La dirigencia de Ñuls dedicará sus esfuerzos a llevar el acto electoral programado para fin de año al escenario donde su presidente Eduardo López mejor se desenvuelve: el judicial. A esta conclusión se llega al repetir el oficialismo en la asamblea de ayer el ardid administrativo que impidió la participación de la oposición en la asamblea de mayo último y que desembocó en la intervención de la Junta Electoral: la exigencia de la "cuota estadio". Casi un millar de socios se quedaron sin acceder a las instalaciones de la entidad, pero más preocupante que la conducta del mandamás rojinegro fue la ausencia de autoridades de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) en el acceso al club, lo que abre interrogantes a futuro sobre el rol del organismo que preside Pablo Clement.

Encolumnados detrás de la figura de Rafael Bielsa, alrededor de un millar de socios de Ñuls se acercaron a la hora señalada al parque Independencia, con la aspiración de participar en la asamblea convocada para deliberar sobre los números volcados por el oficialismo en la última Memoria y Balance. Como se preveía, Eduardo López volvió a exigirle a los socios la ficticia "cuota estadio" para repeler a la oposición del área de deliberaciones. La misma conducta mostró en la asamblea de mayo y por ello IGPJ resolvió luego la intervención de la Junta Electoral.

Previendo el desenlace, autoridades de la oposición elevaron el miércoles ante IGPJ y Fiscalía de Estado una petición para que alguna autoridad de la provincia cumpla tarea fiscalizadora en la puerta de ingreso, que es hasta donde puede llegar la oposición para presenciar la maniobra que deja afuera a los socios. La inquietud encontró eco en Pablo Clement, quien respondió positivamente a la solicitud. Pero ayer a la hora anunciada para iniciar el ingreso de los socios no hubo representante alguno de IGPJ, menos aún de Fiscalía de Estado, y ni siquiera se pudo ver al interventor Juan Moreno.

Para participar en la vida institucional de Ñuls cada socio debía desembolsar un promedio de 1500 pesos, dinero necesario para saldar las "cuotas estadio" de setiembre de 2004 a la fecha, de acuerdo a la estrategia de López para mantener a raya a la oposición. La resolución Nº 642 de IGPJ dejó constancia de la ilegitimidad de tal requerimiento, por lo que a la misma conclusión debería llegar Clement respecto a lo sucedido ayer. Pero la inesperada ausencia de veedores de parte de la provincia para que dieran fe de los acontecimientos alienta las peores sospechas en la oposición, la cual le quedará como última instancia la vía judicial para exigir el cumplimiento de los deberes que atañe a cualquier funcionario público. Y con IGPJ mirando a un lado, son nulas las posibilidades de que el 14 de diciembre los socios elijan presidente.