Los acreedores de Ñuls que dejó la gestión de Eduardo López deberán explicar y probar la composición de su deuda ante la Justicia, al quedar ayer firme la resolución del juez Alejandro Martín por la cual envolvió el presente financiero y económico de la entidad bajo Ley 25.284 de Fideicomiso para Entidades Deportivas. Los camaristas de la Sala III rechazaron por unanimidad los pedidos de revocatoria interpuesto por algunos acreedores que se oponían al "salvataje judicial", peticionando la quiebra de Ñuls e incluso el desplazamiento de la Comisión Directiva. En los próximos días el juez del expediente, Pedro Boasso, deberá fijar fecha para el llamado a la verificación de créditos, para así finalmente determinar el pasivo de los rojinegros.

El 22 de mayo pasado Martín, actuando en suplencia del juzgado Civil y Comercial Nº 12, concedió lo requerido por los abogados de Ñuls, que ante el desborde contable, y por la agresividad judicial de quienes ingresaron al club de la mano de Eduardo López, reclamaron el acogimiento a la Ley 25.284 para la institución del parque Independencia, herramienta que buscaba poner coto a la avalancha de embargos y cautelares que ataban de mano a los dirigentes en su afán por administrar la entidad.

Como respuesta, algunos acreedores que ya le habían pedido la quiebra a Ñuls, como el caso del abogado Guillermo Pérez Lamolla, acudieron a la Cámara de Apelación para intentar revertir lo dispuesto por Martín, luego refrendado por Pedro Boasso, juez que por sorteo finalmente se quedó con el expediente Nº 214/09, y días atrás puso en funcionamiento el órgano fiduciario.

"La resolución cuestionada resulta inapelable, nos encontramos ante una sentencia que dispuso la apertura de un proceso concursal y universal", recalcaron los abogados de Ñuls en defensa de la institución. Ante ello, los camaristas de preguntaron: "¿Están legitimados los acreedores para interponer un recurso de apelación contra la decisión judicial que dispuso la aplicación de la Ley 25.284?"

Y en la resolución de ayer, los vocales subrayaron: "La actual Ley de Concursos y Quiebras dispone que las resoluciones son inapelables (art. 273 inc. 3), con lo cual se persigue evitar la dilación del trámite concursal".

Ante lo fallado ayer por la Sala III, el club se dirige ahora a la apertura de la verificación de deuda, que deberá convocar Boasso próximamente, siendo el órgano fiduciario el que entonces deba determinar a quién le debe Ñuls. Aunque se prevé que los acreedores sospechados de presentar documentación ficticia no se presenten, con lo cual se aguarda una sensible reducción del pasivo rojinegro.

La dirigencia que preside Guillermo Lorente ya acordó la deuda con la AFIP, que se cerró tras acuerdo de moratoria en 17 millones de pesos, se arregló el pago de 14 millones a Futbolistas Argentinos Agremiados, en determinación compulsiva impuesta por la AFA a todos los clubes con los fondos de la televisión. Queda por discutir, en cambio, más de siete millones de pesos que pide el presidente de Tiro Federal, Carlos Dávola, por triangulaciones de valores con la S.R.L de López, aunque de ello ahora sólo se podrá hablar en la Justicia, tras lo firmado ayer por los camaristas Mario Chaumet, María del Carmen Alvarez y Oscar Puccinelli, logrando la mayoría que permitió abstenerse a Ricardo Silvestri y Ariel Ariza.