El juez Civil y Comercial de la 4º nominación, Claudio Bermúdez, suspendió ayer el desalojo de evacuados en las escuelas de Santa Fe que el gobierno de Jorge Obeid inició el viernes para que las clases puedan reanudarse con normalidad el martes próximo. El fallo se conoció en las primeras horas de la tarde poco después de una demanda que interpuso el Comité de Solidaridad que integran una veintena de organizaciones sociales para frenar la mudanza masiva de damnificados. "Los personas afectadas permanecerán en las escuelas hasta que por sí mismas y en plena garantía de libertad decidan trasladarse a otros lugares que respondan satisfactoriamente a sus necesidades más básicas y urgentes", dice la resolución judicial que ya fue notificada al gobernador Jorge Obeid, al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa y a la ministra de Educación, Adriana Cantero. Ahora, la Casa Gris tiene cinco días para presentar un "informe circunstanciado" y después el juez podrá mantener "la situación existente" o "suspender los efectos del acto impugnado" por los demandantes.

La gran mudanza se había iniciado el viernes cuando una flota de camiones del Ejército y colectivos de líneas llegó hasta los edificios escolares con una misión de la Casa Gris: llevar los evacuados a sus casas o relocalizarlos en otros centros ﷓como el Predio Ferial o los estadios cerrados de Unión y Regatas, donde permanecen miles de personas﷓. La orden de Obeid era limpiar las escuelas el fin de semana y abrirlas el martes para que las clases se dicten normalmente.

"La orden del gobierno es que nos vayamos, muchos lo hicieron por miedo a pesar de que todavía tienen agua en la casa", dijo Prima Ojeda, una vecina de Santa Rosa de Lima que se refugió junto a su familia en la escuela Nº 14 Nicolás Avellaneda, atrás del Parque Garay. Ella fue una de las que resistió la presión oficial porque "no se puede volver así al barrio, con agua y mugre. Es muy terrible", le dijo a Rosario/12.

Para el Comité de Solidaridad el apuro del gobierno en sacar a los inundados de las escuelas tiene una causa. "Quieren dar una imagen de normalidad en este momento que es insostenible. Es un gesto superfluo. Una pantalla para ocultar lo que está claro, que esta ha sido una catástrofe pésimamente gestionada. Entonces, el móvil es que las clases se inicien rápido para dar la idea de que la situación se ha superado y para todos los santafesinos está muy claro que eso no es así, en absoluto", dijo el abogado Guillermo Munné, uno de los patrocinó la acción judicial.

La demanda se presentó al filo del mediodía ante el juez Bermúdez ﷓que se constituyó en su despacho para recibir el escrito﷓. Era "un pedido de intervención urgente" en los términos de la ley 10.000 de protección de intereses difusos para impedir el inminente desalojo de los refugiados en las escuelas públicas y privadas. Un recurso similar al amparo, con el patrocinio legal de Munné y de las abogadas Lucila Puyol y Paula Condrac. En las primeras horas de la tarde se conoció la resolución del juez de suspender los desalojos.

El gobierno lanzó "un programa vertiginoso de vaciamiento de los centros de evacuados en las escuelas, donde los responsables de los edificios reciben estrictas instrucciones de lograr la retirada" de los damnificados lo antes posible, denunció el Comité de Solidaridad.

"La salida involuntaria de estas personas de sus lugares de refugio importa una severísima amenaza para sus derechos fundamentales. Sabemos que se ha fijado como fecha límite del desalojo al día de hoy (por ayer, sábado) cuando se harán llegar vehículos que deben cargar las pertenencias de los evacuados y llevarlos a lugares inciertos, pero fuera de las escuelas que, como a sea, deben ser preparadas para un inmediato dictado de clases".

"Estas duras indicaciones están sembrando la angustia entre los docentes que deben ejecutar una orden cruel", le dijo el Comité de Solidaridad al juez Bermúdez. "La dureza de la iniciativa oficial no descarta la desinformación y la inducción a equívoco de las personas que deben ser desalojadas y hasta se teme también por un posible uso de la fuerza" "La voluntad de las afectados de permanecer en las escuelas no es irracional. Ellos no pueden aún regresar a sus hogares, aunque el agua se haya retirado recién. Tanto en sus barrios como en el interior de las viviendas, carecen de elementales condiciones de higiene, salubridad y protección. Y tampoco es admisible que se los conmine al traslado a otros centros de evacuados que hoy presentan condiciones de hacinamiento, inseguridad, falta de higiene, insuficiencia de baños o de responsables con alguna idoneidad para la asistencia. Es imposible para ellos tomar una decisión serena e informada dada las condiciones que los han golpeado y la brutal rapidez con que pretenden operar las autoridades provinciales. Parece que se pasa absolutamente por alto a las secuelas psíquicas que está ya sembrando esta 'vuelta a la normalidad' forzada", concluyó el Comité.

Una de las escuelas donde los evacuados resistieron el desalojo fue la Nº 14 Nicolás Avellaneda, atrás del Parque Garay. "Algunos se fueron a pesar de que aún tienen agua en la casa, por miedo a las represalias o para no comprometer a los docentes que se portaron una maravilla", comentó Prima Ojeda.