A más de dos años de la masacre de Coronda, los internos lograron retomar el diálogo entre ellos y con las autoridades, y comenzar a hacer actividades que de alguna manera aplaquen la situación de encierro. Se ha avanzado en la investigación de lo ocurrido el 11 de abril de 2005, y cinco ex jefes del penal podrían quedar cesantes por su responsabilidad en la masacre. Sin embargo, el sistema carcelario tiene una lógica de funcionamiento que va en detrimento de la autonomía y la socialización del interno. "La cárcel, más allá de la persona que esté a cargo, tiene un mecanismo de funcionamiento que es intentar que el interno esté todo el día sin hacer nada. El sistema funciona así. Entonces es una pelea permanente de poder revertir la lógica de la cárcel", explicó Antonio Tesolini, desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), y detalló: "Lo que hace como institución es poner en un lugar a aquellos a los que no puede incluir, entonces esto de la reinserción en la sociedad es discursivo, lo que hace en realidad es depositar gente. La legislación se supone que es para la reinserción, pero en la práctica no es así".

De cualquier manera, dadas las circunstancias, consideró que la reimplementación de la Mesa de Diálogo, en la que participan los delegados de los pabellones, la CTC y autoridades del penal, sumado a la implementación de actividades vinculadas a la educación y el trabajo, han facilitado la disminución del nivel de violencia.

Además, la profesionalización del personal del Servicio Penitenciario (SP) también colaboró en estos efectos, aunque según explicó Tesolini "hay un valor que prima en la cárcel que es la seguridad, entonces va en detrimento de la autonomía del interno para que pueda realizar actividades. Y esto, en una institución que no fue reformulada cuando se recuperó la democracia, hace que el personal esté degradado desde todo punto de vista. Entonces lo que hay que hacer es una modificación integral, y esto hace poner en cuestionamiento la función de que el personal del Servicio Penitenciario lo que tiene que hacer es controlar que el interno haga la menor cantidad de cosas posibles, que no moleste, y que está depositado en un lugar".

"Paralelamente -remarcó el integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario- el Servicio Penitenciario significa un espacio donde históricamente ha habido focos de corrupción, donde nadie lo controlaba y había, más allá del sueldo, un ingreso a partir del negociado con los proveedores, con la venta, esto de llevarse la comida o las cosas que el Estado supuestamente daba para los internos. Esto también llevó a la degradación institucional, porque si la base de la pirámide institucional ve esto, por qué ellos -que están en contacto con una población muy vulnerable- no van a vender celulares, estupefacientes, a negociar cosas". Sumado a esto, recordó que "la primera etapa de gestión de Fernando Rosúa en el SP fue de mucha apertura al diálogo con los internos -más allá de que no fue suficiente-, y esto le era disfuncional a algunos sectores". Entonces, aseguró, "el 11 de abril fue además un intento de cortar de cuajo con una política de diálogo hacia los internos, porque la plana mayor de ese momento dijo que todo esto que se había hecho durante dos años de diálogo no servía y que había que volver".

Después de la masacre "la medida más significativa fue que se haya tomado un interventor civil después de décadas, porque una de las razones que determinó el 11 de abril fue que de alguna manera el poder político se había desentendido de lo que pasaba en las cárceles".

En relación al trabajo realizado luego de la masacre, relató que "hubo toda una primera etapa que fue de monitoreo permanente -porque la cárcel quedó dividida en dos alas y va a llevar mucho tiempo para que pueda volver a funcionar como una sola cárcel- en función de todo lo que hicieran los internos, los voceros, de prevenir cualquier situación que pudiera desembocar en un nuevo hecho, porque partiendo de la hipótesis de que esto fue un hecho -y lo demuestra el sumario administrativo- donde de alguna manera el personal penitenciario fue partícipe, los sectores que estuvieron involucrados en esto, después del 11 de abril siguieron actuando y tratando de generar un hecho de características similares". Frente a esto, Tessolini recordó que tras la masacre sistemáticamente "aparecían chuzas en los baños, portones abiertos de los pabellones, esposas o llaves sueltas".

A continuación, destacó que "esto no desembocó en un nuevo hecho básicamente por la participación de los internos, que inmediatamente nos avisaban a nosotros que oficiábamos como nexo con (Jorge) Bortolozzi, que era el interventor, y por una presencia de las autoridades todo el tiempo adentro del penal, que es lo que debería hacer cualquier persona que está adentro de una cárcel".

Lo que sucede, explicó Tesolini, es que "en realidad lo que hacen estas actividades es poner en contradicción a la cárcel".