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La fiscal Graciela Argüelles, que interviene en la causa por los incidentes del lunes pasado en las instalaciones de Ñuls, aplicará un recurso preventivo para impedir el ingreso a la cancha, el próximo 7 de febrero, a los implicados en los hechos que hayan recuperado su libertad. La intención es evitar la presencia de personas vinculadas al grupo de Roberto Pimpi Caminos en el Coloso del Parque. Además, se aplicará el derecho de admisión, que implica la colaboración entre la policía y dirigentes del club para impedir el acceso a quienes estén vinculados con barras bravas. Ayer por la tarde se reunió la comisión directiva del club con el Secretario de Seguridad, Carlos Iparraguirre y el jefe de la policía provincial, Juan Luis Heck. Mientras tanto, la policía seguía buscando a los hermanos Caminos (además de Pimpi, buscan a Juan Ramón y Alberto Cristóbal), y si bien tenían "algunos lugares en observación", al cierre de esta edición no habían logrado dar con ninguno de los tres.

Según lo conversado ayer entre la dirigencia y las funcionarias judiciales, Argüelles ordenará la permanencia en sede policial desde dos horas antes del partido del 7 de febrero hasta dos horas después de su finalización a todos los implicados que hayan recuperado la libertad.

Durante la reunión entre las autoridades provinciales y los dirigentes del club, se avanzó en el operativo de seguridad. "Estuvimos analizando el encuentro ante Gimnasia y Esgrima de la Plata, diagramando la seguridad en el antes, durante y después del partido", dijo el jefe policial. Por su parte, el secretario de Ñuls, Pablo Morosano, afirmó que trabajaron en el operativo de seguridad y avanzaron sobre la implementación de las restricciones previstas.

Las autoridades del club se reunieron también con la jueza Alejandra Rodenas y la fiscal Argüelles. "Nos interesaba puntualmente que se tome como medida cautelar algún tipo de restricción preventiva de acceso a las instalaciones del club, tanto el día del partido como durante la semana, eso es lo que se estuvo conversando", explicó Morosano. Y aclaró que el derecho de admisión no se aplicará sólo a la barrabrava durante la presidencia de Eduardo López, sino a "cualquier socio que cometa hechos delictivos o de violencia". De hecho, durante la reunión de ayer analizaron las posibles rivalidades que surjan entre los grupos interesados en controlar la tribuna. "Si otras personas distintas de las hoy imputadas cometieran hechos delictivos también les aplicarán una medida de restricción. No vamos a negociar con ningún hecho violento y no vamos a pedir beneficio para ningún asociado", indicó el dirigente.

Así las cosas, la comisión directiva tenía estas garantías. "Va a haber derecho de admisión y desde la propia Fiscalía saldrá un pedido de restricción de concurrencia de las personas que estuvieron involucradas en el incidente del lunes", confirmó Heck. Está claro que los que incumplan la orden judicial no podrán ingresar a la cancha.

Además, durante la reunión, Iparraguirre informó que "la cartera de Seguridad está realizando un amplio trabajo para evitar que se produzcan nuevos hechos de violencia en el club" y recordó que "seis efectivos policiales se encuentran afectados en forma permanente a la custodia de la sede de la institución, mientras que cuatro móviles policiales patrullan las inmediaciones".

La policía realizó ayer a la mañana nuevos allanamientos, tras el procedimiento de anteayer en el FONAVI de Alice y Lamadrid, que involucró a 50 efectivos. Según Heck, el operativo de ayer no estuvo vinculado con los Caminos, pero sí afirmó que estaban "siguiendo algunas pistas, con tareas de inteligencia para tener el dato certero que permita detener a los hermanos Caminos".