jurisprudencia argentina", afirmó el abogado Jorge Pedraza. De inmediato, los querellantes anunciaron que denunciarán la sentencia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En la causa están detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad nueve represores: tres militares: Rolón, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Marcellini y el ex suboficial del Ejército, Nicolás Correa, quien hasta 1995 fue segundo de la Subsecretaría de Seguridad Pública del gobierno de Jorge Obeid y esta semana fue denunciado por violar la prisión domiciliaria. Un ex juez, Víctor Brusa. Y cinco policías: los ex comisarios Juan Calixto Perizzotti, Héctor Romeo Colombini y Mario Facino (ex presidente comunal de San José del Rincón), la ex carcelera de la Guardia de Infantería Reforzada, María Eva Aevi y el ex oficial de inteligencia, Eduardo Ramos.

Rodríguez fue notificado ayer del fallo de la Cámara de Casación que lo apartó de la causa 311 que instruye desde hace cinco años y ordenó que el megaexpediente de 22 cuerpos y 4.400 fojas pase a manos del subrogante, el juez federal Nº 2, Francisco Miño. Pero Miño se volvió a excusar por amistad con uno de los imputados, así que la causa volvió a quedar sin juez como ya ocurriera en junio del año pasado cuando se sucedieron tres conjueces, entre ellos el abogado santafesino Carlos Lassaga Iturraspe quien también se apartó por haber firmado una solicitada de apoyo al dictador Jorge Rafael Videla durante el régimen militar.

El intríngulis comenzó cuando Rodríguez imputó por asociación ilícita a los detenidos en la causa, pero en diciembre de 2005 la Cámara Federal de Rosario revocó el cargo en el caso de la ex carcelera de la Guardia de Infantería Reforzada, María Eva Aevi. Cuatro meses después, en abril de 2006, el defensor de Aevi recusó al juez por un supuesto prejuzgamiento. Y a fines de mayo, la Cámara Federal de Rosario aceptó la tesis del abogado de Aevi y separó de la causa a Rodríguez.

El expediente pasó entonces de largo por el juzgado del doctor Miño y se sucedieron los conjueces, entre ellos Lassaga Iturraspe, quien detonó un escándalo cuando se supo que había apoyado a Videla. Hasta que el 14 de junio de 2006, Rodríguez volvió a retomar la investigación al entender que el fallo del tribunal rosarino no estaba firme porque el fiscal de Cámara, Claudio Palacín lo había apelado ante la Cámara de Casación. Bueno, ahora Casación confirmó el fallo de la Cámara Federal de Rosario con consecuencias impredecibles: la defensa de los represores podrán pedir ahora la nulidad de todas las resoluciones de Rodríguez desde que fuera recusado por el abogado de Aevi el 5 de abril de 2006. Claro que no será una decisión automática, tendrá que ser valorada por el magistrado que se haga cargo de la investigación, pero la defensa estará en condiciones de impugnar, por ejemplo, la indagatoria y el procesamiento de Rolón, el cargo de asociación ilícita que pesa sobre otros represores y hasta la extensión de la prisión preventiva de algunos de ellos que resolvió Rodríguez.

Ahora la gran incógnita es quién se hará cargo de la causa. El año pasado, los conjueces fueron sorteados entre los abogados de la matrícula inscriptos en la Justicia Federal, pero ahora el fiscal Eduardo Grioglio solicitó que el nuevo magistrado sea designado por la Cámara Federal de Rosario.