Si bien hay señales que indican que el club se encuentra en camino de recuperación, la Justicia es la encargada de mirar hacia atrás para dar con los responsables de la degradación institucional que llevó a la entidad a la intervención. Es este marco, ayer la Cámara de Apelaciones resolvió que los expedientes abiertos en el fuero Penal que atienden la realidad del club de Arroyito se acumulen en el Juzgado de Instrucción Nº 4, a cargo de Jorge Eldo Juárez. Entre otras cosas, el magistrado deberá dilucidar las sospechas de "estafas reiteradas" que pesan sobre algunos de los dirigentes removidos de su cargo.

Conocidas son las consecuencias que padeció la institución por la administración de la que fue objeto en los últimos cuatro años. El inédito proceso de intervención que atraviesa por estos días Central es prueba de la singular coyuntura canaya. El imprevisto escenario mostrará en poco días más a los socios eligiendo nuevas autoridades en elecciones. Entre tanto, la Justicia debería ocuparse de encontrar a los responsables de la dramática degradación que sufrió el club.

Para ello, ayer la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal, integrada por Ernesto Pangia, Eduardo Sorrentino y Alberto Bernardini, resolvió unificar todas las causas penales abiertas sobre Central en un mismo juzgado, en este caso el de Eldo Juárez, quien ya supo tomarle declaración indagatoria a los ex dirigentes Gonzalo Estévez, Mauricio Salvo, Pablo Scarabino, entre otros.

La megacausa canaya deberá echar luz sobre la adulteración del libro de actas, que desapareció misteriosamente y al ser devuelto por los directivos removidos se detectó la inserción de un foja bis que no fue tratada en reunión de Comisión Directiva, tal cual como dejaron constancia otros ex dirigentes. Además, Juárez deberá ocuparse del leonino contrato firmado entre el club y el abogado Wilfredo Scarpello, en el cual la entidad le reconocía al letrado una deuda millonaria del cual aún no se pudo determinar su origen. Por esto, la fiscal Rita Schiapapietra había pedido el procesamiento de los dirigentes por la sospecha de "administración fraudulenta", la cual fue desestimada por el juez, y "estafas reiteradas". Oportunamente, Juárez ordenó embargar los bienes de los removidos dirigentes por cifras millonarias, les prohibió que abandonen el país y los intimó a que pidan autorización judicial si deseaban dejar temporariamente la ciudad.

Al acumularse las causas, Juárez también tendrá bajo su cargo las pesquisas que deberían dar con el agresor de la jueza de la convocatoria Liliaga Giorgetti, que fuera intimidada en pleno centro un sábado al mediodía, deberá prestar atención a la denuncia penal elevada por el ex secretario de actas Carlos Casati contra Pablo Scarabino y una demanda por sospecha de adulteración de balance contable.

Para los más escépticos, "cuando se arma una megacausa no se investiga nada". Si estos pronósticos se cumplen, la Justicia no hallaría culpables sobre el daño institucional que padeció Central en los últimos cuatro. Pero no sería la primera vez que el Poder Judicial mire al costado en Arroyito: recientemente se absolvió a la Comisión Directiva que lideró Víctor Vesco, la cual empujó a la entidad a su convocatoria de acreedores.