Al entender que su desempeño profesional relacionado en causas contra la anterior conducción de Ñuls tienen "apariencia de parcialidad", la Cámara de Apelación en lo Penal resolvió separar a la jueza Alejandra Rodenas de la denuncia contra la dirigencia que lideró Eduardo López por "administración fraudulenta" elevada por el actual gobierno de la entidad del parque Independencia. Las pesquisas que deberán dilucidar lo sucedido en la entidad leprosa durante los 14 años de gobierno de López quedaron en manos del juzgado Penal Nº 3 a cargo de Luis María Caterina. En los primeros días de mayo la directiva que preside Guillermo Lorente presentó una denuncia penal contra la Comisión Directiva que lideró Eduardo López, que consta de 124 carillas, está respalda por la auditoría realizada en la entidad y cuenta con diversas pruebas de las graves malversaciones administrativas y financieras incurridas por la conducción que cayó en desgracia en las elecciones del 14 de diciembre.

El estudio jurídico Vico Gimena patrocina la denuncia con López y confeccionó la recusación ante Rodenas, que en los meses que tuvo la denuncia en su despacho negó que Ñuls sea querellante en la demanda. Para argumentar el desplazamiento de Rodenas los abogados leprosos elevaron ante la Cámara un riguroso detalle del accionar de la magistrada en el expediente abierto tras los hechos de violencia registrados el 26 de enero en la sede del parque Independencia, cuando los ex barras coparon a los tiros las instalaciones del club.

Para esclarecer lo sucedido aquella tarde se tomaron declaraciones a testigos, algunos de los cuales eran policías, como Rocío Bentos, quien no dudó en identificar a los hermanos Camino, a pesar del ofrecimiento de la propia Rodenas a "rectificar su declaración", propuesta que incluso le reiteró en privado. El expediente pasaría a manos de Raquel Cosgaya, quien finalmente resolvió la detención de los Camino.

El relato de Vigo Gimena sobre lo actuado por la magistrada convenció a los camaristas de la Sala IV, quienes en la resolución resaltaron que "las sucesivas desprolijidades (...) originan cierta suspicacia que torna procedente disponer la separación de la jueza de acuerdo a la doctrina de la apariencia de parcialidad".

El expediente pasó a manos de Caterina, quien actuó con celeridad al dispararse la crisis institucional de Central en 2007, disponiendo el procesamiento de ex dirigentes "canayas". El magistrado aún debe avanzar en las investigaciones para dar con los responsables del descalabro en la entidad de Arroyito, experiencia que aplicará para desentrañar lo sucedido en Ñuls.

En el fuero Civil, por su parte, el juez Pedro Boasso, que entiende en el Fideicomiso de Ñuls, postergó para el viernes 25 la confección por sorteo del órgano fiduciario debido a que el Colegio de Abogados y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas no entregaron la terna de profesionales.